"El sistema de subvenciones era el pesebre donde comían el nacionalismo, sindicatos y patronal"
Ayala dijo en 1996 que "los cursos de formación no pueden servir para financiaciones paralelas"
21-06-2008
PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. "El sistema de subvenciones canario era el pesebre donde comían el nacionalismo canario, los sindicatos y la patronal". La Fiscalía Anticorrupción, en unos documentos internos y totalmente reservados que datan de la parte final de la investigación del 'caso Icfem' (año 2005), apunta a que fondos del Instituto Canario de Formación y Empleo pudieron ser utilizados para pagar los inicios del nacionalismo canario. Sólo una desastrosa investigación impidió comprobar si las sospechas de la Fiscalía podrían sostenerse en un juicio. Ahora, diez años después, el 'caso Icfem' se acerca a la celebración de la vista oral sin que los hechos más impactantes de la investigación puedan ni siquiera llevarse al plenario.En el año 1993 nació Coalición Canaria. Fruto de la unión de Iniciativa Canaria (ICAN), Centro Canario Nacionalista (CCN) y la Agrupación de Independientes de Canarias (AIC), se iniciaba así el gran proyecto de futuro del nacionalismo canario, que aún hoy manda en el Gobierno regional con Paulino Rivero como presidente. Cinco años después, en 1998, un grupo de ex dirigentes de Comisiones Obreras, funcionarios y alguna que otra asociación empresarial, presentaban una querella en el juzgado en la que se denunciaba un uso totalmente irregular de los fondos destinados a fomentar el empleo en Canarias, y que procedían de la Unión Europea.Las irregularidades detectadas y posteriormente confirmadas por la Audiencia de Cuentas y por la Oficina de la Lucha Antifraude (OLAF) de la Unión Europea se referían al periodo comprendido entre 1992 y 1998. Justo los primeros años de vida de Coalición Canaria. La OLAF cifró en 13,4 millones de euros las cantidades que aún permanecían sin justificar en el año 2004. Hoy en día, un ex consejero de Empleo del Ejecutivo regional y cinco ex directores generales del Icfem, todos ellos miembros de Coalición Canaria en la década pasada, permanecen imputados.EL RECONOCIMIENTO. La tesis de la Fiscalía Anticorrupción, recogida en unos documentos secretos (borradores) cuya existencia ha sido reconocida a este periódico por el entonces fiscal instructor del caso, Valentín Ruiz, probablemente nunca se podrá probar en un juicio debido a una investigación criticada en todos los sectores de la sociedad canaria, incluido el judicial.Sin embargo, el que fuera director general del Icfem entre 1996 y 1998, Aurelio Ayala, apuntaló las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción en unas declaraciones efectuadas el 25 de octubre de 1996 al periódico LA PROVINCIA: "Muchos planes y políticas de empleo no son más que un reparto de dinero para la financiación de sindicatos y asociaciones empresariales", declaró Ayala antes de resultar imputado. En sus afirmaciones, excluyó lo que sí recogen los documentos de la Fiscalía Anticorrupción, que los fondos también pudieron servir para financiar el "nacionalismo canario". Ayala también aseguró ese día que "los cursos de formación deben servir para emplear y no para financiaciones paralelas". En esas declaraciones se fundamentó la querella inicial. Hoy, diez años después, la causa sigue viva y con muchos interrogantes.
21-06-2008
PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. "El sistema de subvenciones canario era el pesebre donde comían el nacionalismo canario, los sindicatos y la patronal". La Fiscalía Anticorrupción, en unos documentos internos y totalmente reservados que datan de la parte final de la investigación del 'caso Icfem' (año 2005), apunta a que fondos del Instituto Canario de Formación y Empleo pudieron ser utilizados para pagar los inicios del nacionalismo canario. Sólo una desastrosa investigación impidió comprobar si las sospechas de la Fiscalía podrían sostenerse en un juicio. Ahora, diez años después, el 'caso Icfem' se acerca a la celebración de la vista oral sin que los hechos más impactantes de la investigación puedan ni siquiera llevarse al plenario.En el año 1993 nació Coalición Canaria. Fruto de la unión de Iniciativa Canaria (ICAN), Centro Canario Nacionalista (CCN) y la Agrupación de Independientes de Canarias (AIC), se iniciaba así el gran proyecto de futuro del nacionalismo canario, que aún hoy manda en el Gobierno regional con Paulino Rivero como presidente. Cinco años después, en 1998, un grupo de ex dirigentes de Comisiones Obreras, funcionarios y alguna que otra asociación empresarial, presentaban una querella en el juzgado en la que se denunciaba un uso totalmente irregular de los fondos destinados a fomentar el empleo en Canarias, y que procedían de la Unión Europea.Las irregularidades detectadas y posteriormente confirmadas por la Audiencia de Cuentas y por la Oficina de la Lucha Antifraude (OLAF) de la Unión Europea se referían al periodo comprendido entre 1992 y 1998. Justo los primeros años de vida de Coalición Canaria. La OLAF cifró en 13,4 millones de euros las cantidades que aún permanecían sin justificar en el año 2004. Hoy en día, un ex consejero de Empleo del Ejecutivo regional y cinco ex directores generales del Icfem, todos ellos miembros de Coalición Canaria en la década pasada, permanecen imputados.EL RECONOCIMIENTO. La tesis de la Fiscalía Anticorrupción, recogida en unos documentos secretos (borradores) cuya existencia ha sido reconocida a este periódico por el entonces fiscal instructor del caso, Valentín Ruiz, probablemente nunca se podrá probar en un juicio debido a una investigación criticada en todos los sectores de la sociedad canaria, incluido el judicial.Sin embargo, el que fuera director general del Icfem entre 1996 y 1998, Aurelio Ayala, apuntaló las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción en unas declaraciones efectuadas el 25 de octubre de 1996 al periódico LA PROVINCIA: "Muchos planes y políticas de empleo no son más que un reparto de dinero para la financiación de sindicatos y asociaciones empresariales", declaró Ayala antes de resultar imputado. En sus afirmaciones, excluyó lo que sí recogen los documentos de la Fiscalía Anticorrupción, que los fondos también pudieron servir para financiar el "nacionalismo canario". Ayala también aseguró ese día que "los cursos de formación deben servir para emplear y no para financiaciones paralelas". En esas declaraciones se fundamentó la querella inicial. Hoy, diez años después, la causa sigue viva y con muchos interrogantes.
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