El magistrado considera que UGT y Fundescan “son la misma cosa”, con lo que el sindicato asume en su totalidad la deuda que la fundación tiene contraída con la Seguridad Social, La Caja de Canarias y la plantilla de trabajadores, formada por 160 personas que fueron despedidas el pasado año sin abonar indemnizaciones ni salarios.
Los administradores concursales (entre otros, Montero y Aramburu) solicitaron al juez el embargo preventivo de la UGT para saldar los débitos. En este sentido, el Juzgado eximió a los gestores de Fundescan, cuya defensa correspondió a Garrigues y Asociados.
En la actualidad, Fundescan está inactiva. Los cursos formativos los imparte directamente UGT-Canarias, aunque su funcionamiento es desde hoy una incógnita. Fuentes sindicales aseguran que la estructura insular carece de fondos y patrimonio para afrontar la condena, con lo cual la federal deberá asumir “parte o todo de los 9 millones”.
Los impagos de Fundescan se remontan a 2004, cuando el sindicato acordó ampliar la plantilla en la fundación tras convertirse en uno de los principales centros colaboradores de la formación en Canarias. En una década gestionó cursos por valor de 30 millones de euros, pero la diversificación en programas de asistencia por violencia de género o desarrollo en el exterior (Cuba y Cabo Verde), acabaron por socavar los cimientos de gestión.
Más líos
El sindicato UGT tiene más frentes abiertos. Su rama de los trabajadores autónomos, UPTA-UGT, se ha colado en el Consejo estatal de los autónomos gracias a la sospechosa ayuda del Ministerio (recordemos que el Ministro de Trabajo es asalariadougetista en excedencia), pese a ser una asociación minoritaria.
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