"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
EL ECONOMISTA
Más de uno se preguntará las razones que animan a Telefónica para cambiar tan rápidamente de opinión en materia de ajustes laborales... y la respuesta se reduce a cinco palabras: la duración del convenio colectivo. Ahí está el meollo del asunto.
Hagamos un repaso. La compañía de telecomunicaciones desveló a finales de abril su intención de reducir la plantilla en España en casi 6.000 empleos durante los tres próximos años. Un mes después, a finales de mayo, el operador amplió el ajuste hasta los 8.500 puestos en cinco años.
Ese último dato volvió a cambiarse el pasado martes, fijándose un recorte de 6.500 empleos de nuevo en tres años. Visto lo visto, nadie debería extrañarse si se produce un nuevo baile de cifras y plazos, ya que la memoria del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) se seguirá negociando hasta finales de junio.
A vueltas con el convenio
El motivo de tanto vaivén está íntimamente relacionado con la aprobación simultánea del ERE y del convenio colectivo. Los sindicatos consideran que ambos conceptos deben ir unidos, aunque eso obligue a realizar en 30 días un esfuerzo negociador que, en condiciones habituales, suele prolongarse durante varios trimestres. De esa forma, el gran escollo de todas las últimas reuniones giró en torno a la vigencia del convenio. ¿Tres o cinco años?
Los sindicatos pretenden que la estabilidad laboral sea la máxima posible, es decir, cinco años, mientras que la compañía no acepta semejantes ataduras. Razones no les faltan a unos y otros. Con sorprendente conformidad, los representantes de los trabajadores aceptaron que el número de regulados aumentara en 2.000 personas ya que, al mismo tiempo, se aseguraban la 'paz laboral' durante un lustro.
Es decir, aceptaron sacrificar nuevas desvinculaciones laborales a cambio del beneficio del resto de los empleados. Entre las ventajas para los trabajadores sobresale la estabilidad de la plantilla, incluso después del término del ERE, así como la ausencia de recolocaciones y procesos de movilidad geográfica o de funciones a criterio de la empresa.
El grupo Telefónica, por su parte, está obligado a reajustar sus cálculos con cada modificación de cualquiera de las variables de sus tablas 'excel'. Eso tuvo que hacer cuando el operador se comprometió voluntariamente a asumir todos los costes públicos de las desvinculaciones, para que al Estado no le cueste un céntimo la reducción de empleo de la empresa con más beneficios, ingresos, clientes y accionistas del país.
Sobre los cincos años de convenio demandado por los sindicatos, resulta fácil entender las resistencias por parte de Telefónica. Parece asumido que el universo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información evoluciona a velocidades de vértigo y que un lustro es una eternidad en este negociado. Basta con echar la mirada al panorama que existía en 2006 para comprender que en esos años no se había producido la explosión de las redes sociales o de Internet en el móvil, ni tampoco existían los 'iPhones' o 'smartphones' en los bolsillos de medio país. Por todo ello, resulta lógico pensar que Telefónica no comprometa su futuro con decisiones demasiado aventuradas.
El ERE tendrá un coste de 2.600 millones
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