CENA CATT - REUNIÓN SINDICAL

CENA CATT - REUNIÓN SINDICAL

LOTERÌA NAVIDAD

LOTERÌA NAVIDAD

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

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CANDIDATURA CATT ELECCIONES

CANDIDATURA CATT ELECCIONES

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

CALENDARIO LABORAL 2016

CALENDARIO LABORAL 2016

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JUBILACIÓN PARCIAL

JUBILACIÓN PARCIAL

viernes, 2 de diciembre de 2016

La patronal, con la connivencia del gobierno y el silencio de los sindicatos mayoritarios, gana la "batalla salarial"

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

CASI SEIS MILLONES DE "TRABAJADORES POBRES" APENAS LOGRARON ALCANZAR EL SALARIO MINIMO


CANARIAS SEMANAL


El perfil del "trabajador pobre" va instalándose inexorablemente en la sociedad española. De acuerdo con las estadísticas conocidas ahora, el año 2015 concluyó con 5,9 millones de asalariados que desempeñaron algún tipo de trabajo en el curso del año, pero que a lo largo de los 12 meses de ese año apenas lograron alcanzar el salario mínimo interprofesional fijado para esa anualidad: 9.080,40 euros brutos en 14 pagas.


      Esta es una de las conclusiones más destacadas que pueden extraerse de las estadísticas publicadas por la  Agencia Tributaria.  


   Ello está indicando claramente la temporalidad laboral continúa elevándose vertiginosamente en España. La conclusión es dramática: casi 6 millones de trabajadores españoles que suscribieron a lo largo del año varios contratos de trabajo, no lograron alcanzar al finalizar 2015, ni siquiera el salario mínimo.


        De acuerdo con los datos aportados por la Agencia Tributaria, el año 2015 fue el que más trabajadores tuvo en estas condiciones. Para ello no sólo ha tenido que ser posible la complicidad entre la patronal y el gobierno, sino que necesariamente tal connivencia ha tenido que estar necesariamente por el silencio y la paralisis de las grandes centrales sindicales.


     A estas alturas puede afirmarse con meridiana claridad que la Patronal ha terminado ganando la llamada "batalla de los salarios".

lunes, 28 de noviembre de 2016

HABRÁ QUE TRABAJAR MÁS AÑOS

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Condenados a vivir con la mitad de su último sueldo: la jubilación en el 2050


EL ECONOMISTA

Pese a la bajada, las pensiones públicas españolas seguirán siendo más generosas que la de los países de alrededor. Quienes se jubilen a partir del año 2050 (es decir los que tienen ahora entre 35 y 40 años) tendrán que conformarse con una pensión equivalente al 50% de su último salario.
Su prestación será mucho menos generosa que la que están cobrando ahora sus padres, que supone casi el 80% de su última nómina. Así lo refleja la Comisión Europea en un informe sobre envejecimiento en el que también augura que habrá que trabajar más años para tener derecho a una pensión pública.
Según sus cálculos, derivados de la aplicación del llamado factor de sostenibilidad, se rebaja el importe de la pensión a medida que aumenta la esperanza de vida al cumplir los 65 años, y que en España entrará en vigor a partir de 2019. Los cálculos de quienes lo elaboraron son similares a los que muestra la Comisión: la aplicación del factor de sostenibilidad bajará un 5% la pensión inicial cada 10 años de aplicación.
La aplicación del factor bajará la pensión inicial desde el primer momento, ya que ya en 2020, la Comisión espera que la tasa de reemplazo (que así se conoce la magnitud que relaciona el último salario con la primera pensión) habrá bajado al 73%. Y seguirá bajando ya que Bruselas espera que caiga 17 puntos en los siguientes 20 años y perderá la barrera psicológica del 50% a partir de 2055. Es decir, quienes se jubilen a partir de 2055 (nacieron a finales de los 80 o principios de los 90), ya tendrán una pensión que será menos de la mitad que su último salario.
Y, además, en línea con las reformas aprobadas en todos los países, tendrán que trabajar más años para conseguirla. Aunque en este aspecto la Comisión espera un cambio menos brusco que en el de la tasa de reemplazo, sí admite que los que se jubilen a partir de 2035 tendrán que haber contribuido al sistema más de 39 años para percibir una prestación, tres años más que ahora.

El caso de Alemania y Francia

A pesar de estos cambios, las pensiones públicas españolas seguirán siendo mucho más generosas que la de los países de alrededor, como ya ocurre actualmente. La UE vaticina que la tasa de reemplazo bajará en todos los países europeos y en todos los de alrededor con excepción de Italia: será inferior al 50% del último salario. De hecho, en algunos, como Alemania, ya es inferior al 50% actualmente.
Según el informe, en Alemania, la tasa de reemplazo bajará al 35,5% y en Francia estará por debajo del 40%. En Portugal serán todavía inferiores y equivalentes al 30,7% del último salario, 27 puntos menos que ahora, mientras que en Grecia se recortarán al 22,3%. Sólo en Italia se mantendrán casi como están actualmente, ya que Bruselas prevé que la tasa de reemplazo baje del 60% actual al 51,8%.

viernes, 25 de noviembre de 2016

Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Conceden la incapacidad a un trabajador por alergia a las redes móviles y al 'WiFi'


ECOLEY

La Justicia ha concedido por primera vez la incapacidad permanente total a un trabajador por síndrome de electrosensibilidad de forma autónoma, sin estar en combinación con otras patologías. Esta dolencia consiste en una alergia o intolerancia a la contaminación radioeléctrica provocada por los teléfonos inalámbricos, antenas de móviles o redes WiFi y obliga a quien la padece a evitar o reducir su exposición a los mismos, momento en que los síntomas mejoran.
La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el 6 de julio, admite la demanda interpuesta por un ingeniero de Telecomunicaciones de una empresa fabricante de dispositivos móviles y otros aparatos electrónicos, y condena a la Seguridad Social a pagarle una pensión.
El juzgado de Primera Instancia desestimó la pretensión del demandante, basándose en el informe médico de la Seguridad Social, que le diagnosticaba un "trastorno ansioso-depresivo con predominio de irritabilidad y dificultad para control de impulsos, síndrome de intestino irritable, síndrome seco de mucosas", pero rechazaba que se hubiera demostrado la existencia de una relación causa-efecto entre la exposición a los campos electromagnéticos y los síntomas.
El informe añadía que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad, no estaba probada la existencia de hipersensibilidad a tales campos o redes.
El TSJ, sin embargo, admite el recurso presentado por el empleado y tiene en cuenta el informe del experto del Hospital de Guadalajara, que confirmaba que, en presencia de campos electromagnéticos, "aparecían síntomas de hipersensibilidad, sobre todo referidos al sistema nervioso, que mejoran al alejarse de su exposición".
Según el ponente del fallo, el magistrado Moreiras Caballero, "queda razonablemente acreditada la incapacidad permanente total del demandante para su profesión habitual". En este sentido, considera probado que padece una "alergia" que le provoca "una pérdida de tolerancia inducida, a modo de focos más recurrentes, por la contaminación radioeléctrica, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil o WiFi". Por todo ello, el tribunal estima la demanda y declara al trabajador en situación de incapacidad permanente total y reconoce su derecho a percibir una pensión.

Una dolencia controvertida

En la comunidad científica no hay una posición unánime en torno a la existencia real del síndrome de electrosensibilidad. De hecho, la OMS asevera que "hay escasa evidencia científica que apoye la posible existencia de casos de hipersensibilidad a los campos electromagnéticos". El Ministerio de Sanidad, por su parte, habla de "dudas" suscitadas por la "heterogeneidad y vaguedad de los síntomas".
Sin embargo, en Francia, el año pasado, un tribunal concedió una pensión de 800 euros a una mujer al considerar probado que padecía alergia a las redes WiFi.
En la jurisprudencia del Supremo existen escasas menciones a esta patología, sin que se haya resuelto nunca en relación a su reconocimiento como causa de incapacidad. En un auto de 26 de noviembre de 2015 y en una sentencia de 19 de septiembre de 2007, dos asuntos relativos a los efectos que provocaba la fuerte exposición a campos electromagnéticos, el Tribunal no entró a resolver por cuestiones de admisibilidad de los recursos.

miércoles, 2 de noviembre de 2016

Las secciones juveniles de los partidos políticos sirven para medrar sin pasar por la empresa privada o estudiar unas oposiciones

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


http://www.sueldospublicos.com/

Tradicionalmente, las secciones juveniles de los partidos políticos, sobre todo, Partido Popular, PSOE y los ‘cachorros’ del PNV o la extinta CiU -los que tocaban poder durante los primeros 25 años de la democracia- han servido de plataforma para medrar en la vida con atajos. Son centenares los casos de niñatos recién licenciados, muchos de ellos en Derecho, ahora también en Ciencias Políticas, que, tras finalizar sus estudios, con 23 años, han accedido a una concejalía en el ayuntamiento de su pueblo sin tener experiencia en la empresa privada, sin haber estudiado unas oposiciones, sin tener conocimientos de idiomas y con el único mérito de ser afiliado o ser hijo de o familiar de un cargo electo histórico. Lo peor de todo es que muchos de ellos pueden gestionar millones de euros de presupuesto de los contribuyentes mientras todavía viven en casa de sus padres y su madre les lava la ropa. Vamos, que no saben lo que es una paralela de la Agencia Tributaria o los datos necesarios para hacer una factura. En pocas palabras, de la vida real saben más bien poco.

Es cierto que muchos de esos concejales no cobran un sueldo público, la mayoría, porque el minifundismo municipal existente en España hace que una gran parte de los más de 66.000 ediles de nuestro país solo perciba dietas de asistencia a comisiones, plenos y juntas de gobierno. Encima, las restricciones se han acentuado desde la última reforma de la Administración Localque pone límites a las retribuciones de los cargos electos. Estamos hablando de entre 200 y 500 euros al mes. Y además, muchos de ellos donan una parte o toda a su partido.

Pero luego están los privilegiados, los que viven en ciudades grandes y medianas. Y es ahí donde está el botín. Ahí sí hay sueldos públicos. Y un capítulo especial: las dedicaciones parciales. Un concejal de una ciudad del área metropolitana de Madrid, de más de 100.000 habitantes puede cobrar más de 60.000 euros brutos al año. La dedicación parcial del 50 por ciento le deja una retribución al concejal de turno de 30.000 euros. Además de lo que cobre por su otro trabajo fuera de la política.

Hay casos para todos los gustos: desde los que han estudiado una carrera y empiezan de concejal hasta los que mienten en su currículum y se inventan una licenciatura. Luego están los que sí han trabajado algo, en la universidad, algunos meses, dando clase. Nada más y presumen en su CV de haber sido representante de los alumnos y cosas así. Hay ejemplos verídicos de CV donde el político solo refleja cargos orgánicos dentro del partido, a nivel local, regional y nacional y cargos públicos electos. Nada más. Ni un puesto de trabajo contrastado como camarero, algo de prácticas en un despacho de abogados, un trabajo en una empresa de tornillos. Algo. Nada. Y luego, los héroes de esta historia. Los que no tienen estudios superiores pero han mamado el partido desde que eran menores de edad y ahora son diputados autonómicos. Y encima presumen de ser la ‘máxima autoridad’ de su partido. ¿Recueras a Verónica Pérez?

La casta

¿Cómo definimos casta? La Real Academia de la Lengua Española nos ofrece hasta cinco acepciones sobre el término casta, pero nos quedamos con dos de ellas: desde ascendencia o linaje y grupo o clase social que tiende a permanecer separado de los demás por su raza o religión, etc.

Podemos, pero ya antes Unión Progreso y Democracia rescataron este término para hacer referencia a lo antiguo, lo casposo, lo que funciona mal en la política española. Son ese grupo de personas que lleva 20, 30 o casi 40 años en política, con privilegios blindados. Muchos de ellos han hecho carrera en sus formaciones. La mayoría de ellos tienen una historia laboral basada en cotizaciones a la Seguridad Social procedentes de sueldos de cargos públicos: diputados, senadores, diputados autonómicos, diputados provinciales, concejales y alcaldes. Pero también se acumulan en torno a este concepto altos cargos como ministros, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores generales, consejeros autonómicos y los correspondientes segundos escalones. Y no olvides los asesores o cargos de confianza para todos estos puestos. Pastar en el presupuesto público es la norma para este colectivo.

Recuerda a José Luis Rodríguez Zapatero, que durante los años 80 ya era diputado. Ha dado clases en la universidad, pero antes de llegar a La Moncloa su experiencia laboral era casi nula. Un puro producto de las Juventudes Socialistas. Llegó a cobrar más de 92.000 euros brutos al año como presidente del Gobierno hasta que en mayo de 2010 aprobó un decreto de reducción de los sueldos públicos de hasta un 15 por ciento. Su salario se redujo a 78.185 euros al año en 12 pagas. En enero, Rajoy, tras cuatro años y medio congelado, lo subió un uno por ciento.

Pero ¿cuándo podemos decir que un político es casta? No hay una cantidad de años fija para insinuar que tal político lleva demasiado tiempo en política. Es evidente que más de 15 años ya huele… O vuelves a tu trabajo en la empresa privada o te buscas la vida por otros derroteros aprovechando las relaciones cosechadas (puertas giratorias) o regresas a tu puesto de funcionario. Esa es una de las claves. Una gran parte de nuestros diputados son empleados públicos. Tienen la seguridad de que si les dan un navajazo en el partido -frecuente- o se avecina un tortazo electoral y peligra el escaño pueden volver a vivir su vida con el colchón de la nómina de su puesto, que para eso se lo ganaron en un concurso oposición.

El problema está en que algunos partidos, desde las secciones juveniles fomentan el perfil de ‘corderitos’ recién aterrizados en política. Ahora, con más presencia en los medios, con cara dialogante y sin haber roto un plato en su vida. Si con 23 años ya empiezan, con 45 ya son unos veteranos en política, pero todavía tienen por delante 20 años más de carrera profesional. Y claro, 40 años en política es lo que provoca arcadas en la opinión pública. Y 30 años, también.

Los ejemplos

Empezamos nuestro recorrido por dos ejemplos claros. Son los responsables de Nuevas Generaciones del PP y de las Juventudes Socialistas del PSOE.

Tanto el Partido Popular como el PSOE tiene muy institucionalizada la sección juvenil. Es como la cantera del Madrid o del Barça. Muchos chavales entran con enormes ganas de colaborar de manera voluntaria en grupos de trabajo, aportar nuevas ideas, conocimientos, frescura, sin nada a cambio. Tienen una temprana vocación política y quieren canalizarla a través de la formación que creen que más se aproxima a su ideología. Es legítimo y sano. Lo que pasa es que luego viene la depresión. La dinámica antropófaga de los partidos, y de cualquier organización con personas, puede echar las ilusiones de los novatos por tierra. Las luchas por el poder, por los puestos de responsabilidad y visibilidad que dan opción a ir en una lista electoral y a cobrar un sueldo público están a la orden del día. El niñato que con 18 años llama a la puerta de la sede con total inocencia, sin padrino alguno y con más formación y educación que muchos alcaldes de su propio partido, para afiliarse y pagar la cuota acaba siendo devorado por otros que llevan tiempo y saben cómo funciona el chiringuito.

María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba es presidenta de la Nuevas Generaciones del Partido Popular. Nació en 1983 en Córdoba donde se licenció en Derecho. Ha hecho prácticas en el Colegio de Abogados de su ciudad y ha sido pasante en un despacho. Poco más. En 2010, con 27 años, cobró 38.253 euros netos del Ayuntamiento de Córdoba por su trabajo como asesora jurídica para el Grupo Municipal del PP. ¿No tenían a nadie con más experiencia? Entre 2011 y 2015 fue senadora y como era portavoz de una comisión su sueldo era de 3.860 euros brutos al mes y 1.822 euros, de indemnización para gastos, libres de impuestos. Desde junio de este año sigue como senadora, pero es presidenta de la Comisión de Educación y Deporte además de portavoz en otra, pero solo se cobra el complemento más alto en caso de asumir varios cargos. Por lo tanto, su nómina actual es de 4.245 euros brutos más 1.822, libres de impuestos. En total, 6.067 euros. En Navidad, cobrará la paga extra que consiste en sumar la asignación y los complementos, la indemnización no computa. Es decir, súmale otros 4.245 euros brutos. 

El caso de su antecesor en el cargo, Ignacio Uriarte es parecido. Nació en 1980 y con 26 años accedió a la presidencia de NNGG. Con una diplomatura en Trabajo Social y ni rastro de experiencia en la empresa privada, entre 2008 y 2015 ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados.

Marcelino (Nino) Torre Canto es el secretario general de las Juventudes Socialistas de España. Nació en 1984 en Sotondrio, Asturias. Su currículum, más completo que el de Jurado indica que es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Tiene un curso experto en Derecho Empresarial por la Escuela de Empresa y un máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. También dice la web del PSOE que es abogado, pero no señala si ha ejercido como tal ni dónde. El resto del documento son cargos orgánicos dentro del partido. Lo típico. Actualmente es diputado autonómico en su tierra. Su sueldo lo puedes consultar en la página web de la Junta General del Principado de Asturias. Son 3.902 euros brutos de asignación básica y 250 de complemento. Cobra dos pagas extra en junio y diciembre de 3.902 euros cada una.

Uno de los ejemplos más claros de lo que es un prototipo de un político nacido y criado en el seno de las secciones juveniles de los partidos es la diputada del PSOE del Parlamento de Andalucía, Verónica Pérez. Hace unas semanas fue protagonista de una famosa frase durante la crisis del PSOE al afirmar que ella era la ‘máxima autoridad’ de la formación. Pues bien, lleva 17 años cobrando sueldos públicos y 21 años en política. Tiene 38 años. No se le conoce otro oficio. Tampoco tiene estudios universitarios. Es parlamentaria autonómica desde 2004. Antes fue concejala en su pueblo, San Juan de Alfarache. En junio, cuando percibió la nómina y la paga extra de verano, su sueldo ascendió a casi 5.900 euros netos. Sus compañeros de filas Miquel Iceta y César Luena también son dos productos de las Juventudes Socialistas.

Nos hemos dejado para el final a Francisco Camps. Con todo, sabemos que hay decenas de ejemplos en PP y PSOE y seguro que tú reconoces a alguno en tu ciudad o pueblo que vive de la sopa boba. El que fuera president de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011 y que dimitió por no pagar ‘cuatro trajes’ es miembro del Consell Jurídic Consultiu y cobra unos 57.000 euros brutos anuales. Una especie de Consejo de Estado autonómico. El trabajo de este ente lo pueden hacer con normalidad los propios funcionarios, no hace falta nombrar a personal de libre designación o miembros natos. Camps tiene derecho a serlo por haber ejercido el cargo de presidente de la autonomía valenciana. También tiene la opción de renunciar al sueldo, al despacho, a la secretaria y al chófer. La broma nos cuesta, en total, unos 140.000 euros al año. Pero, ¿de qué va a vivir? Ahora sabemos que es doctor en Derecho, aunque no permite que veamos su tesis. Pero cuando accedió al cargo de president en 2003 su carrera profesional no era más que un cúmulo de altos cargos en diferentes administraciones tras pasar por la carrera de Derecho, licenciarse e impartir docencia durante un breve tiempo. Ni rastro de unas oposiciones o de trabajar en la empresa privada.

Camps nació en 1962 y 20 años después se afilió a las Nuevas Generaciones de Alianza Popular. Con 29 años ya era concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Luego ha sido diputado en el Congreso, Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretario de Estado, conseller autonómico en varias carteras y presidente autonómico. Hace unos años, Camps tenía una ficha biográfica en la web del PP. Ni rastro de ella ahora. Esta es la del Congreso, con fecha de 2002.

Imagen. NNGG Arganda del Rey. En en centro de la imagen, Beatriz Jurado, presidenta de NNGG PP.

La primera versión de este artículo se publicó en el digital www.vice.com el viernes, 28 de octubre con el título 'Por qué ahora tenemos a los políticos menos preparados de la historia de España'.

viernes, 21 de octubre de 2016

¿Qué sentido tiene, permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión?

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Qué pretende el Gobierno al permitir trabajar y cobrar el 100% de la pensión


EL ECONOMISTA

El Gobierno pretende recaudar más IRPF al otorgar la posibilidad de compatibilizar el cobro del 100% de la pensión y el mantenimiento del empleo por encima de los 65 años. 
Es lo que aseguran los expertos consultados por este periódico, quienes ponen de relieve que el ocupado que opte por esta opción pagará dos veces este tributo, a través de la nómina y a través de la prestación. Además, y pese a que la intención del nuevo Gabinete es la de permitir que quien mantenga el empleo pague únicamente una cotización solidaria del 8%, la retención de ingresos resulta clave en un momento en el que el sistema de la Seguridad Social mantiene un déficit perenne superior a los 17.000 millones de euros.
A pesar de que, en un principio, el propio Ministerio de Empleo reconoce que el alcance de la medida será limitado -apenas 30.900 personas disfrutan ahora del sistema de mantener su trabajo y cobrar el 50% de la pensión-, lo cierto es que hay una enorme bolsa de ocupados con derecho a jubilarse a lo largo de la próxima legislatura. Según proyecciones elaboradas a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 1,2 millones de personas tendrán derecho a demandar una pensión y, en una situación de déficit como la actual, el Ejecutivo sabe que es básico intentar retener ingresos por cotizaciones y otros impuestos como IRPF.
Algo más de 1,2 millones de personas son responsables, hoy por hoy, de ingresos anuales por valor de casi 6.000 millones de euros. Retener una porción de esa cantidad puede resultar clave una vez que el Ejecutivo y el resto de partidos se sienten en el Pacto de Toledo a renegociar la financiación del sistema de la Seguridad Social. Del éxito de medidas como la que ayer mismo planteó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dependerá la dureza final de una reforma que tendrá que perseguir la sostenibilidad financiera del pago de más de 10 millones de prestaciones entre jubilación, incapacidad, orfandad, viudedad y otras modalidades.
En principio, fuentes próximas al Ministerio confirmaron a elEconomista que la intención es mantener un modelo similar al existente actualmente con quienes ya cobran la mitad de su jubilación y trabajan. El 80% de estos trabajadores son autónomos y su cotización va a parar a cubrir eventuales situaciones de incapacidad transitoria, por ejemplo. En el caso de los empleados por cuenta ajena que se acogen a este sistema, el 6% de la cotización solidaria corre a cargo de la empresa y el 2% restante, a cargo del empleado.
Sin embargo, Empleo no concreta, de momento, si mantendrá la denominada cuota de solidaridad en ese 8%. Desde el departamento que dirige, en funciones, la ministra Báñez, se limitan a afirmar que lo que se pretende es ampliar el volumen de beneficiarios de este doble ingreso, sobre los que se exige la única condición de haber cumplido la edad legal de jubilación de 65 años y cuatro meses.

Viabilidad de la medida

A falta de concretar cómo se articulará la compatibilidad de la percepción del total de la pensión con la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o ajena, y ante la actual sangría de la Seguridad Social, expertos como el director general del IMF Business School, Carlos Martínez, consideran que el sistema "no genera los recursos suficientes" para garantizar la viabilidad de esta medida. "Desde mi punto de vista, actualmente no sería viable que se continuase trabajando sin limitar la cuantía de la prestación, por el coste y por la cuantía de las pensiones que cobran nuestros jubilados", advierte.
Otros, sin embargo, ven en esta iniciativa -retomada ayer por Báñez, pero incluida en el programa electoral del PP de cara a las elecciones generales de diciembre y llevada al Congreso ya en abril del año pasado- un mero "parche" al problema de las pensiones. Es el caso del profesor y coordinador del Departamento de Investigación del IEB, Miguel Ángel Bernal, y del profesor de Finanzas y Banca Juan Fernando Robles, a cuyo juicio la situación de "penuria" que atraviesa el Sistema plantea "muy complejo" llevar a cabo reformas estructurales de calado. La única solución, considera Robles, pasa por aumentar la financiación de las pensiones vía impuestos generales o bien mediante la creación de un tributo específico, como plantean al Pacto de Toledo formaciones políticas como el PSOE o Podemos y como, de hecho, vienen aconsejando ya numerosos analistas, que confían en ésta como la única vía efectiva.
A este respecto, Báñez hizo ayer un llamamiento a "buscar soluciones en común, no solo para mantener, sino para favorecer la sostenibilidad del Sistema". Durante una jornada de reflexión organizada por El Mundo y Expansión en Madrid, la ministra señaló que "consolidar la buena evolución del empleo debe ser la prioridad para afrontar el reto demográfico de los próximos años". No olvidemos que, según las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años en el año 2066.

Vaciado de la 'hucha'

No en vano, el envejecimiento de la población, unido a la merma de los ingresos por cotizaciones, han puesto en jaque el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que, con unos 25.000 millones de euros, y a falta del abono de las pagas extra de esta Navidad -para la que se prevén sacar entre 8.000 millones y 9.000 millones- y del próximo verano, ya fecha su caducidad en diciembre de 2017.
No obstante, aunque esta mal denominada ¿hucha? (obtiene rentabilidad) se agote, los expertos insisten en evitar alarmas: las pensiones no se van a dejar de pagar. "Los jubilados van a cobrar igual", afirma el subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, para quien la "única implicación" del vaciamiento del Fondo es "una señal de aviso". Las pensiones de jubilación, dice, se van a seguir abonando, aunque se financien con déficit del Estado. Entonces, lo único que indican los números rojos de la reserva, es que "se acaba el margen para hacer la reforma urgente del Sistema".