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Los Juzgados de lo Social se ven desbordados por los expedientes de despido de empresas en crisis.
Los asuntos tramitados por las Salas superan los 1.300 en lo que va de año.
19-11-2008
Trabajadoras despedidas de la Fecam ante el Juzgado de lo Social. JUAN SANTANA.
M. REYES - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La crisis económica ha provocado en Gran Canaria una avalancha de despidos que ha colmado hasta el atasco los nueve juzgados de lo Social capitalinos. Los asuntos tramitados por los jueces ya superan los 1.300 en lo que va de año, cuando los módulos de trabajo asignados a cada órgano judicial establecen porcentajes de 850 casos anuales como cifra razonable. De ahí que los jueces de esta jurisdicción, una de las más castigadas por la carga excesiva de trabajo, reclamen otros cuatro juzgados más para normalizar la situación y cumplir con los objetivos fijados en los módulos por el Consejo General del Poder Judicial. "Sufrimos un problema estructural que va más allá de la crisis", asegura el titular del Juzgado de lo Social número 9, Óscar González Prieto.
PUNTILLA. Sin embargo, el magistrado reconoce que la puntilla a esta situación la está poniendo la crisis de las empresas, pues cierran o despiden a sus empleados al no poder afrontar las nóminas. De hecho, el Juzgado de González Prieto ha llegado a celebrar hasta 61 juicios al mes por despidos improcedentes. Ocurrió el pasado septiembre, doblando así la media de enjuiciamientos que se venía registrando por esta materia.
Además, cada uno de los órganos ha juzgado hasta septiembre una media de 350 expedientes de despidos. El magistrado explica que se ha producido un efecto en cadena que ya afecta a las subcontratas empresariales, sobre todo las que están relacionadas con el sector de la construcción, la metalurgia y la instalación de sistemas informáticos, con la particularidad de que esta ola de destrucción de empleo todavía no ha llegado a la hostelería, pues apenas hay unos pocos señalamientos mensuales por despidos en esta industria.
Los jueces también se encuentran con dificultades a la hora de ejecutar las sentencias, debido a la desaparición de las empresas o por encontrarse inmersas en un concurso de acreedores.
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