LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

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CANDIDATURA CATT ELECCIONES

CANDIDATURA CATT ELECCIONES

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

CALENDARIO LABORAL 2017

CALENDARIO LABORAL 2017

JUBILACIÓN PARCIAL

JUBILACIÓN PARCIAL

jueves, 23 de marzo de 2017

LA FIRMA DEL FINIQUITO NO TIENE VALOR LIBERATORIO PARA LA EMPRESA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


Fuente: cartadepersonal@asesoriza.com

El Tribunal Supremo ha sentenciado que aunque el trabajador firme expresamente la recepción de la carta de despido y su conformidad con el finiquito, y que se compromete a “no tener nada más que pedir y reclamar” y a “no presentar reclamación alguna contra la extinción de su contrato”  (o fórmula similar), esto no tiene valor liberatorio para la empresa porque no es posible aceptar una renuncia a reclamar frente al despido. Aceptar que las fórmulas del tipo “quedando saldado y finiquitado” exoneran automáticamente a la empresa de responsabilidad sería generar indefensión.

De la misma forma, incluso aunque el trabajador firme la recepción de la carta de despido (en el caso de la sentencia, un despido objetivo) y no especifique en dicha carta que “no está conforme”, “recibí no conforme” o similar, no pierde su derecho a reclamar frente al despido (sent. del TS de 3.12.14, en unificación de doctrina).

jueves, 16 de marzo de 2017

RECHAZADO POR EL CONGRESO EL DECRETO LEY PARA REFORMAR LA ESTIBA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El Congreso tumba el decreto de los estibadores: la debilidad del Gobierno se hace evidente


 EL ECONOMISTA

El real decreto ley del Gobierno para reformar del sector de la estiba portuaria ha sido rechazado este jueves por el Pleno en el Congreso, con lo que se convierte en el tercero de la Democracia que no logra superar la preceptiva convalidación en la Cámara Baja. Tras ello, los estibadores han desconvocado los paros.
El decreto ley ha sido derribado dado que recibió 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que han sumado el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención (32 votos más un error en el PSOE).
El texto legal, en vigor desde su publicación en el BOE y que ahora queda anulado, tenía como objetivo liberalizar el sector de la estiba, el de los trabajadores que se encargan de cargar y descargar los barcos en los puertos, con el fin de que cumpla con la normativa europea a la que actualmente contraviene y evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga por ello una sanción a España.
No obstante, el decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, ha llegado a su debate en el Congreso sin que se lograra alcanzar un acuerdo en el ámbito laboral de la reforma con la patronal y los sindicatos del gremio.
Dado que la mayor parte de los grupos parlamentarios vincularon su respaldo a la reforma a que tuviera el respaldo del consenso del sector, el texto legal finalmente ha recibido más votos en contra que a favor y, por lo tanto, no ha superado el preceptivo proceso de su convalidación en el Congreso.

Es el tercer decreto tumbado en democracia

Con el rechazo hoy por parte del pleno del Congreso del real decreto para reformar el sector de la estiba son ya tres las ocasiones en las que la Cámara Baja ha tumbado una figura normativa de este tipo, después de los precedentes de 1979 y 2006.
En 2006, en la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una treintena de diputados socialistas se equivocaron el 9 de febrero de 2006 cuando se votaba el real decreto ley por el que se aumentaban los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, de manera que fue rechazado por el pleno con 152 votos a favor y 169 en contra.
El decreto, que había sido aprobado por el gabinete de Zapatero el 20 de enero, fue derogado, y el Consejo de Ministros tuvo que aprobarlo de nuevo y llevarlo a pleno otra vez. Esa vez no hubo fallos y salió adelante.
La otra ocasión en la que no prosperó un decreto ley del Gobierno fue en 1979, cuando la Diputación Permanente del Congreso rechazó la convalidación de un decreto del Ejecutivo de Adolfo Suárez que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento. Fue el 6 de febrero de aquel año, con las Cortes ya disueltas, y el propósito del decreto era prorrogar "por el tiempo indispensable" la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.

lunes, 13 de marzo de 2017

TREN DE SAN TELMO AL SUR EN 2018

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"











miércoles, 8 de marzo de 2017

El Ejecutivo cuenta con más de 500 cargos de responsabilidad que cuestan 41 millones al año en salarios, sin contar la Seguridad Social

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"



Fuente: http://www.sueldospublicos.com/

Los más de medio millar de altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy sumaron sueldos por valor de 41,14 millones de euros el año pasado, según datos del Portal de Transparencia*. De ellos, un total de 104 percibieron más de 100.000 euros como retribución bruta y 294 cobraron más que el “jefe”, ya que superaron los 81.744 euros que recibió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La web no informa de que Rajoy, como diputado por Madrid, percibe 12 pagas al año de 870 euros libres, de impuestos, para cubrir gastos, pese a vivir en un palacio.

Los directivos de tres empresas del Grupo Fomento son los mejor pagados de todos los altos cargos del Gobierno. Según el Portal de Transparencia, el presidente de Adif hasta noviembre, Gonzalo Ferre, fue el mejor pagado de todos los altos cargos en 2016, con un total de 165.472 euros. Le siguen el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, con 161.999 euros, y el delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, con 156.549 euros. Ellos prácticamente duplicaron el sueldo de Mariano Rajoy.

También rozan los 150.000 euros otros dos altos cargos del Ejecutivo: el director de la Fábrica de Moneda y Timbre, Jaime Sánchez Revenga (148.052 euros) y el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, que ganó 147.919 euros en los once meses que estuvo al frente de la empresa pública.

Más de un centenar de 'cienmileuristas'
Por encima de los 130.000 euros hay otros siete altos cargos, todos ellos pertenecientes a entes satélites del Gobierno, como el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el director del Museo del Prado y varios delegados de las zonas francas españolas. No obstante, en este tramo también se encuentra el alto cargo del Gobierno mejor pagado proporcionalmente hablando. Se trata de Ramón Aguirre, expresidente de la SEPI, que percibió 131.920 euros en los seis meses y quince días que estuvo al frente de la compañía, según los datos de Transparencia.

Dentro del Gobierno, el alto cargo mejor pagado fue Julio Gómez-Pomar, que cobró 123.696 euros brutos el año pasado por su puesto de secretario de Estado de Infraestructuras y sus nueve trienios como funcionario.

Entre los 294 altos cargos que cobraron más que Rajoy también están el resto de secretarios de Estado y algunos subsecretarios. Curiosamente, dos de las personas de la máxima confianza del jefe del Ejecutivo también son ‘cienmileuristas’ y, por tanto, cobran más que su jefe. Son el director de gabinete, Jorge Moragas, cuyo salario ascendió a 119.622 euros en 2016, y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, cuyo salario fue de 116.136 euros brutos.

Según los datos del portal de Transparencia, los embajadores están a la cola de los salarios dentro del Gobierno, ya que cobran entre los 50.000 y los 70.000 euros brutos al año. No obstante, hay que recordar que el portal no recoge toda su retribución, sino sólo una parte de ella, por lo que su salario real es mucho mayor que el que aparece en la web del Gobierno.



Imagen: Twitter de la Casa Real. El Jefe del Estado, Felipe VI, posa junto al actual Gobierno.

lunes, 6 de marzo de 2017

SINDICATOS SE PRONUNCIAN CONTRA EL "AMARILLISMO" DE CCOO Y UGT

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

15 SINDICATOS ESPAÑOLES ACUSAN A CCOO, UGT Y USO DE PONER EN MARCHA UNA NUEVA "FARSA AMARILLISTA" CON LA PATRONAL


CANARIAS SEMANAL

Ante lo que califican como una "nueva farsa sindical de Comisiones Obreras, USO y UGT"  15 sindicatos españoles han emitido un documento común en el que denuncian a estas tres centrales sindicales por "la farsa que está montando en torno a una necesaria, pero por ellos manipulada, "lucha por la subida de salarios".


        "Estamos asistiendo -dice el documento- a otro de los tinglados a que nos tienen, por desgracia, acostumbrados los sindicatos amarillos, es decir del sistema, llamados eufemísticamente “interlocutores sociales” por la interesada propaganda del capitalismo, de la UE y del Estado español. Ved como los mas media han hecho propaganda de sus convocatorias, cuando a la vez silencian todas las otras mucho más justas y necesarias (el último ejemplo la que fue muy exitosa y convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, del pasado 8 de febrero)


 

       Los sindicatos denunciantes dicen que  CCOO, UGT y USO   ya han pactado con las patronales correspondientes, una subida salarial insultante y ofensiva a los intereses reales   de los asalariados, a cambio de ingentes cantidades de subvenciones destinadas a la burocracia sindical, que luego disfrazaran "de ayuda para la formación". Ya se sabe que la cifra ronda un mínimo de mínimo  50 millones de euros.


     Según los 15 sindicatos que suscriben el documento denuncia, "las subidas salariales" que anuncian las tres centrales sindicales aludidas resultan irrisorias en relación con los cada vez más cuantiosos beneficios que cada año está recibiendo la gran patronal. Para popularizar esta "subidas" ya, incluso, están preparando una gran campaña publicitaria con la que que tratarán de reestablecer su resquebrajada imagen ante los trabajadores, intentando transmitir la idea de que será con "métodos modernos" de negociación como se conseguirán "cosas" de la patronal, y no con conflictos ni confrontaciones clasistas.


   La Confederación Europea de Sindicatos, a la que estan adscritas Comisiones Obreras, USO y UGT  patrocinan ahora una campaña a nivel de la UE, con el lema central de "Europa necesita un aumento de sueldo para estimular el crecimiento económico y combatir la desigualdad" . El sindicalismo amarillista español utiliza la misma fraseología, ideológicamente vacua y engañosa. Omiten decir que la patronal europea y española a lo que aspira es a incrementar el crecimiento capitalista y, simultáneamente, a dar la batalla en contra de los salarios.


       Para ello  - denuncian los 15 sindicatos rubricantes del documento -  a cambio de su complicidad con la burguesía, recibiran despues gigantescas subvenciones "que han utilizado siempre, para justificar lo injustificable y para ocultar sus verdaderas intenciones y planes de claudicación ideológica y sindical ante el capitalismo, al cual nunca dicen claramente combatir" .


        En coherencia con  estas directrices de la Confederación  Europea  de Sindicatos, CCOO, UGT y USO han  convocado manifestaciones "por unos “salarios dignos" . A la "protesta" se han sumado el PSOE y otras organizaciones politicas en la supuesta estrategia   de "combinar negociación y movilizaciones" .

 

       Los 15 sindicatos citados anuncian que desenmascararán públicamente este tipo de actuaciones, "que simulando defender los intereses de los asalariados solo acaba, como ya es habitual en el sindicalismo amarillo, maquillando la explotación del actual sistema capitalista, justificando a la UE y cogestionando el modelo" .


jueves, 23 de febrero de 2017

Primera sentencia que aplica la nueva doctrina del Tribunal de la UE.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El despido de un empleado por estar de baja es discriminatorio


ECOLEY

Primera sentencia en España que anula por discriminatorio el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal, de duración incierta, provocada por un accidente laboral. La resolución, dictada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona el 23 de diciembre de 2016, aplica la jurisprudencia europea que rectifica el criterio sostenido hasta ahora por el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC), que rechazaban que pudiera considerarse nulo un despido basado en una situación de enfermedad.
El fallo del Tribunal de la UE (TJUE), de 1 de diciembre de 2016, responde a la cuestión prejudicial planteada por el propio Juzgado y que preguntaba si es una discriminación directa por discapacidad el despido de un empleado sólo por el hecho de estar en situación de baja temporal duración incierta.

Discapacidad

La sentencia del TJUE recuerda que la definición de discapacidad comprendida en la Directiva 2000/78, sobre la igualdad de trato en el empleo, debe interpretarse a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Según dicha normativa, el despido será nulo cuando resulte discriminatorio por razón de discapacidad "duradera".
Son dos los indicios que permiten apreciar tal durabilidad. Por un lado, el que, en la fecha del hecho discriminatorio -el despido-, la incapacidad no presente perspectiva delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo. Por otro, que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento del sujeto. El fallo precisa que la comprobación del carácter duradero de la incapacidad deberá analizarse según el estado del afectado en el momento del acto discriminatorio, y basarse en elementos objetivos -documentos, certificados médicos, etc.-.
Por todo ello, el TJUE concluye que una incapacidad temporal no excluye, por sí sola, la posibilidad de que se aprecie una discriminación por razón de discapacidad.

Ausente por accidente laboral


En el litigio, un trabajador impugnó su despido, decidido y comunicado mientras se encontraba en una situación de incapacidad temporal de duración incierta producida por un accidente laboral.
El ponente del fallo de instancia, el magistrado Agusti Maragall, asevera que la doctrina del TS y TC, que impedía calificar de discriminatorio el despido de un empleado enfermo desde una perspectiva "estrictamente funcional de la capacidad para el trabajo" -porque ya no resulta rentable para la empresa-, ya no valida los supuestos en los que la incapacidad temporal "deviene en una limitación duradera".
Para ello -subraya-, existen otras figuras como el despido objetivo por ineptitud sobrevenida o por ausencias intermitentes, o la posibilidad de solicitar revisiones médicas que validen la situación de baja.
La sentencia del TJUE, por lo tanto, "obliga necesariamente a modificar dicha doctrina" -la del TC y del TS- que "deberá ceder, necesariamente, ante la prohibición de discriminación por discapacidad -directa o indirecta- establecida en la Directiva, como mínimo, cuando tal incapacidad pueda devenir en duradera".
Por todo ello, el Juzgado nº 33 de lo Social de Barcelona declara nulo el despido del empleado y condena a la empresa a readmitirlo, pagándole los salarios de tramitación y una indemnización.

lunes, 20 de febrero de 2017

El Impuesto de Plusvalía Municipal es inconstitucional si no recoge la caída de precio de la vivienda.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El Impuesto de Plusvalía Municipal es inconstitucional


ECOLEY

El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por la que declara inconstitucional una norma que afecta a la Hacienda Foral de Guipúzcoa y que regula el Impuesto de Plusvalía Municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Este impuesto, que cobran los ayuntamientos, grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. El Constitucional piensa ahora que no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica.
Este impuesto es idéntico al de la normativa estatal en la materia, por lo que podría considerarse extensible a ésta, aunque directamente no afecta a la legislación del resto de España, a los demás regímenes forales ni al general.
El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el artículo 31.1 de la Constitución Española. Así las cosas, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá decidir si modifica la normativa estatal a la vista de esta doctrina constitucional o espera a que el Tribunal vuelva a fallar, esta vez sobre la legislación de régimen común.
Desde 2007 los ingresos de este impuesto para los Ayuntamientos han subido casi un 50%, hasta los 2.096 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. Desde el arranque de la serie histórica en 1995, la recaudación ha aumentado más de un 400%.

"Riqueza real"

La ponente, la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua, recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los principios del artículo 31.1 de la Constitución y reitera que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial".
Por ello, determina que el impuesto es nulo "en la medida en que someta a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo que los sujetos pasivos puedan acreditar esta circunstancia".
A este respecto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 20 de junio de 2016, alega que al bajar de forma generalizada el valor de los bienes inmuebles por la crisis inmobiliaria, el valor catastral supera al valor -real o de mercado- de la transmisión, no produciéndose un incremento sino una pérdida patrimonial. Esta situación ha dado como fruto respuestas judiciales contradictorias, algunas de las que entienden que al no haber incremento no se realiza el hecho imponible, lo relevante es la transmisión que pone de manifiesto el incremento, por lo que no cabe prueba en contrario del valor catastral.
El ponente, el magistrado Montero Fernández, concluye que la fórmula legal no es correcta porque se está calculando incrementos de futuro, cuando no exista incremento de valor del inmueble, se soslaya la posible inconstitucionalidad de la normativa aplicable, porque sí cabe prueba en contrario.
El Constitucional dictamina que no podrá crear impuestos que afecten a "aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia".
Insiste además en que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada concreto impuesto, en tanto que presupuesto mismo de la tributación. "No caben en nuestro sistema tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica", afirma el TC.
La sentencia analiza los preceptos cuestionados y concluye que establecen una ficción de incremento de valor que, además, impide al particular toda prueba en contrario.
Ello es así porque el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión. Por lo tanto, la mera titularidad de un terreno durante un determinado período temporal produce, en todo caso y de forma automática, un incremento de su valor.
La fórmula prevista en la norma para calcular el impuesto provoca que éste deba pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado, o incluso ha disminuido, una circunstancia esta última no poco frecuente como consecuencia de la crisis.
La sentencia considera que esta consecuencia "carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el artículo 31.1".
El Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados; esto es, "únicamente cuando sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor".

jueves, 16 de febrero de 2017

El aviso de Bruselas llega un día después de que el Ejecutivo aplazase su aprobación.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Aviso de Bruselas: España debe aprobar cuanto antes la reforma de los estibadores


EL ECONOMISTA

La Comisión Europea ha afirmado que está en contacto con el Gobierno español para asegurar que la reforma de la estiba cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y, al mismo tiempo, "garantice la competitividad de los puertos españoles y ofrezca un nivel adecuado de protección a los trabajadores".
"La Comisión está en contacto con las autoridades españolas para encontrar una solución que cumpla con la sentencia. Ambas partes comparten el interés común de un sistema laboral portuario que garantice la competitividad de los puertos españoles y ofrezca un nivel adecuado de protección a los trabajadores", ha expresado el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.
En una rueda de prensa, Schinas ha destacado que las conversaciones están "en marcha" y "avanzadas", y ha confiado en que la solución final "cumpla con los requisitos".
"Hay necesidad de que la legislación española refleje la sentencia del Tribunal. Es algo que justifica los contactos que están en marcha. Estoy seguro de que a las autoridades españolas no les gustaría producir una ley que no es compatible con la legislación europea y comunitaria", ha añadido el portavoz.
Los sindicatos de estibadores anunciaron este miércoles que no secundarán la huelga convocada en los puertos para la próxima semana ante la propuesta del Ministerio de Fomento de retrasar la aprobación de la reforma de la estiba, para dar oportunidad de nuevo a la negociación. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, recuerda que España se enfrenta a una multa 134.000 euros diarios si no aprueba la reforma.
Con la reforma de la estiba, Fomento pretende adaptar el sector a la normativa comunitaria rompiendo el monopolio que actualmente tienen del sector las sociedades de servicios portuarios, las sagep, firmas de las que dependen todo el colectivo de 6.150 estibadores y que controlan su contratación por las empresas que los necesitan. Para ello articula un periodo transitorio de tres años.

Más información en: 

estibadorescanarios.com | Estibadores Canarios

LA EUROCÁMARA CONSIDERA QUE LAS COMISIONES BANCARIAS SON "ABUSIVAS E INJUSTIFICADAS"

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"


La Eurocámara rechaza las comisiones por abrir o mantener cuentas bancarias

EL ECONOMISTA


El Parlamento Europeo quiere abolir las comisiones bancarias que entiende que se aplican sin estar asociadas a un servicio específico, entre las que figurarían las de apertura o mantenimiento de cuentas, por recepción de transferencias o cancelación de tarjetas de pago por cambio de domicilio a otro Estado.
Así lo ha recogido en el informe anual sobre la política de la competencia de la Unión Europea (UE) de 2016, siendo la primera vez que se posiciona de forma directa sobre este aspecto.
Entre otras tarifas, afectaría igualmente a la adquisición trasfronteriza de productos de seguros y sí ve, en cambio, razonable las asociadas a una prestación clara de servicios, como son la emisión de órdenes sobre transferencias o cheques o la banca electrónica, explicaron en el grupo.

Habría que elaborar una ley al respecto


"Este informe es histórico, porque los representantes de 500 millones de ciudadanos europeos le están diciendo a la Comisión, a los Estados, pero también a los bancos, que rechazan las comisiones abusivas e injustificadas", refirió el miércoles el eurodiputado y miembro de la comisión de Economía del Parlamento Europeo, Jonás Fernández (PSOE), que defendió la enmienda donde la Eurocámara rechaza las tarifas.
La manifestación del Parlamento carece de fuerza coercitiva, pero muestra el posicionamiento si llegase el momento de impulsarlo vía ley. "Si no se erradica esta práctica, habrá que aprobar una regulación europea", dijo Fernández.
La ortodoxia impuesta por el Banco de España exige que no haya tasa sin servicio asociado, aunque en el momento actual de ingresos menguantes por los tipos negativos y baja actividad, repercutir comisiones, algunas nuevas, está en la estrategia de incontables entidades.