Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

viernes, 8 de abril de 2011

RETIRO VOLUNTARIO

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Trabajo amplía a los autónomos la jubilación anticipada a los 63 años

EL ECONOMISTA

El texto final de la reforma de las pensiones admite el retiro voluntario en los regímenes especiales.

Esta vez, sí. El Gobierno, que en tantas ocasiones ha obviado y olvidado las reivindicaciones de los trabajadores autónomos, se ha anticipado, ahora, a la jugada y ha modificado el texto del Proyecto de Ley de reforma de las pensiones para ampliar la posibilidad de jubilación anticipada a los 63 años al colectivo de los autoempleados y en las mismas condiciones que para los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social.

El texto anterior del Anteproyecto de Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, en su artículo 5 no negaba expresamente la jubilación anticipada voluntaria para los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, en su disposición adicional quinta no consideraba esta posibilidad como de aplicación general a todos los regímenes de la Seguridad Social.

Una redacción que parecía excluir de este derecho a los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) y que había causado cierta inquietud entre las asociaciones representativas del trabajo autónomo, hasta el punto de que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) había negociado con todos los grupos parlamentarios la presentación de enmiendas encaminadas a subsanar esta aparente discriminación.

Excepcional a los 61

Algo que, como reconoce el secretario general de Upta, Sebastián Reyna, "ya no será necesario", porque los responsables del Ministerio que dirige Valeriano Gómez han estado ágiles en esta ocasión, cumpliendo con los compromisos asumidos por el director general de la Economía Social y del Trabajo Autónomo, Juan José Barrera, con el propio Sebastián Reyna y con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

De esta forma el texto definitivo del proyecto de ley, remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, incluye ya en su redacción que la posibilidad de jubilación anticipada voluntaria a los 63 años "será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social".

A pesar de que las asociaciones de autónomos han recibido "con satisfacción" la modificación introducida en el Proyecto de Ley, Sebastián Reyna apunta que desde Upta van a trabajar también para conseguir la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada de carácter excepcional a los 61 años para los trabajadores autónomos que hayan sido beneficiarios de la prestación por cese de actividad involuntaria y, por lo tanto, que hayan entrado en una situación de "crisis definitiva".

Una condición que, en palabras de Sebastián Reyna "ya se establece para el resto de los trabajadores con referencia a su empresa y que nosotros hemos hecho llegar a los grupos parlamentarios mediante una propuesta de enmienda".

Sistema de módulos

Por otra parte, desde ATA se ha pedido al Gobierno una rebaja en el sistema de módulos por los que tributa el comercio, ya que las ventas en la actividad han descendido un 25%, por lo que ven conveniente adaptar la fiscalidad a la nueva realidad que vive el sector.

Los datos cifran en más de 3.000 negocios los que han tenido que echar el cierre por la crisis y la caída en el consumo de los ciudadanos y más de 65.000 personas han perdido su empleo como consecuencia de esta situación.