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CANARIAS SEMANAL
“13.500 familias isleñas ya han sido despojadas de sus viviendas y continúan endeudadas con las entidades financieras”.
El pasado mes de mayo dábamos la noticia desde las páginas de esta misma publicación digital. Desde el comienzo de la crisis económica 13.500 familias canarias han sido despojadas de sus viviendas por las entidades bancarias, al ser incapaces de continuar haciendo frente al pago de sus hipotecas. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial en La provincia de Las Palmas perdieron sus hogares 6933 familias y en la de Santa Cruz de Tenerife otras 6650. Solamente entre el año 2007 y el 2008 las ejecuciones hipotecarias aumentaron en un 123%, mientras que entre 2008 y 2009 lo hicieron en un 72%.
Tras conocerse los datos del CGPJ el delegado en el Archipiélago de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANK) Gerónimo Barrera señalaba que "los afectados en Canarias serán 20.000, ya que los avalistas también pueden salir perjudicados en estos procesos". La pasada semana, la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) incrementaba significativamente esta previsión. Según la AFES serán 28.000 las familias que perderán su vivienda en los próximos cinco años en Canarias como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias. Este colectivo basa sus estimaciones justamente en las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial y calcula que alrededor del 1.33% de las familias isleñas pueden perder sus hogares.
En el conjunto del Estado español se estima que alrededor de 350.000 familias perderán su vivienda en el plazo mencionado, según los cálculos de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas. Sin embargo, la AFES destaca que al ser Canarias una de las comunidades autónomas donde la crisis económica “está golpeando más fuerte”, estos desahucios tienen también una especial incidencia en el Archipiélago.
Los procedimientos de ejecuciones hipotecarias que viene efectuando la banca española han sido radicalmente cuestionados por estas asociaciones de afectados, por algunos representantes de la judicatura y por otras plataformas ciudadanas. Actualmente, son los propios bancos y cajas que otorgaron en su día las hipotecas quienes determinan el valor de los inmuebles, quedándose a menudo con ellos por el 50% del valor de la tasación inicial. Esta práctica obliga a los ciudadanos desahuciados a permanecer endeudados para cubrir la diferencia entre dicho valor, establecido de forma arbitraria, y el importe total de la hipoteca que firmaron. Así, ha comenzado a cobrar cada vez más fuerza la reclamación de una modificación de la ley Hipotecaria, que permita que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la deuda contraída. El pasado martes 10 mayo, no obstante, los grupos parlamentarios del PSOE y el Partido Popular se coaligaban en el Congreso de los Diputados para derrotar dos iniciativas que reclamaban una reestructuración del sistema financiero que satisfaciese dicha reclamación.
Pero, más allá de estas iniciativas y otras como la ILP presentada el 30 de marzo con este misma finalidad, la principal resistencia al despojo que están sufriendo cientos de miles de familias del Estado por parte de la Banca la están protagonizando los mismos afectados. Éstos han comenzado a organizarse en plataformas, van más allá en sus reclamaciones y ya han conseguido frenar algunas ejecuciones hipotecarias. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca creada en Cataluña en 2009 “para coordinar a las víctimas del crack de la burbuja inmobiliaria y defender su derecho a una vivienda digna”.
Para Ada Colau -
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