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Las Palmas G.C.El juzgado amenaza al Consistorio por no facilitar datos sobre los floteros.
La asociación de asalariados acusa al gobierno de no investigar los traspasos.
27-09-2008
Fila de taxis a la espera de cruceristas junto al muelle Santa Catalina. ANDRÉS CRUZ
TERESA GARCÍA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha amenazado con una sanción al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no facilitar al juez un expediente administrativo sobre presuntas irregularidades en la explotación de licencias de taxis que le reclamó el pasado mes de abril.
Dicha información fue solicitada por el juzgado al Ayuntamiento tras la presentación de un recurso contencioso- administrativo por parte de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria. La denuncia de los asalariados acusa al gobierno municipal de no investigar los traspasos ilegales de licencias a los floteros y otras supuestas irregularidades administrativas.
En el recurso presentado, los asalariados dan cuenta, con nombres y apellidos, de doce casos de traspasos irregulares de licencias, así como de jubilados o viudas, que siguen como titulares de las licencias, pese a que la ordenanza municipal del taxi lo prohíbe expresamente. Los denunciantes han solicitado al juez, asimismo, un listado de todas las licencias que han sido traspasadas desde 2005.
María Eugenia García Rocha, portavoz de los asalariados, señaló que parte de la información solicitada por el juez, y que el Ayuntamiento no ha facilitado hasta la fecha, tiene que ver con algunos de los casos denunciados en el juzgado. Según los asalariados existen en la ciudad entre 500 y 600 licencias explotadas de manera irregular por los floteros, pese a lo cual el "Ayuntamiento sigue sin hacer nada".
El coste de la multa con la que amenaza el juzgado al Ayuntamiento capitalino, en la diligencia notificada hace unas semanas, oscila entre 300,50 euros y 1.202 euros, que "será reiterada cada 20 días hasta el cumplimiento de lo requerido".
Para la asociación de asalariados la "negativa" del Ayuntamiento a facilitar los expedientes refleja "su falta de interés por aclarar y acabar con las irregularidades de los floteros. El actual gobierno socialista nos dijo hace un año que iba a actuar y crear un equipo especial para hacer la investigación, pero no se ha hecho nada de nada. Han hecho menos que el Partido Popular", dijo María Eugenia García.
Hay que recordar que la Fiscalía archivó en abril la denuncia presentada por los asalariados por considerar que había que esperar a que el Ayuntamiento acabara su investigación.
Por su parte, el concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana, Jesús González Dumpiérrez, aseguró desconocer la existencia de dicha diligencia en la que se recrimina al Ayuntamiento.
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