CATT-GLOBAL Salcai-Utinsa S.A.: LOS EMPRESARIOS DE SANTA BRÍGIDA DEJAN SOLOS AL PP Y A LOS VERDES.

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

domingo, 7 de septiembre de 2008

LOS EMPRESARIOS DE SANTA BRÍGIDA DEJAN SOLOS AL PP Y A LOS VERDES.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

07/09/2008 (12:24 h.)
SE OPONEN AL NUEVO CENTRO COMERCIAL POR ''ILEGAL''
Los empresarios de Santa Brígida dejan solos al PP y Los Verdes.

CANARIAS AHORA. Las Palmas de Gran Canaria
También los empresarios de Santa Brígida se oponen al nuevo centro comercial que trata de legalizar el Ayuntamiento de la villa, gobernado por el PP y Los Verdes, cuando está a punto de celebrarse la vista por el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2004 contra los acuerdos municipales por los que se otorgó una licencia declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En un documento fechado el 14 de marzo pero revelado ahora, la Asociación de Empresarios de Santa Brígida instó al alcalde del municipio, Lucas Bravo de Laguna, del Partido Popular, a "incoar, instruir y resolver el expediente de revisión de oficio del contrato de concesión del Centro Comercial por ser nulo de pleno derecho e ilegal".

Se trata de una vieja polémica que arranca de mandatos anteriores del Partido Popular en la villa de Santa Brígida. El Ayuntamiento cedió unos terrenos localizados en el centro mismo del casco del municipio en favor de una unión temporal de empresas a la que se concedió una licencia municipal que la justicia ha declarado ilegal.

Además, a esa UTE se le exoneró del pago de alrededor de 600.000 euros de tasas municipales por la concesión de esa licencia, lo que en su día dio lugar a la apertura de diligencias penales aún por sustanciar.

La polémica del centro comercial ha estado adornada de diversos ingredientes políticos que han enredado la cuestión. En 2004, varios concejales del PSOE, en la oposición, interpusieron acciones judiciales, tanto penales como contencioso-administrativas, contra las decisiones municipales referidas al expediente del centro comercial.

Pero en 2007, dos de esos concejales abandonaron el PSOE y formaron parte de las listas de Los Verdes, partido que tras las elecciones de mayo de ese año firmó un pacto de gobierno con el PP. A partir de entonces, los concejales denunciantes retiraron sus acusaciones en la vía penal pero no han paralizado la vía contencioso-administrativa. Uno de los denunciados penalmente es el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, que en el momento de los hechos era concejal de Hacienda de la Corporación.

Así las cosas, el próximo día 29 se celebrará en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria vista oral para dilucidar acerca de la demanda interpuesta en su día por el que hoy es concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Antonio Ramírez. En aquel entonces, el demandante llegó a impugnar el pleno municipal en el que se aprobó el contrato de concesión administrativa de la obra pública del centro comercial del casco de la villa en favor de la UTE compuesta por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Saramema, S.L. y Estacionamientos y Servicios Cura Riviera, S.L.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha declarado ilegal la licencia otorgada a raíz del acuerdo plenario impugnado y el Ayuntamiento se encuentra en estos momentos incurso en los trámites administrativos necesarios para subsanar las ilegalidades detectadas por la Justicia y volver a otorgar la licencia de la polémica.