BARULLO EN GUAGUAS MUNICIPALES.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Opinión
08/08/2008
Viviendo en San Borondón.
Barullo en Guaguas Municipales
"Creo que la cosa está clara si se trata de aprovechar sinergias y ahorrar algunas subvenciones duplicadas por prestar el mismo o muy parecido servicio en líneas necesariamente deficitarias".

José Fco. Fernández Belda Las Palmas de Gran Canaria
No estoy muy seguro de que si el algo más que globo sonda lanzado por Jerónimo Saavedra, en relación con la entrada de capital no estrictamente público en la empresa municipal de guaguas, no pretende ir rompiendo las históricas resistencias numantinas al cambio, reorganización y racionalización de costes, servicios y plantillas que existen en esa empresa.

Supongo que lo ha hecho en su calidad de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, porque es bien sabido y reconocido que este veterano político no da puntada sin hilo y que además conoce perfectamente como usar la técnica de la gota malaya para horadar la roca más dura, dicen que de eso es la cara de algunos políticos, y para reconducir al sentido común y a la decencia a los más recalcitrantes rumiantes que gustan pastorear en los presupuestos públicos.

Y hablando de resistencias a toda prueba, si el alcalde de Soria, el también socialista Carlos Martínez Mínguez, es capaz de cargarse lo que fue la ciudad celtibérica de Numancia, reducida a ruinas en el año 133 a.C. por los romanos, para construir allí una nueva zona industrial en esa misma provincia, ¿por qué Saavedra no va a poder resolver o minimizar, de una vez por todas, el grave problema económico que esta cruz amarilla le supone a la ciudad desde que, en su día, el Ayuntamiento decidió expropiar y municipalizar Jardineras Guaguas?

¿Por qué no va a ser capaz, a estas alturas de su larga vida política, de reducir a un simple llanto y crujir de dientes las quejas tan interesadas como irracionales de algunos empleados?.

A pesar de todo, en las declaraciones del alcalde hay algo que, a mi juicio, convendría aclarar y poner todas las cartas boca arriba sobre la mesa. Desde luego y en principio, no veo ninguna razón lógica para que si hay capital privado que quiera apostar e invertir en un servicio público no pueda hacerlo y menos aún que se insinúe que eso es un atentado contra el bien común y la democracia. Como ya he expresado en algún otro artículo, creo que lo fundamental para el ciudadano es que se le oferte un buen servicio, con la calidad y el precio debido, y no que necesariamente hayan de ser funcionarios públicos los que lo presten.

No obstante, y dicho lo anterior, también es verdad que es muy sorprendente que haya personas o empresas que quieran arriesgarse a perder su propio dinero invirtiendo en una empresa altamente deficitaria y con pocos visos de mejorar, salvo que haya algún otro tipo de compensaciones que no se hayan explicado con claridad y que haga atractivo o conveniente esa inversión privada.

En estas cosas que atañen a la vida pública no bastan las intuiciones ni los denostados sanedrines, es necesaria mucha luz y taquígrafos. O si se quiere ser supermoderno, grandes focos alógenos alimentados con energía eólica, grabadoras mp3 y Blu-ray disc para el sonido y la imagen. Triste cosa sería vestir un santo y desvestir a la parroquia, utilizando compensaciones poco transparentes, con el dinero de todos, para que haya quien haga su negocio al socaire del poder, sin solucionar el problema general y sí el suyo propio.

Es de sentido común que un servicio público de transporte de viajeros de esta naturaleza no tiene, ni tal vez pueda, ser rentable en todas sus líneas y frecuencias. En la cuenta de resultados es necesario introducir el valor del servicio social prestado y el interés público. No obstante, eso no debe hacer olvidar que el déficit real que se genere, en euros contantes y sonantes, lo tiene que financiar alguien. Las cosas, aunque sean necesarias, no son gratuitas.

En los últimos decenios, la financiación con dinero público –que como decía la ministra, por ser de todos, no es de nadie– ha servido para costear las cosas más insólitas, el derroche escandaloso realizado por los políticos en fastos y representaciones, en lugar de invertirse en las auténticas necesidades sociales. El transporte público, sin duda, es una de ellas.

Tampoco logro entender, menos aún en los que pretenden comparar Guaguas Municipales con Titsa, la oposición o reticencia a que participe en el accionariado de la primera, la empresa de economía social Global, máxime cuando esta última ha recibido en el año 2002 el premio a la Mejor Empresa del Año de España en la modalidad de Transporte Regular, que otorga la prestigiosa revista nacional Autobuses y Autocares para resaltar el trabajo de las operadoras del sector.

Creo que la cosa está clara si se trata de aprovechar sinergias y ahorrar algunas subvenciones duplicadas por prestar el mismo o muy parecido servicio en líneas necesariamente deficitarias por el número de usuarios o por el emplazamiento de los núcleos de población.

Cosa distinta, aunque también discutible, sería si ambas empresas fueran totalmente privadas y estuvieran defendiendo cada una de ellas sus derechos concesionales y, por lo tanto, sus legítimas expectativas de beneficios. Pero, a mi entender, éste no es el caso.