"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"CANARIAS AHORA
Los abogados denunciantes piden que se ataje el problema “creado con la actitud insensata e inconsciente de la señora juez” .
Nadie sabe dónde está, y lo que es peor, se desconocen su domicilio y datos de contacto. El caso es que la juez sustituta Pilar Huerta Sánchez, que entre 2009 y 2010 estuvo al frente del juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife, cesó en su cargo hace más de un año dejando sin dictar decenas de sentencias, y lo más grave, se llevó consigo los autos.
El pasado 20 de enero, los abogados Ignacio Cestau, Carlos Berastegui, Juan Eusebio Rodríguez Delgado, Cristina Edodey Coleto y Olivia Concepción Hernández remitieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una queja contra la juez porque había transcurrido más de un año desde la celebración de varios juicios sin que sus clientes sepan aún el resultado de los mismos, y sin poder hacer valer sus derechos.
En la misma suplicaban al Tribunal que se averiguase el paradero de Huerta Sánchez y que se tomaran medidas para “atajar cuanto antes este gravísimo problema, que se ha creado con la actitud insensata e inconsciente de la señora juez”.
Los cinco abogados expusieron al CGPJ y al TSJC hasta 32 demandas que llegaron a ser enjuiciadas por Pilar Huerta Sánchez, la mayoría entre septiembre de 2009 y marzo de 2010. “Hoy por hoy, habiendo transcurrido más de un año desde la celebración de los juicios, no han sido dictadas las sentencias en dichos autos”, señalan los abogados en sus tres escritos al alto tribunal y al Poder Judicial, remitidos entre enero y marzo últimos, y a los que ha tenido acceso en exclusiva CANARIAS AHORA.
El plazo fijado para dictar sentencias en la jurisdicción Social es, en teoría, de cinco días.
El CGPJ comunicó el 2 de marzo al Fiscal General del Estado, al fiscal-jefe del Tribunal Superior en Canarias, Vicente Guerra, al TSJC y a los denunciantes la apertura de expediente disciplinario a la juez desaparecida. El instructor del expediente es el magistrado Jaime Borrás, y su secretario es Francisco José Rodríguez Morilla, que a su vez es secretario de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en Las Palmas de Gran Canaria.
El magistrado instructor también corrobora en el acuerdo por el que nombra a su secretario que la jueza está ilocalizable: “Desconociéndose el domicilio y datos de contacto de Doña Pilar Huerta Sánchez, se acuerda la investigación de domicilio a través de los soportes informáticos del Tribunal para lo que se solicita al Consejo General del Poder Judicial que aporte su DNI”, indicó el pasado 1 de abril.
Desde hace un año, la magistrada Victoria Rubio vuelve a ser la titular del juzgado de lo Social 1, que según relatan los denunciantes en su escrito de queja, también anda detrás de ella y de los expedientes.
“A mayor abundamiento”, dicen los abogados, “y solicitando explicaciones al juzgado de lo Social número 1, éste nos informa que la señora juez sustituta, en el momento en que cesó en su cargo, se llevo consigo los autos cuya resolución judicial se hallaba pendiente de dictarse, y por si fuera poco, se le ha intentado localizar por todos los medios al alcance del propio juzgado y han resultado infructuosos”.
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