Asociación Internacional de Abogados Laboralistas

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

"La reforma laboral debe empezar por la fiscalidad"

ECOLEY

Uno de los grandes problemas que se plantean en el ámbito laboral en España, pero también en la Unión Europea (UE), es el desincentivo sobre el trabajo que supone la fiscalidad, que además penaliza a los autónomos. "Al hablar de reforma laboral hay que pensar en reforma fiscal", afirma José Luis Roales, presidente de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas en una entrevista publicada enIuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista.

Consulte aquí el nuevo número de Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista

Sin embargo -matiza el letrado-, que aunque en Francia la fiscalidad de las rentas del trabajo es muy elevada, el sistema favorece el fichaje del talento a través de exonerar fiscalmente durante determinado tiempo a los directivos residentes en otros países -incluidos los de empresas americanas-, que se instalan en Francia. "Y hay pensar que el trabajador puede elegir en qué país se sitúa y, por tanto, dónde paga parte de su renta".

En la UE no hay armonización impositiva y en Irlanda y el Reino Unido es notablemente más baja que en España y Francia. "Esto quiere decir que nuestro sistema fiscal compite con el del resto de los países comunitarios. En Irlanda el desempleo es del 5 por ciento y las demandas de trabajo encuentran respuesta, cosa que no ocurre en España. Las cosas no suceden por casualidad", añade Roales.

Universidad y empresa

Señala Roales que España es un país muy diferente a otros de la UE, porque si bien priman la hostelería y la construcción en el empleo, "hay zonas que han logrado una gran especialización y tienen gente muy formada, como ocurre, por ejemplo, con Cataluña. Lo mismo sucede con empresas de algunos sectores, como el sanitario, en el que se exporta a todo el mundo, o el de energías renovables donde España es una potencia. Estos profesionales están muy bien formados, pero luego hay una multitud de sectores muy estacionales, que precisan poco valor formativo. A nadie se le escapa que España es una potencia de primer orden en turismo".

Esta situación hace que muchos jóvenes abandonen los estudios para trabajar en la hostelería o la construcción, lo que ha elevado las cifras del paro hasta niveles impensables con la crisis y, al mismo tiempo, la formación técnica y uni- versitaria de muchos jóvenes no encuentra salida en España. Más del 80 por ciento de los contratos corresponden a eventuales, de interinidad y a contrato por obra. No hay contratos para la formación, ni contratos de prácticas, lo que supone que las universidades no forman a quienes deben ocupar los puestos demandados por nuestro mercado laboral.

"Estamos realizando un estudio en Francia para una empresa que quiere situarse allí y la primera condición es que la localización esté cerca de centros formativos, ya que existe una intensa relación entre la empresa y la universidad, cosa que aún está muy lejos de suceder en España", lamenta Roales.

Los países con los mayores niveles de empleo de la UE, donde el paro no sobrepasa el 4 por ciento -Holanda, Luxemburgo o Irlanda- cuentan con unas cotizaciones sociales más bajas que en la mayoría de los países comunitarios y brindan mayores servicios.En Holanda y en buena parte de los países nórdicos, el Estado del Bienestar se sufraga con impuestos. En Francia, por ejemplo, las cotizaciones suponen un 45 por ciento del salario del trabajador. "Alguna lección se puede sacar de esta situación", concluye el presidente de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN - La Corte afirma que, al condenar penalmente al letrado, se vulneró su libertad de expresión

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Estrasburgo ampara a un abogado que injurió en un escrito a una juez

ECOLEY

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar a un abogado que fue condenado por injurias contra una juez, por unos comentarios realizados en un escrito presentado en el marco de un procedimiento judicial. Según la sentencia europea, el Estado vulneró el derecho a la libertad de expresión del letrado, recogido en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El abogado, en su escrito acusó a la juez de haber distorsionado deliberadamente la realidad, afirmó que había mentido sin vacilar e, incluso, aseguró que había emitido un informe falso con información falaz y maliciosa.

El letrado fue condenado por estos comentarios a una pena de multa de 30 euros al día durante nueve meses, y una pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.

La sentencia argumentó que había dañado gravemente el honor de la magistrada y que, con sus palabras, había ido mucho más allá del legítimo derecho a la defensa, cayendo en la utilización del insulto y la injuria.

Después de que las distintas instancias nacionales rechazaran los recursos presentados por el abogado, decidió elevar el asunto ante el Tribunal de Estrasburgo.

Sin equilibrio justo

La sentencia del TEDH, sin embargo, determina que la condena al letrado por parte de la Justicia española supone una injerencia en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En este sentido subraya que, a pesar de que la condena se dictó conforme a la ley nacional y persiguiendo el objetivo legítimo de proteger la reputación y los derechos de un juez -y de manera indirecta, la reputación del Poder Judicial-, la pena fue desproporcionada.

El TEDH considera que es perfectamente aceptable castigar una conducta como la descrita en los hechos. Sin embargo, a pesar de lo serio y descortés de los términos utilizados, el letrado no los utilizó en la sala, sino que fueron expresados por escrito y sólo el juez y las partes tuvieron conocimiento de ellos.

Sus expresiones, precisa el fallo, se refirieron a la manera en que la juez condujo el asunto y, aunque agresivas, se presentaron en el marco de la defensa de los intereses de su cliente.

Por todo ello, el TEDH considera que la gravedad de la pena impuesta al letrado -pudiendo, incluso, ser privado de su libertad-, puede tener un efecto negativo en situaciones en las que están llamados a defender a sus clientes.

Los tribunales españoles, concluye, no han logrado encontrar un equilibrio justo entre la necesidad de mantener la autoridad del Poder Judicial y la protección de la libertad de expresión del abogado, por lo que condena a España a indemnizar al jurista.

BARÓMETRO DE LA ABOGACÍA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La Justicia funciona 'mal', pero tiene buenos profesionales

ECOLEY

Es una opinión cada vez más extendida: la Justicia española funciona mal. Así lo cree el 53 por ciento de los españoles, un porcentaje que ha incrementado de forma leve pero constante en los últimos años -en 2011 lo pensaba el 50 por ciento; en 2005, el 44 por ciento-. Los que afirman, en cambio, que la Justicia funciona bien son el 32 por ciento.

Estos datos son algunos de los que revela el barómetro La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía, que fue presentado ayer.

"La percepción es que tenemos buenos profesionales pero que la Justicia funciona mal y que cada reforma empeora las cosas", aseveró José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.

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En este sentido, siete de cada diez encuestados opina que los jueces son "tan buenos" como los de cualquier otro país europeo, y la mitad asegura que los jueces son imparciales. Peor valoración merece, en cambio, el cumplimiento de las sentencias: el 73 por ciento afirma que "no se cumplen, o se cumplen tarde y mal".

Los abogados, por su parte, también obtienen un gran respaldo de la ciudadanía. Según el barómetro, son las institución del ámbito jurídico mejor valorada con una nota de 5,8 sobre 10. Además, los españoles puntúan con un notable su entrega y dedicación profesional. Tampoco hay tacha sobre sus honorarios, que son considerados como razonables.

Interferencias políticas

El dato "más demoledor", según Toharia, es que el 81 por ciento de españoles afirme que "todos los Gobiernos han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor".

Para mejorar su funcionamiento, nueve de cada diez encuestados pide una reforma "urgente" de la Justicia. La misma proporción cree que esta reforma debería revestir la forma de un gran pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas. Además, la gran mayoría de los ciudadanos pide más medios y una mejor organización.

El BOE publica los requisitos y condiciones del examen para que los letrados comunitarios ejerzan en España

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Justicia convoca las pruebas para los abogados de la UE

ECOLEY

El Ministerio de Justicia ha convocado las pruebas para que los abogados de otros países de la Unión Europea (UE) y de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) puedan ejercer en España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución que establece los requisitos y condiciones de la convocatoria, de acuerdo el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que regula las normas de acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros países comunitarios.

Los aspirantes deben ser nacionales de otro Estado comunitario o un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, un requisito que debe mantenerse hasta el final de la prueba, que estén en posesión de un título oficial de abogado de dicho Estado.

Plazo de solicitud

En un plazo de 20 días naturales a contar desde hoy, los candidatos deben presentar el modelo oficial de solicitud -descargable de la web del Ministerio de Justicia-, junto con una declaración responsable sobre la posesión del título de abogado y una fotocopia del documento de identidad compulsada por la autoridad española. También deberán acreditar el pago de las tasas del examen, que ascienden a 44,75 euros. La ausencia de alguno de estos documentos supondrá la exclusión del solicitante.

Tras el período de presentación, y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia aprobará la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos, que tendrán 10 días hábiles para subsanar los defectos de su solicitud. Aquellos que no lo hagan, serán definitivamente descartados.

Prueba de aptitud

En un nuevo plazo de 10 días naturales, el BOE publicará la relación definitiva de aspirantes admitidos y rechazados, junto con la fecha, hora y lugar de la prueba de aptitud. La no comparecencia conlleva la exclusión directa, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados.

El examen consistirá en el desarrollo un caso práctico de entre los propuestos por la Comisión de Evaluación. El tiempo máximo de realización será de cuatro horas. Se permite el uso exclusivamente de textos legales y manuales jurídicos aportados por el interesado; en ningún caso medios electrónicos, libros de texto, modelos de recursos ni compilaciones de sentencias.

Tras el caso práctico, los aspirantes serán convocados para su lectura ante la Comisión. Sus miembros tendrán 15 minutos para preguntar al solicitante tanto por la prueba realizada, como sobre la organización judicial y la deontología profesional.

Finalizada la prueba oral de todos los aspirantes, la Comisión notificará, en el plazo de un mes, la calificación de apto o no apto. La relación de aquellos que hayan superado la prueba será publicada en la web del Ministerio de Justicia y en su tablón de anuncios en la sede de la calle San Bernardo, número 21, de Madrid.

Finalmente, y para la obtención definitiva de la habilitación, los letrados declarados aptos deberán presentar la documentación que acredite su nacionalidad y la posesión del título de abogado de un Estado de la UE o del EEE.

Los colegios de abogados, exentos de ceder a Hacienda informes no vinculantes sobre honorarios, así lo ha determinado la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd).

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las minutas del abogado están fuera del alcance de Hacienda

EL ECONOMISTA

Hacienda no tiene potestad para solicitar a los colegios de abogados los dictámenes no vinculantes que emitan en relación con los honorarios de sus miembros, con el fin de investigar posibles sumas no declaradas, ya que se trata de información protegida por la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) que, en estos supuestos, carece de trascendencia tributaria. Sin embargo, la Inspección sí podrá requerir las minutas que efectivamente facturen a sus clientes.

Así lo ha determinado la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd), que ha dado la razón al Colegio de Abogados de Málaga frente a Hacienda, a través de un informe jurídico dad a conocer ayer.

En ella se determina que la transmisión de los datos contenidos en el requerimiento de la Agencia Tributaria (Aeat) -en concreto, "los informes o dictámenes (...) referentes a minutas de sus colegiados, sean como consecuencia de procedimientos de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales o referentes a determinación de costas procesales-, implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como "toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado".

Sin trascendencia tributaria

Así, esa cesión de datos personales sólo quedaría justificada si la información solicitada tuviera "trascendencia tributaria", lo que, según la Aepd, no se cumple en este supuesto, dado que "de los informes y dictámenes emitidos por la consultante" no puede determinarse la "cuantía real de los emolumentos percibidos por el profesional al que la información se refiere". Ello supone considerar que "tales datos carecen de trascendencia tributaria, por lo que no podrían considerarse incluidos dentro de la regla del artículo 94.1 de la Ley General Tributaria, que legitimaría su comunicación a la Administración Tributaria". 

Dicho artículo determina que los colegios y asociaciones profesionales, entre otros, "estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones".

En todo caso, la conclusión a la que llega la Aepd sólo alcanza a los supuestos de "dictámenes como consecuencia de impugnación de la tasación de costas efectuada por el Secretario Judicial", sin que se entre a valorar si revisten trascendencia tributaria "cualesquiera otros informes o dictámenes sobre retribuciones de un profesional concreto que en otro ámbito hubieran sido elaborados por el Colegio si de los mismos pudiera desprenderse lo efectivamente ingresado por el letrado.

Se da respuesta así a la duda planteada por el Colegio malagueño para conocer si éste tiene o no obligación legal de facilitar información respecto de las tasaciones de minutas de honorarios profesionales. El origen del conflicto se encuentra en un requerimiento de Hacienda, enviado a la institución el pasado mes de mayo de 2013, en el que se solicitó aportar "la totalidad de la información, referida a los ejercicios tributarios de 2009, 2010, 2011 y 2012, sobre los dictámenes emitidos referentes a las minutas de los colegiados" con el fin de detectar posibles irregularidades fiscales.

Ante este requerimiento, el decano de la corporación decidió formular una consulta ante la Agencia Española de Protección de Datos en la que se aclarara la legalidad de la cesión. En ella se planteó a la Agencia que el Colegio de Abogados sólo emite informes sobre tasaciones de costas y jura de cuentas, en cumplimiento con el artículo 246.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en consecuencia, "estos dictámenes sólo se realizan a requerimiento de los Tribunales, sin que de ellos pueda deducirse una consecuencia tributaria directa".

Además de esta consulta, el Colegio de Abogados de Málaga aseguró ayer en un comunicado que la Junta de Gobierno de la corporación ya ha presentado una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (Tear) de Andalucía, en la que se alega "precisamente, la falta de trascendencia tributaria de la información requerida, la insuficiente motivación del acto administrativo y el carácter global e indiscriminado del requerimiento".

Audiencia Nacional en una sentencia de 15 de febrero de 2013.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Pierde derecho a negociar el sindicato que es inflexible

ECOLEY

El periodo de consultas se consume cuando la empresa convoca diversas reuniones y la representación de los trabajos manifiesta a lo largo de todo el periodo su decisión de no negociar con la empresa ninguna medida de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Es la conclusión que alcanza la Audiencia Nacional en una sentencia de 15 de febrero de 2013. En ella se resuelve un caso en que los representantes sindicales reclamaban que se había infringido el contenido del convenio colectivo.

Éste establecía que, en el caso de que en el periodo de consultas no se alcanzase un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de la modificación, se sometería la cuestión al procedimiento arbitral. La norma también establecía que en el caso de que la representación del personal no aceptase el arbitraje, la decisión de modificación sería ejecutiva por parte de la empresa en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores (ET).

En este supuesto, el magistrado ponente, Manuel Poves Rojas, considera que "ni remotamente" ha sido infringida tal norma del convenio, ya que fue la empresa quien comunicó al comité que se debería someter la falta de acuerdo al arbitraje, y la representación de los trabajadores fue quien manifestó su total oposición al procedimiento arbitral que quiere abrir la empresa, lo que consta documentalmente.

Así, para el magistrado, la negociación del periodo de consultas debe ajustarse a las reglas de buena fe, lo que exige acreditar la concurrencia de propuestas y contrapropuestas, tal y como mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por eso se entiende que no se negocia de buena fe cuando la empresa se limita a exponer su posición, inamovible, de proceder a tramitar el ERE fijando la indemnización mínima legal.

En este misma línea, el Tribunal considera que la representación laboral no puede aprovechar las reuniones para solicitar informaciones maximalistas, sin adelantar ningún tipo de alternativa que pueda considerarse por la empresa, obligando a suspender el periodo de negociación. Tampoco puede convocar una asamblea de trabajadores donde la disyuntiva no sea si se acepta la propuesta empresarial o se proponen alternativas a la misma, sino si se negocia o no.

En definitiva, el periodo de consultas es una manifestación de la negociación colectiva que ha de tratar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores. Por ello, es exigible que durante el periodo de consultas las partes negocien de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.

"LA IZQUIERDA CANARIA ACEPTA EL GUANTE DE LA SOCIEDAD QUE DEMANDA UNA OPCIÓN POLÍTICA ALTERNATIVA"

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Joaquín Sagaseta asegura que la unidad de la izquierda alternativa en Canarias es un hecho imparable

CANARIAS SOCIAL

Joaquín Sagaseta, miembro de Canarias por la Izquierda-SSP dijo  que el proceso de unidad y confluencia de las organizaciones del ámbito del progreso es imparable.

Joaquín Sagaseta, miembro de Canarias por la Izquierda-SSP, valoró en los micrófonos de Radio San Borondón la reunión celebrada este martes en la capital grancanaria por parte de las fuerzas de la izquierda alternativa de las islas y dijo que cada organización está en su derecho de hacer lo que crea conveniente, pero lo que está claro es que el proceso de unidad y confluencia de las organizaciones del ámbito del progreso es imparable.

Sagaseta llamó la atención en primer lugar sobre la amplísima representación de organizaciones de izquierdas que se dio cita en el local sindical de Cobas en la capital grancanaria, de modo que prácticamente estuvo representado todo el abanico político progresista y de izquierdas de las islas, lo cual es significativo del éxito de este encuentro, en pleno mes de agosto y convocado por las redes sociales y Radio San Borondón, sin contar con el apoyo de los grandes medios de comunicación.

Este martes quedó claro que hay todo un movimiento magmático en ebullición dentro del ámbito de la izquierda alternativa en las islas, cuyo pensamiento es lograr que acabe en realidad ese deseo de la unidad de la izquierda, que hace que sea imparable la consecución de ese proyecto. “Yo no pensé que la convocatoria tuviera tanto eco en estas fechas y mi sorpresa ha sido la asombrosa representación lograda”, insistió el prestigioso abogado laboralista.

“La cosa va totalmente en serio” aseguró el que fuera candidato al Congreso de los Diputados en las pasadas elecciones generales por la coalición de izquierdas surgida en Gran Canaria entre Canarias por la izquierda e IUC, quien añade que esta unidad no surge solo porque en la sociedad exista una necesidad de encontrar una verdadera representación política, sino porque de verdad hay un deseo generalizado de trabajar todos a una contra las fuerzas de este neoliberalismo corrupto que nos esta hundiendo en el peor de los abismos.

Para el portavoz de CxI, la unidad es la respuesta que las organizaciones de izquierdas tienen que dar en estos momentos tan graves. “Es de una necesidad ineludible conformar la confluencia política, sobre todo porque debió haberse producido mucho tiempo antes” señaló, para asegurar que es obligación incrementar el nivel de contestación reivindicativa de las masas elevándolo a nivel político.

Joaquín Sagaseta dijo que se trata de corporizar la gran contestación social que hay en contra de las políticas neoliberales con una opción política de poder. En este sentido, dijo que en la reunión se produjo un debate sobre qué potenciar, si la unidad de acción o la unidad política, entendiendo que la primera de las alternativas se ha hecho en varias ocasiones, por lo que es la unidad política el camino a seguir, teniendo en cuenta además que la demanda social va por ese camino.

“No estamos descubriendo nada nuevo al construir una opción política de poder de frentes amplios y de contestación al sector más reaccionario del capital que en estos momentos ostenta la hegemonía” advirtió el dirigente de izquierdas, quien añadió que para eso ya se dan condiciones. “Hay posibilidad de cumplimentar la necesidad social, pero es que además hay una obligación moral de hacerlo” dijo para asegurar que la unidad es un proceso imparable en estos momentos.

QUIEREN ACABAR CON TODO, Y ACABARAN CON TODO, SI ANTES NO ACABAMOS NOSOTROS CON ELLOS.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Joaquin Sagaseta Paradas

Parecía imposible.

La llamada “reforma laboral” salió del Parlamento, aunque pareciera imposible, peor de lo que entró.

No solo se confirmaron todas sus manifestaciones más regresivas y antisociales - abaratamiento y facilidad brutal para el despido, la nueva figura del despido por enfermedad, el contrato con despido libre y sin causa, las licencias a la patronal para modificar las condiciones de trabajo y despedazar los convenios colectivos…- Sino que reactiva dos herramientas de la vieja cámara de los tormentos del trabajo asalariado:

- ¡¡El 10%!! de la jornada anual queda a libre disposición del patrón, que podrá imponer su realización, arbitrariamente, en la fecha que guste. 

Dicho en plata. El trabajador no solo no vende ya su fuerza de trabajo por un tiempo cierto, sino que vende por un salario la plena disponibilidad de su persona. Por poner un ejemplo, el empresario cada dos semanas puede ir “ahorrando” y acumulando una jornada laboral para ser trabajada cuando a él le plazca. 

- El convenio colectivo vencido o se renueva en el plazo de un año o deja de tener aplicación. En este caso el vínculo de trabajo pasa a regularse por las normas mínimos contemplados en el Estatuto de los Trabajadores. Por ese atajo entran al descabello de una de las conquistas más señeras, de reconocimiento constitucional, de la historia del movimiento obrero. 

Esta limitación representa en la práctica una manera sencilla de liquidar la negociación colectiva -contrato colectivo de trabajo-, desvirtuar el derecho constitucional y sobre todo, despojar a los trabajadores de su principal medio para equilibrar, en parte, la desigualdad con el poder del empresario a la hora de establecer salarios y condiciones de trabajo.

Se restablece de aquella manera canallesca la primacía de un contrato individual donde el trabajador esta desposeído de cualquier fuerza negociadora y, por añadidura, se ve forzado a trabajar en las condiciones y por el salario que el patrón le imponga. Basta a la patronal con negarse o sabotear la negociación colectiva: ELLOS TIENEN EL PODER Y LOS TRABAJADORES LA NECESIDAD. 

Y todo esto ocurre pese a las amplísimas facultades que la ley ya ponía en manos de la patronal para “descolgarse” de los convenios en vigor y de sus obligaciones.

Ahora la “reforma” pasa a la consideración de sus señorías ilustrísimas del Senado, o lo que es lo mismo, DE LA SARTEN A LA CALDERA.

Con hachazos para derechos consolidados como el impuesto por la reforma, el PP se está labrando el principio de su fin, según Sagaseta.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Los ciudadanos podemos parar la reforma laboral si tomamos la calle permanentemente

Audio de las declaraciones 

SB-Noticias.- 

El abogado laboralista Joaquín Sagaseta felicitó a los sindicatos convocantes y a los ciudadanos canarios que una vez más han llenado las calles de las capitales canarias para expresar su repulsa contra la lesiva reforma laboral impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Sagaseta califica de éxito rotundo la magnífica contestación social producida en las dos capitales canarias contra la reforma del Gobierno de la derecha y destacó que la repulsa contra las medidas impuestas por el ejecutivo de Rajoy no hacen sino crecer como demuestran que en apenas unos días se han llevado a cabo multitudinarias manifestaciones en las islas, lo cual se traduce en un coste político enorme para la derecha.

El abogado laboralista en declaraciones a Radio San Borondón llama la atención sobre la necesidad de seguir llevando a cabo protestas contra las acciones del Gobierno del PP en contra de la clase obrera y, por tanto, del conjunto de la sociedad en beneficio de la patronal puesto que no cabe ninguna duda de que si el pueblo no se moviliza y toma las calles, las medidas restrictivas del gobierno no pararán.

En este sentido afirma que la CEOE está demostrando que no tiene límites y que quiere acabar con todo resquicio de derechos laborales de los trabajadores, razón por la que no para de tocar en la puerta del Gobierno de la derecha para imponer nuevas medidas como el que se elimine el derecho a huelga, el de las mutuas y una serie de cuestiones que no se pueden consentir.

Desde su punto de vista, este golpe de la derecha contra la clase trabajadora se puede parar y se puede revertir la situación, pero para ello es necesaria la unidad de acción de fuerzas sindicales, de movimientos sociales y de partidos de izquierda, y la altísima participación de pueblo para que Rajoy y su gobierno dejen de pensar que pueden hacer lo que quieran y para que comprendan de una vez que su mayoría absoluta no es un cheque en blanco para gobernar a golpe de fuerza.

Joaquín Sagaseta asegura que este golpe contra derechos de los ciudadanos pasará una factura enorme a la derecha, hasta el punto de que podemos estar asistiendo al principio del fin del Partido Popular, puesto que si una característica tienen las manifestaciones de los últimos días es que han sido apoyadas por muchos miles de ciudadanos, pero también que han contado con un amplio respaldo de diversos sectores del mundo sindical, social y político, lo cual es un hecho no sólo cuantitativo, sino cualitativo.

El dirigente de Canarias por la Izquierda-SSP opina que si bien es muy importante el que asistan a las convocatorias miles de personas, sin duda el elemento cualitativo, que hará que sigan creciendo las movilizaciones, radica en la convergencia de plataforma sindicales, sociales y organizaciones políticas, puesto que hablamos de que esa unidad de acción es lo que requiere este momento de quiebra de derechos sociales y laborales.

Asegura que habría que ser muy irresponsable para no trabajar en pro de la unidad con la que está cayendo en el país, de manera que destaca esos importantes pasos hacia la unidad sindical y política con la máxima altura de miras posible, proporcionada al drama que la sociedad española y canaria está viviendo.

La Reforma Laboral es un ataque antisocial en la más agresiva línea de desprotección del trabajo como derecho de primera necesidad...

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Artículo de Opinión del abogado Joaquín Sagaseta

Fuente: http://www.carta-obrera.com/opini%C3%B3n/joaqu%C3%ADn-sagaseta/

La “reforma” laboral promovida por el Gobierno de Rajoy, que afecta a todas las manifestaciones de la relación laboral, supera en su desprecio por los asalariados, las peores previsiones. Es un ataque antisocial en la más agresiva línea de desprotección del trabajo como derecho -de primera necesidad- proclamado por la Constitución -articulo 35-.

No creara empleo, destruirá trabajo estable, se multiplicaran los despidos a precio de calderilla, se afectara brutalmente a la baja las retribuciones salariales, se potencia en extremo las potestades patronales al tiempo que crece la dependencia y la indefensión de los trabajadores, se fomentara la temporalidad hasta niveles desconocidos y empeoraran en su conjunto las condiciones de trabajo y existencia de los asalariados.

Es de hecho el más significativo paradigma en el desmantelamiento del estado social y democrático de derecho. Es la concesión más grosera que se ha hecho a las pretensiones de los sectores más salvajes y reaccionarios de la patronal.

La portavoz del Gobierno para la “reforma laboral” presentó el “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” como contrato “estrella” del nuevo rito para la extremaunción del derecho del trabajo.

Cuestión semántica previa: No es contrato porque ello presupondría la libre voluntad de las partes para contraerlo. No concurre esa libertad si uno solo cuenta con la necesidad primaria de trabajar insatisfecha y el otro el poder de satisfacerla imponiendo las condiciones que se le antojen y enriqueciéndose con ello. No es “indefinido” como se verá. Los llamados “emprendedores” son la patronal de empresas de hasta 50 trabajadores. Ni tampoco es una “estrella” sino mas bien un meteorito fuera de órbita jurídica y social que se estrella contra la protección del derecho al trabajo y la estabilidad en el empleo.

Dice el RDL que se podrán hacer contratos indefinidos con desempleados que lleven inscritos al menos tres meses. Estos contratos comprenderán un periodo de prueba de ¡UN AÑO!

¿Donde está la trampa? La pregunta es tan boba como aquella ¿de que color es el caballo blanco de Santiago?

Respuesta acertada: En todo. No es una relación indefinida, es un nuevo contrato temporal sin causa que justifique la limitación temporal. Hasta ahora los contratos temporales requerían de causa que justificara la temporalidad, es decir, que el trabajo encomendado fuera por su carácter limitado en el tiempo. Como se sabe, el fraude ha sido generalizado, pero siempre cabía la defensa contra ese fraude y demanda para exigir la fijeza o su condición de indefinido. Ahora, en este contrato, no cabe esa línea de resistencia.

Este “contrato” se manifestará como el peor, el mas devastador de todos en lo que se refiere al principio básico del derecho laboral de de estabilidad en el empleo. Podrá extinguirse dentro del año por la sola voluntad del empleador –“no superar el periodo de prueba”–. Contra ello el trabajador arbitrariamente despedido no tiene apelación ni defensa alguna.

RESULTADO: Se reproducirán como hongos en la humedad, los contratos y el “no superó el periodo de prueba”. Entre tanto el trabajador, con su necesidad, permanecerá de rodillas, en régimen de servidumbre. Estos contratos vendrán a destruir empleo estable, ahora por el módico precio de 20 días de salario por año de trabajo -de los que ocho abonará el Fondo de Garantía Salarial- con un máximo de una anualidad.

El RDL de “reforma laboral” alcanza una de sus cumbres más altas de encanallamiento antisocial en la regulación del llamado “despido objetivo”. Hasta bien poco para despedir por “razones objetivas” -económicas- la empresa tenía que acreditar pérdidas y la proporción de la medida del despido como forma de mejorar su situación. El gobierno “socialista” abrió la temporada de caza ampliando el supuesto a perdidas presentes o “previsibles”. Ni decir tiene que la “previsibilidad” colocaba a los trabajadores en situación muy difícil para defenderse.

Y vino la derecha, y le pareció poco y ahora no es necesario ni perdidas presentes, ni pérdidas previsibles, ni perdidas de ningún tipo, ¡basta para despedir, y para despedir a destajo, la disminución de ingresos o de ventas, aunque los beneficios sigan siendo millonarios! No importa que se sigan forrando en billetes, basta que se estén forrando menos.

De suyo, que con esta medida todos los trabajadores de España en crisis están en capilla, rezando todo lo que sepan, todo lo que saben para que no llegue su hora.

Debe considerarse que este despido es indemnizado a precio de quincalla, con 20 días de salario por año trabajado -de los cuales 8 paga el FOGASA- y ¡¡con un máximo de 1 anualidad!! Que nadie se confunda, ¡¡en este despido nada cambia, ni la indemnización, ni el nivel máximo aunque el trabajador venga trabajando, dependiendo y creando riqueza más de 40 años!!

Cualquier derecho, con mayor razón si es constitucional, como es el derecho al trabajo no merece llamarse así, sino esta sostenido por normas que lo garanticen. Ya sea por la restitución del derecho cuando es lesionado, ya sea con fuertes indemnizaciones en caso de ser infringido. Sin estas normas de garantía el derecho no es real, es formal, pura retórica.

Han convertido en pura retórica un derecho de la magnitud del derecho al trabajo, un derecho de primera necesidad, un derecho consustancial a la dignidad del ser humano y con ello han convertido en pura retórica también el derecho constitucional inmanente aquel que es de la estabilidad en el empleo. El derecho al trabajo y a la estabilidad en el empleo son como dos castañas del mismo erizo. Se cargan al erizo, a las castañas y al castañero.

Ahora se trata de ensanchar la base social y política del campo de la democracia real para la defensa del estado social...

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Es lo más necesario y si tiene nombre

Joaquin Sagaseta de Ilurdoz Paradas

CANARIAS AHORA

1.- Los resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas y locales, y de las elecciones generales, han permitido a la derecha española obtener una amplísima acumulación de poder en todos los niveles de los aparatos del Estado.

Las políticas de desmantelamiento de derechos sociales y laborales y de abdicación ante los llamados “mercados”, el gran capital y los poderes financieros, seguidas por los gobiernos del PSOE, han contribuido de manera decisiva a franquearle el camino al Partido Popular.
Buena parte del pueblo identifica al conjunto de la izquierda con aquellas políticas, el resultado de esa falsa representación ha operado como una losa sobre el movimiento progresista. En ello reside, en gran medida, el secreto de los logros de la derecha.


La situación cambia radicalmente cuando el sistema entra en crisis y la crisis en metástasis extendiendo sus efectos de una capa a otra de la sociedad. Comienza el viraje, el sistema empieza a ser ampliamente cuestionado en su todo y sus valores se desvanecen en la conciencia social.


Los estrechos compromisos y las ataduras que vinculan a la socialdemocracia gobernante con poderosos sectores de la oligarquía financiera y del gran capital y que se reproducen, a diferentes escalas, a lo largo de todo el Estado, le anularon cualquier margen de reacción y le llevaron de la mano a las políticas neoliberales. Entonces todas las tormentas se acumularon sobre su cabeza y muchos sectores sociales cayeron en la cuenta de que habían confundido la libertad de actuación política del PSOE con el largo de la correa que llevaba atada al pescuezo.

2.- La derrota de la socialdemocracia ha sido expresión y consecuencia de la quiebra de los patrones de un sistema que ha asumido y con el que se han fusionado y enriquecido sus círculos mas influyentes y su alta burocracia que lo ha administrado.


La descomposición del PSOE ya olía. No había rincón del país -o serían las excepciones- donde los hilos que manejaban el partido no estuvieran en las manos de gentes integradas en la clase dominante o de una burocracia que se enriquecía en torno a ella, y le pasó lo peor, perder en la percepción popular lo que no se tenía en la objetividad: la condición de partido necesario.


La tormenta descargó, para el PSOE fueron los truenos, para la derecha la llovida. Pero buena parte de los sectores populares buscan abrigo para su existencia desplazándose decididamente a la izquierda y esto último es lo que define la tendencia que se abre camino. Lo que significa ante todo la nueva situación es la ruptura por la izquierda del bipartidismo -en Canarias del tripartito-.


Por su parte, la izquierda acertó. Aceptando sus deslindes internos, promoviendo con audacia las iniciativas de convergencia -la izquierda plural- y no equivocándose de enemigo -democracia o mercados-. Sin ese movimiento estratégico los espacios abiertos hubieran sido mucho mayores de lo que aún son, otros los hubiesen ocupado y el resultado hubiera sido diferente.


3.- La conjunción entre la grave crisis que atraviesa el sistema y el poder de una derecha que agrupa en su seno a lo más reaccionario y oscurantista de la sociedad pronostica una severa agudización de las políticas antisociales y las restricciones de la democracia en todas las esferas de la vida social.


Con todo, la aritmética electoral y el poder institucional no deciden por si solos el curso de los acontecimientos.


Los grandes movimientos de masas del 2010 y del 2011, y los propios resultados de las elecciones legislativas, han revelado que hay fuerzas para hacer frente con éxito al poder de la derecha. Ello requerirá de muchas cosas, la primera y mas necesaria es articular la unidad de acción de la izquierda y de los movimientos sociales. Ahora se trata de ensanchar la base social y política del campo de la democracia real para la defensa del estado social, por las salidas progresistas a la crisis y la resistencia frente a la reacción.

4.- CANARIAS VERDE Y ROJA ha adquirido un carácter político que trasciende a las formaciones que la componen. Se ha colocado en posiciones óptimas para contribuir con fórmulas diversas y creativas al enlace del amplio campo progresista y facilitar cauces para el tránsito a la izquierda de importantes agrupaciones y corrientes político/sociales muy propensas a ello.


No son pocas las fuerzas progresistas que se han mantenido secuestradas en marcos que ahora se han vuelto a manifestar, de forma clamorosa, no ya como inútiles, sino como contrapuestas a los imperativos que la realidad impone al campo de la democracia.


Importantes segmentos de nuestra gente progresista han permanecido enjaulados, por lealtades históricas de las que decía Freud -por la costumbre-, que no tenían la fuerza de la naturaleza sino diez veces más, por demagogias populistas y nacionalistas de pacotilla cuyos promotores utilizan para abrirse huecos en la casta dominante y ocupar sitio en esa suerte de consejo de administración de subvenciones, licencias, comisiones, contratas, puestos burocráticos bien remunerados... en que han convertido al Gobierno de Canarias.


Han gobernado para la derecha canaria y desde la derecha, con una extrema falta de principios, compartiendo sin reservas las políticas devastadoras del llamado neoliberalismo. Un tripartito de clases y castas parasitarias que tiene en su haber una inmensa responsabilidad en la extrema degradación de todas las esferas de la existencia social de nuestro pueblo y de la sociedad canaria en su conjunto.
Todo indica que aquella influencia con raíces históricas en ámbitos progresistas se ha agotado.


Más de 60.000 votos avalan el patrimonio electoral de la izquierda en Canarias. Ello que tiene de por sí la máxima significación, no es tal vez lo más relevante. Lo trascendente es la tendencia ha converger del conjunto de las corrientes progresistas y de izquierda que configuran la democracia real canaria... Lo importante es que maduran con rapidez las condiciones para fraguar un bloque histórico, de ámbito archipielágico, que dispute la hegemonía a la minoría oligárquica dominante. Eso es lo necesario y ello presupone tomar la iniciativa sin demora para establecer los puentes que lo hagan posible.

El “capitalismo es un sistema agotado que no puede convivir con el Estado social y de derecho" afirmó el candidato al Congreso.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Quino Sagaseta: “Canarias Verde y Roja no es una opción, es una necesidad”

SB-Noticias.- 

La coalición electoral Canarias Verde y Roja (Izquierda Unida Canaria, Canarias por la Izquierda, Partido por los Servicios y los Empleados Públicos) celebró en la noche del miércoles un acto en Jinámar para reivindicar la unión de la izquierda en Canarias que representa la candidatura para hacer frente a las políticas neoliberales de destrucción del Estado del Bienestar y el medio ambiente.

Joaquín Sagaseta, abogado laboralista y cabeza de lista de la coalición al Congreso de los diputados, afirmó que “si existieran otras opciones que reflejaran los intereses de las clases populares, de los trabajadores y del progreso nosotros no estaríamos aquí. Pero en este panorama Canarias Verde y Roja no es una opción, sino una necesidad para evitar caer en la catástrofe social”.

A juicio de Sagaseta en este momento existe una gran contradicción, ya que el “capitalismo es un sistema agotado que no puede convivir con el Estado social y de derecho y es el momento de apostar por el progreso, por el derecho a la educación, a la sanidad, al trabajo y a la conservación del medio ambiente entre otros”.

Germán Santana, profesor de Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y candidato al Senado, se mostró convencido de que “más de uno se va a llevar un susto el próximo domingo con Canarias Verde y Roja” porque “Canarias Verde y Roja representa una posibilidad real de organización de la izquierda y de hacer frente a las políticas neoliberales”.

Isabel Saavedra, abogada de Stop Desahucios y candidata al Senado  recordó que “en este país se desahucia todos los días a más de 187 familias, porque no hay voluntad para cambiar la ley hipotecaria” por lo que Canarias Verde y Roja aboga por la dación en pago retroactiva y otras medidas para garantizar el acceso a la vivienda.

Roberto Reyes, del Partido por los Servicios y de los Empleados Públicos, abogó por una administración transparente y eficaz, al servicio de los ciudadanos y a la que se acceda por oposición y concurso público. Elvira Suárez (Inma) recordó el esfuerzo que ha costado conseguir muchos de los derechos sociales que se tienen, y animó a la solidaridad de clase, ya que todos, trabajadores y pequeños empresarios, comparten intereses comunes.