Begoña Amezua Las Palmas de Gran Canaria
Si el Ejecutivo regional dispusiera de los 8.455 millones de euros, que el colectivo de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) considera que genera la economía sumergida en Canarias, las autoridades autonómicas y sus respectivos consejos asesores hubieran podido ser más diligentes a la hora de poner en práctica las medidas del plan contra la ralentización económica.
Según Gestha, por fraude fiscal y a la Seguridad Social, en la provincia de Las Palmas existe una bolsa de dinero negro que asciende a 4.502 millones de euros. El dinero B de Santa Cruz de Tenerife se eleva a los 3.952 millones de euros. En total, la economía sumergida regional mueve del orden de 1.319 millones de euros más que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año.
A partir de los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), este colectivo de técnicos de Hacienda considera que sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los que 358 millones de euros, el 4,1%, se localizan en el Archipiélago.
Gestha estima que el 69,8% de los arrendamientos en las Islas son alquileres sumergidos que escapan al control del fisco. Se calcula que son unos 64.877 alquileres, el 6,6% del total del parque de viviendas arrendadas del Estado. El negocio sumergido generado sería de 144,2 millones de euros.
Otro de los focos de fraude son las empresas pequeñas. El 92,4% de las compañías canarias facturan entre 1,8 y 6 millones de euros, un total de 1.117 sociedades. Al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores y un activo inferior a 2,3 millones de euros, no tienen obligación de ser auditadas.
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