Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

martes, 15 de septiembre de 2015

El BOE publica los requisitos y condiciones del examen para que los letrados comunitarios ejerzan en España

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Justicia convoca las pruebas para los abogados de la UE

ECOLEY

El Ministerio de Justicia ha convocado las pruebas para que los abogados de otros países de la Unión Europea (UE) y de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) puedan ejercer en España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la resolución que establece los requisitos y condiciones de la convocatoria, de acuerdo el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que regula las normas de acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros países comunitarios.

Los aspirantes deben ser nacionales de otro Estado comunitario o un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, un requisito que debe mantenerse hasta el final de la prueba, que estén en posesión de un título oficial de abogado de dicho Estado.

Plazo de solicitud

En un plazo de 20 días naturales a contar desde hoy, los candidatos deben presentar el modelo oficial de solicitud -descargable de la web del Ministerio de Justicia-, junto con una declaración responsable sobre la posesión del título de abogado y una fotocopia del documento de identidad compulsada por la autoridad española. También deberán acreditar el pago de las tasas del examen, que ascienden a 44,75 euros. La ausencia de alguno de estos documentos supondrá la exclusión del solicitante.

Tras el período de presentación, y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia aprobará la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos, que tendrán 10 días hábiles para subsanar los defectos de su solicitud. Aquellos que no lo hagan, serán definitivamente descartados.

Prueba de aptitud

En un nuevo plazo de 10 días naturales, el BOE publicará la relación definitiva de aspirantes admitidos y rechazados, junto con la fecha, hora y lugar de la prueba de aptitud. La no comparecencia conlleva la exclusión directa, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados.

El examen consistirá en el desarrollo un caso práctico de entre los propuestos por la Comisión de Evaluación. El tiempo máximo de realización será de cuatro horas. Se permite el uso exclusivamente de textos legales y manuales jurídicos aportados por el interesado; en ningún caso medios electrónicos, libros de texto, modelos de recursos ni compilaciones de sentencias.

Tras el caso práctico, los aspirantes serán convocados para su lectura ante la Comisión. Sus miembros tendrán 15 minutos para preguntar al solicitante tanto por la prueba realizada, como sobre la organización judicial y la deontología profesional.

Finalizada la prueba oral de todos los aspirantes, la Comisión notificará, en el plazo de un mes, la calificación de apto o no apto. La relación de aquellos que hayan superado la prueba será publicada en la web del Ministerio de Justicia y en su tablón de anuncios en la sede de la calle San Bernardo, número 21, de Madrid.

Finalmente, y para la obtención definitiva de la habilitación, los letrados declarados aptos deberán presentar la documentación que acredite su nacionalidad y la posesión del título de abogado de un Estado de la UE o del EEE.