LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

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CANDIDATURA CATT ELECCIONES

CANDIDATURA CATT ELECCIONES

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

CALENDARIO LABORAL 2017

CALENDARIO LABORAL 2017

JUBILACIÓN PARCIAL

JUBILACIÓN PARCIAL

miércoles, 20 de septiembre de 2017

El empresario tiene la obligación de no obstaculizar injustificada o arbitrariamente el ejercicio de la libertad sindical.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El Supremo anula el control de la empresa de los correos sindicales

 
ECOLEY

 El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nula la cláusula de un convenio colectivo que establece que la empresa debe conocer el contenido de los correos que remite el sindicato antes de autorizar que sean enviados a través de las listas de distribución. La sentencia, de 24 de julio, determina que dicha circunstancia vulnera los derechos fundamentales a la libertad sindical y al secreto de las comunicaciones, y, además, declara que resulta arbitraria y está falta de justificación.

La ponente, la magistrada Virolés Piñol, explica que, de acuerdo con la doctrina constitucional, el empresario tiene la obligación de no obstaculizar injustificada o arbitrariamente el ejercicio de la libertad sindical. La negativa a facilitar los instrumentos de información existentes en la empresa -continúa- constituye una resistencia pasiva que, al no estar justificada por razones productivas o financieras, vulnera dicho derecho.

La resolución recuerda que el empresario tiene la obligación de mantener al sindicato el "goce pacífico" de los instrumentos aptos para su acción sindical siempre que éstos existan, su utilización no perjudique a la finalidad para la que fueron creados y se respete la proporcionalidad de sacrificios.

Por último, el fallo, para comprobar si se sobrepasaron los límites del ejercicio del derecho, debe comprobarse si las comunicaciones sindicales perjudicaron el funcionamiento de la empresa o si le generaron gravámenes adicionales.

 

viernes, 15 de septiembre de 2017

El Régimen monárquico nacido con la Constitución del 78 se está dejando sentir con vigor en todo el Estado. Su agresividad no es, ciertamente, una expresión de fortaleza, sino una manifestacion de la extrema debilidad con la que la estructura del Estado ha salido de una etapa de crisis y descomposición...

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

CATALUÑA: EL "ESTADO DE DERECHO" EN ACCIÓN

 
POR MÁXIMO RELTI / CANARIAS SEMANAL


      La Fiscalía General del Estado ha exigido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que procedan a abrir las diligencias de investigación preprocesales correspondientes, contra los alcaldes catalanes de los que la citada Fiscalía General dice tener conocimiento de que están colaborando en la preparación del próximo Referéndum del 1 de octubre.

       No obstante, lo más llamativo de esta disposición de la Fiscalía estriba en el hecho de que ordena, de igual forma, que en el caso de que los munícipes no comparezcan a la citación realizada por el juez se proceda a su inmediata detención por parte de los Mossos.    El oficio judicial en el que se insta a la aludida detención se refiere a los municipios en los que sus ayuntamientos  - que son la inmensa mayoría -   se han manifestado por la participación activa en la preparación del Referéndum de consulta.

      Por su parte, los representantes municipales  pertenecientes a la organización política independentista CUP  ya han manifestado que:

     "no compareceremos ante las citaciones del fiscal general del Estado y que emplazamos al resto de fuerzas políticas a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación y de legitimidad democrática mayoritaria de las catalanas y catalanes que quieren ejercer su derecho a voto el día 1 de Octubre". 

      El comunicado  de la CUP niega, a su vez, legitimidad a la Fiscalía General del Estado  para proceder  a  las  detenciones anunciadas. 

       Simultáneamente, a diestro y siniestro se prohiben actos relacionados con el evento plebiscitario, se amenaza a los funcionarios, se secuestra a la policia autónomica, se esgrime la espada flamígera de la posible suspensión de la Autonomía  y se auguran catastróficas plagas bíblicas para los catalanes si osaran ejecutar su reivindicacion histórica como pueblo: decidir su propio destino.

 EL GOBIERNO Y TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS AFINES AL SISTEMA SE MOVILIZAN

        El peso del  Régimen monárquico nacido con la Constitución del 78 se está dejando sentir con vigor en todo el Estado. Por tierra, mar y aire. Su agresividad no es, ciertamente, una expresión de fortaleza, sino una manifestacion de la extrema debilidad con la que la estructura del Estado ha salido de una etapa de crisis y descomposición, en la que su institucionalidad  ha resultado notoria y profundamente dañada. Aunque es este un hecho constatable,  no significa que el resultado automático  de esta última batalla que libra vaya a debilitarlo aún más. Cabe la posibilidad, incluso, de que llegue a fortalecerlo. Todo dependerá del talento, la torpeza o las posibilidades de aquellos que tiene enfrente. Y, también, de los  conciertos que logre establecer con las fuerzas políticas que lograron  presentarse  ante la sociedad como "rupturistas" y han terminado convirtiéndose en  parihuelas del sistema.

        En cualquier caso, la campaña mediática emprendida por la práctica totalidad de los medios de comunicación públicos y privados - radio prensa y televisión -  en favor del proyecto unitario del Régimen del 78 se está produciendo de manera concertada y abrumadoramente aplastante. El aparato judicial del sistema se ha puesto  también en funcionamiento tratando de acabar con cualquier   gesto que contradiga su interpretación sobre lo que sucede en Catalunya. Son conscientes de lo que entra en juego, y sabedores de que solo un flanco del territorio está en pie de guerra, mientras  el resto se limita a contemplar neutro y expectante el resultado del espectáculo. 

        A la hora de la verdad los  partidos políticos de la  autodenominada “oposición” han dejado a un lado las zarandajas demagógicas con las que en tiempos de crisis pretendieron aparecer distantes del sistema, y  han manifestado  su lealtad a la unidad de destino en lo universal . Incluso el  propio PCE, por boca de Alberto Garzón, no ha tenido escrúpulos a la hora de  abandonar en la cuneta  una  reivindicación  histórica de su organizacion por la que se reconocia el derechos de las nacionalidades  vasca, catalana y gallega  a decidir  el tipo de relación que deseaban tener con el Estado español.  

      No deja de resultar significativo que la furibunda reacción del  Ejecutivo se produzca contra un conjunto de reivindicaciones estrictamente nacionalistas que, aunque sean  promovidas  por fuerzas de variado  signo político-ideológico, en ningún momento han dejado de  estar encabezadas  - y hasta ahora también controladas -  por la burguesía catalana.

El seguimiento de los acontecimientos que se están sucediendo en Cataluña tiene una gran importancia didáctica para todos. Prestarle atención a  los avatares de las próximas semanas puede proporcionarnos elocuentes lecciones acerca  de cómo proceden y reaccionan   las clases sociales hegemónicas cuando la sociedad, o una parte de ella, cuestiona su dominio. ¿Qué no estaría sucediendo hoy en Cataluña, o en otra parte del Estado, si lo que se pusiera en tela de juicio fuera el orden social y económico imperante? No hace falta intuirlo. Para conocerlo  nos bastaría con repasar las páginas de  la historia reciente de España.

sábado, 26 de agosto de 2017

CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Europa quiere proteger más a quien denuncie corrupción en su empresa

Ecoley

  El Parlamento europeo pedirá a los Estados miembros que creen un organismo independiente encargado de recoger las denuncias de corrupción en las empresas por parte de sus empleados, verificar su credibilidad y orientar a los denunciantes en sus diligencias, en particular ante la falta de respuesta favorable dentro de su organización. Además, quiere implantar un órgano similar a nivel europeo que coordine las acciones de los Estados miembros en casos transfronterizos.


Así lo refleja el Proyecto de informe sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos que ha elaborado la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y que se votará el 30 de agosto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. La eurodiputada Virginie Rozière, ponente del documento, subraya que la creación de este organismo europeo debería generar "un sistema por niveles que permita que las denuncias de irregularidades se lleven a cabo tanto dentro como fuera de la organización". Destaca que, para ello, deberían establecerse procedimientos claros. En este sentido, apunta que el mandato del Defensor del Pueblo Europeo podría ampliarse para desempeñar esta función.

Ayuda psicológica


"Con el fin de proteger mejor a las personas que decidan efectuar una denuncia, debería estar garantizada la protección de la confidencialidad e introducirse la inversión de la carga de la prueba", señala Rozière. "Un apoyo económico y psicológico, así como una indemnización por daños, permitirían completar el dispositivo, al mismo tiempo que deberían estar previstas sanciones eficaces contra las personas que pretendan impedir que el denunciante hable", añade.


Por su parte, la eurodiputada española Maite Pagazaurtundúa solicita, en este ámbito, el establecimiento en los países de canales "seguros y legales" que faciliten la revelación de información sobre amenazas para el interés público a las autoridades competentes. Además, pide que se armonice a nivel europeo la protección de estos denunciantes.


"El planeamiento más eficaz a la hora de garantizar a los denunciantes de irregularidades una verdadera protección integral sería el de un instrumento legislativo transversal de la Unión que les brindara protección en los sectores público y privado y fuese complementado con normas sectoriales", explica. De este modo, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa exige que se presente antes de finales de 2017 una propuesta legislativa por la que se defina la denuncia de irregularidades y se establezcan normas comunes para la protección de estos denunciantes.


En todo caso, Virginie Rozière manifiesta en el informe su preocupación por los riesgos a los que se exponen los denunciantes de irregularidades en su lugar de trabajo y, en particular, por los riesgos de represalias, directas o indirectas, por parte del empresario y de las personas que trabajen por cuenta o en nombre de este último. "Estas represalias se traducen, a menudo, en una exclusión, una ralentización o una suspensión en la progresión en la carrera, incluso un despido, así como en situaciones de acoso psicológico; destaca que estas represalias obstaculizan la actuación de los denunciantes de irregularidades", concluye la eurodiputada.

miércoles, 16 de agosto de 2017

Una sentencia, de 19 de julio de 2017, anula de este modo la aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -nombre real del conocido como Impuesto de Plusvalía Municipal

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La Justicia de Madrid anula la Plusvalía por "arbitraria"

 ECOLEY

"No se puede dejar al arbitrio de la Administración la aplicación del Impuesto de Plusvalía Municipal". Así de contundente se muestra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que impide a los ayuntamientos su cobro y "la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, así como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento" del valor de la propiedad afectada.

La sentencia, de 19 de julio de 2017, anula de este modo la aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -nombre real del conocido como Impuesto de Plusvalía Municipal- en una operación de compra venta de una propiedad. De este modo, los magistrados efectúan un exhaustivo ejercicio técnico de interpretación de la jurisprudencia que existe en este campo y estiman el recurso de apelación formulado por una empresa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 34 de Madrid. Esta decisión avalaba la liquidación de la Plusvalía por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Getafe.

Ahora, el magistrado Herrero Muñoz-Cobo, ponente del nuevo fallo del TSJ de Madrid, invoca las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC), de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017. "El Constitucional insiste que la determinación del incremento o decremento del valor queda reservada al legislador y no al aplicador del impuesto, en este caso, la Administración municipal", indica el ponente.

En línea con el Constitucional

La sentencia subraya que la liquidación de la Plusvalía debe ser anulada, "en cuanto ha sido girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal". Esta decisión todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, órgano que será en última instancia el que elabore el criterio jurídico a aplicar en litigios de esta naturaleza en todo el país.

El Impuesto de Plusvalía Municipal lo cobran ayuntamientos y grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. El Constitucional consideró el pasado mes de febrero que no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica. 

Aunque el fallo del TC afectaba entonces a la Hacienda Foral de Guipúzcoa, el impuesto es idéntico al de la normativa estatal en la materia, por lo que podría considerarse extensible a otras partes -como ahora ocurre con el fallo del TSJ de Madrid-, aunque directamente no señalaba a la legislación del resto de España. El TC entiende que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el artículo 31.1 de la Constitución Española. El fallo determinó que el Impuesto es nulo "en la medida en que someta a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo que los sujetos pasivos puedan acreditar esta circunstancia".

Desde 2007, los ingresos de este Impuesto para los Ayuntamientos han subido casi un 50%, hasta los 2.096 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. Desde el arranque de la serie histórica en 1995, la recaudación ha aumentado más de un 400%.

 

viernes, 4 de agosto de 2017

jurisprudencia laboral

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

 ECOLEY 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha rectificado la primera sentencia que declaraba nulo por discriminatorio el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal y, en su lugar, ha decretado la improcedencia del cese. El fallo impugnado es el dictado por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona el 23 de diciembre de 2016 que, en aplicación de la jurisprudencia europea, consideraba que una baja de duración incierta podía equipararse con una discapacidad duradera.

La resolución europea, dictada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) el 1 de diciembre de 2016 -caso M. Daouidi-, había dictaminado que el despido debía calificarse como nulo cuando resultara discriminatorio por razón de una discapacidad duradera. Para apreciar la durabilidad de la situación de baja debía valorarse que, en la fecha del hecho pesuntamente discriminatorio -el despido-, la incapacidad no presentara una perspectiva definida de finalización a corto plazo y, además, que pudiera prolongarse de forma significativa.

En conclusión, el TJUE concluyó que una situación de incapacidad temporal no excluye la opción de que se apreciara una discriminación por razón de discapacidad. Una valoración del caso concreto que, no obstante, debería hacer el órgano jurisdiccional nacional.
En base a ello, el Juzgado declaró nulo el despido de un empleado que se encontraba de baja por un accidente laboral, en contra del criterio sostenido hasta el momento por el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) que calificaban estos supuestos como improcedentes.

Acreditar la perdurabilidad

En una sentencia del 12 de junio, el TSJ catalán rechaza que, como consideró el Juzgado, la limitación pudiera calificarse como duradera y, por el contrario, asevera que se trata de una situación de "incapacidad reversible". 

"No se pude calificar de duradera pues, entre el accidente de trabajo y el despido, apenas había pasado un mes y 23 días y, además, fue dado de alta médica sin secuelas el 20 de julio de 2015", explica el ponente del fallo, el magistrado García Ros, que aprecia que el hecho de que el empleado solicitara la incapacidad permanente "no es suficiente para considerar que las limitaciones funcionales [...] puedan calificarse de duraderas.
Por todo ello, razona el TSJ, la situación del demandante no puede calificarse de incapacidad duradera, ni puede aplicársele la tutela de la Directiva 2000/78 sobre igualdad en el empleo, ni puede dictaminarse que la empresa cometió con el despido un acto de discriminación por razón de discapacidad. 

Es decir, el Tribunal no rechaza que resulte discriminatorio el cese de un trabajador en situación de incapacidad duradera, pero sí exige que se acredite una mayor perdurabilidad de la enfermedad o la patología que origina la baja laboral. 

La sentencia, asimismo, tampoco considera que pueda declararse nulo el despido por atentar contar la integridad física, la saludo o la dignidad del empleado -derechos consagrados en el artículo 15 de la Constitución-. 

En estos casos, tal y como recoge la doctrina del TS, la calificación de nulidad del cese correspondería "cuando la decisión de la empresa de despedir al trabajador se fundamenta en causa que comporte un grave riesgo para la salud del trabajador". Un criterio que no puede resultar de aplicación en este caso porque no quedó acreditado que el despido se produjera por la negativa del empleado a abandonar el tratamiento médico.

Jurisprudencia

La doctrina constitucional, y así lo ha aplicado el TS, considera que será discriminatorio el despido de un empleado de baja "cuando el factor enfermedad sea tomado en consideración como un elemento de segregación basado en la mera existencia de la enfermedad". Sin embargo, no será nulo si "la empresa no ha despedido al trabajador por estar enfermo [...] sino por considerar que dicha enfermedad le incapacita para desarrollar su trabajo". En este último caso se calificará como improcedente.


jueves, 29 de junio de 2017

La caída se generó por la desactivación de un protocolo en los equipos con Windows 7 para evitar que los ordenadores pudieran resultar afectados por ciberataques como el perpetrado hace dos días por el virus Petya

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Una incidencia informática ralentiza la actividad en los juzgados canarios

 

CANARIAS AHORA

Una incidencia informática ha ralentizado este jueves la actividad en diferentes departamentos del Gobierno de Canarias. La caída ha afectado con mayor intensidad a equipos de la Administración de Justicia y ha impedido a algunos funcionarios acceder al Atlante II, el sistema de gestión procesal implantado en 2010 en la comunidad autónoma. Según ha informado el Ejecutivo regional, la incidencia en otras áreas ha sido “anecdótica”.

El fallo se ha producido como consecuencia de la desactivación de un protocolo en los ordenadores con el sistema operativo Windows 7. La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad informa que el objetivo de esta acción era protegerse ante la posibilidad de que los terminales pudieran resultar afectados por ciberataques como el perpretado hace dos días por el virus Petya, que ha afectado a bancos y empresas de todo el mundo.

Los técnicos de Ciber Centro, empresa encargada del mantenimiento del sistema Atlante II, trabajan para permitir el acceso de los funcionarios a los servicios corporativos y han establecido prioridad para los juzgados de guardia y los decanatos de las dos provincias. El Gobierno señala que los usuarios con versiones de sistemas operativos más recientes que Windows 7 trabajan con normalidad.

Las labores de reparación se realizan “terminal por terminal”, ante la imposibilidad de poder enviar una orden masiva a todos los ordenadores afectados por el cambio.

Una funcionaria de un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria ha explicado a este periódico que el sistema comenzó a fallar este miércoles por la tarde y que este jueves la mayoría de los terminales se quedó sin comunicación con la red interna que almacena los documentos de los procedimientos en tramitación por la actualización del sistema.

Esta trabajadora cuenta que la incidencia ha paralizado la actividad de su juzgado durante un periodo de cerca de tres horas, desde que establecieron la primera comunicación para informar del error, sobre las 08.40 horas, hasta que los técnicos de Cibercentro llegaron para solventarlo, pasadas las once. “Nos hemos organizado como hemos podido. Tenemos grabado procedimientos en pendrives para poder trabajarlos en Word” y después volcarlos al sistema de gestión procesal, ha precisado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) señala que no se han producido problemas relevantes en los juicios celebrados a lo largo de la mañana, aunque sí admiten que el sistema se ha ralentizado. Canarias Ahora tiene constancia del retraso de algunas vistas en juzgados de Gran Canaria.

Protocolo utilizado por malware

Según explica la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno regional, el protocolo desactivado este miércoles por la tarde de los ordenadores con Windows 7 es utilizado por el malware para propagarse por las redes informáticas. La Consejería de Justicia defiende que la medida fue adoptada con la finalidad de “atajar la amenaza” del nuevo virus tipo ramsonware.

“El Gobierno autonómico siempre se ha tomado muy en serio la seguridad de sus sistemas informáticos, por lo que esta vez volvió a actuar con diligencia para neutralizar cualquier amenaza que hubiera llegado a producirse en los ordenadores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de este nuevo ciberataque de alcance internacional”, expone en un comunicado remitido este jueves al mediodía. 

El Ejecutivo asegura que ningún equipo de la comunidad ha sido atacado por este virus.

 

 


miércoles, 31 de mayo de 2017

NUEVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO "Las empresas responden de deudas pese a estar disueltas".

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las empresas responden de deudas pese a estar disueltas


ECOLEY

El Tribunal Supremo ha reconocido la personalidad jurídica a las empresas que estén disueltas con dedudas pendientes. De este modo, las entidades liquidadas tendrán que responder, como sociedad, de estos capitales frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos.
"Aunque la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de todos los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva, en principio, la pérdida de su personalidad jurídica en cuanto que no puede operar en el mercado como tal, conserva esta personalidad respecto de las reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación", establece la sentencia. La Dirección General de los Registros y el Notariado comparte esta tesis.
El fallo, de 24 de mayo de 2017, resuelve el asunto planteado por la propietaria de un piso que, cinco años después de su compra, reclamó a la empresa que se lo vendió, cuando ya estaba disuelta, liquidada y con la escritura de extinción inscrita en el Registro, que reparase los defectos en la instalación del terrazo de la vivienda. "A los meros efectos de completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes", subraya la sentencia.
En esta misma línea, una resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado, de 14 de diciembre de 2016, apunta que "después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular".
Además, el magistrado Sancho Gargallo, ponente de la sentencia, recuerda que la Ley de Sociedades de Capital prevé la inscripción registral de la escritura de extinción, en la que se transcribirá el balance final de liquidación y se hará constar la identidad de los socios y el valor de la cuota de liquidación que hubiere correspondido a cada uno de ellos, y se expresará que quedan cancelados todos los asientos relativos a la sociedad. También apunta que esta normativa prevé la responsabilidad solidaria de los antiguos socios respecto de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de sus respectivas cuotas de liquidación, en caso de pasivos sobrevenidos. "En muchos casos, para hacer efectiva esta responsabilidad, no será necesario dirigirse contra la sociedad", destaca.
Sin embargo, la sentencia rechaza que se prive a los acreedores de la posibilidad de dirigirse directamente contra la sociedad, bajo la representación de su liquidador, para reclamar judicialmente el crédito, sobre todo cuando, en atención a la naturaleza del crédito, se precisa su previa declaración. "Dicho de otro modo, a meros efectos de completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes", concluye el fallo. "Además, la LSC atribuye esta representación a los liquidadores para la formalización de actos tras su cancelación", añade.
El fallo unifica la doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, una vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso de reclamación de deudas sobrevenidas. Hasta ahora, existían sentencias contradictorias. Por una parte, El fallo 979/2011, de 27 de diciembre, y la sentencia 220/2013, de 20 de marzo, reconocían la capacidad para ser parte por entender que pervive su personalidad jurídica. Por otro lado, la sentencia 503/2012, de 25 de julio, consideraba que la cancelación de los asientos registrales señala el momento de la extinción de la personalidad social, por lo que entendía que no cabe demandar a una sociedad que carece de personalidad jurídica sin pretender al mismo tiempo que la recobre.

martes, 9 de mayo de 2017

Es obligatorio que las empresas de más de 50 trabajadores tengan comedor, EN HORARIO DE COMIDAS INFERIOR A 2 HORAS.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Es obligatorio que las empresas de más de 50 trabajadores tengan comedor


ECOLEY

Todas las empresas con más de 50 trabajadores y horarios partidos, que asignen menos de dos horas para comer a su plantilla tienen la exigencia legal de contar con un comedor estable en el que se sirvan comidas a precio más asequible que los bares y restaurantes.
Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 7 de marzo de 2017, que recoge la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, plasmada en las sentencias de 26 de diciembre de 2011 (caso Indra) y de 19 de abril de 2012 (caso Makro).
Alfredo Aspra, socio responsable del área laboral de Andersen Tax & Legal en España, asegura que "el Tribunal Supremo considera plenamente vigente la normativa sobre comedores de empresa contenida en el Decreto de 8 de junio de 1938 y en la Orden de 30 de junio del mismo año, que lo desarrolla, y así lo recoge esta sentencia del TSJ".
Considera el Supremo que el Decreto no vulnera los principios constitucionales, debiendo mantenerse su vigencia a falta de derogación expresa o tácita por otras normas de época constitucional posteriores (art. 2.2 del Código Civil) y su no sustitución por la posible normativa de desarrollo de la Ley 31/1995 (LPRL) -como posibilita su artículo 6-, ni por la negociación colectiva (art. 3 del ET).

Todos los empleados cuentan

En la normativa no se especifica nada de si los trabajadores deben ser por cuenta ajena o por cuenta propia y también es obligatorio crear estas instalaciones si lo pide más de la mitad de los 50 o más trabajadores, aunque el horario de comida supere las dos horas. No obstante, los cheques restaurante son una solución para la empresa.
Una muestra de lo asentada que está en los tribunales esta obligación es que la primera sentencia que llega al Supremo es del TSJ de Galicia, de 18 de marzo de 2011. En ella, justificaba la derogación de esta norma con argumentos que después refutaría el TS. La segunda sentencia del Tribunal Supremo llega desde el TSJ de Madrid, que falló su primera sentencia en 1999 y repitió esta doctrina en 2004 y 2005. El TSJ de Galicia había fallado en 2006 al contrario que en 2011.
Por otra parte, la sentencia de 28 de febrero de 1984 del Tribunal Central de Trabajo, ya estimó que el establecimiento de comedores en el centro de trabajo solo es exigible cuando, además de darse las circunstancias establecidas en las normas de 1938, dichos comedores vayan a ser utilizados en la práctica, lo que no sucede cuando la jornada es continuada y no comprende la hora de la comida.
La actual sentencia del TSJ del País Vasco, de la que es ponente el magistrado Palomo Balda, rechaza la puesta a disposición de máquinas expendedoras automáticas como sistema sustitutivo del restaurante, porque un servicio de esta naturaleza "no permite tener cumplido el deber que le incumbe, no solo porque el coste lo asume en exclusiva el trabajador, sino también porque el recurso diario a ese tipo de alimentación no garantiza una dieta sana, equilibrada y variada como la que está obligada a procurar la empresa, aparte de los riesgos derivados del posible deterioro de los productos y de los problemas de todo tipo que una alimentación diaria de esa clase genera. Y es que si hablamos de realidad social, la que actualmente nos toca vivir en nuestro país no secunda la pretensión de equiparar servicio de comedor o cheque restaurante con servicio de vending".
A pesar de la antigüedad de la normativa, el magistrado concluye que "las funciones que desempeña en el momento presente el comedor de empresa engarzan con una serie de ideas y valores muy arraigados en la sociedad del siglo XXI".