CATT-GLOBAL Salcai-Utinsa S.A.: Una perito ratifica un informe que las defensas consideran clave para demostrar que no existió malversación en las subvenciones al empleo.

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

miércoles, 6 de abril de 2011

Una perito ratifica un informe que las defensas consideran clave para demostrar que no existió malversación en las subvenciones al empleo.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El juez retoma la instrucción del ´caso Icfem´

laprovincia.es » Canarias

El juez Luis Galván retomó ayer la instrucción del caso Icfem con la práctica de una prueba pericial que las defensas consideran clave para exculpar a seis ex altos cargos del Gobierno de Canarias de una supuesta malversación de diez millones y medio de euros en subvenciones a la formación del empleo. La Audiencia de Las Palmas tardó casi tres años en pronunciarse sobre la pertinencia de esa prueba y la perito designada ha tardado otros dos en elaborarla.

"Estoy convencido de que no hay fundamento para mantener una acusación tras la ratificación de este informe", aseguró ayer José María Palomino. El letrado, que defiende a Francisco Zumaquero, uno de los exdirectores del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) imputados, se refiere al informe contable de la perito María del Pino Martínez para tratar de verificar si se malversaron ayudas concedidas entre 1993 y 1998.

La experta ratificó ayer el contenido de su pericia en el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, y concluye que "el otorgamiento, destino y justificación de las subvenciones" se "ha ajustado a la normativa vigente".

También añade que la "liquidación final ha sido aceptada por la Comisión Europea" y tampoco se han detectado "incidencias financieras adicionales". Por eso las defensas consideren que les beneficia de cara a una posible absolución o archivo de la causa.

La ratificación del dictamen, que se extendió por espacio de seis horas, sirvió para que las partes sometieran a contradicción el resultado de la pericia. El primero en preguntar fue el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, y después le siguió el abogado de la acusación popular, José Manuel Rivero, quien, en nombre del colectivo Justicia y Sociedad, logró en 2008 que la Audiencia de Las Palmas ordenara la práctica de dicha prueba.

Sin embargo, Rivero sostiene que el informe tiene "insuficiencias y limitaciones importantes", principalmente porque "existen cantidades astronómicas que siguen sin justificarse". La cifra de la discordia asciende a 10.512.886 euros, de los que 9.143.443 euros se corresponde con expedientes resueltos que exigen el "reintegro" de los importes cobrados (87 %), mientras que el 13 % de las subvenciones restantes, que ascienden a 1.369.442 euros, ni siquiera cuenta con un procedimiento abierto o éste aún no ha finalizado. De ahí la pregunta que el letrado lanzó ayer a la perito: "¿Qué ha pasado con esas cantidades"?

Rivero considera necesario que la sociedad "sepa" lo que ha ocurrido con esas subvenciones. Por eso baraja solicitar al juez que la misma perito "determine el dinero" que ha sido efectivamente "recuperado", siempre utilizando los medios de la Administración Pública para averiguar dónde están esos fondos. El letrado entiende que ahí reside la clave de la posible malversación y que ese extremo no ha sido aclarado.

Las defensas, en cambio, mantienen que no existe responsabilidad de los gestores de la subvenciones, sino, en todo caso, de los perceptores, pues se han iniciado expedientes de reclamación e interpuesto denuncias que han acabado en condena.