RAJOY AMNISTÍA A LOS GRANDES LADRONES FISCALES

CANARIAS SEMANAL

"Si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos que se les van a subir y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra". Quien se expresaba de esta manera, en junio de 2010, era nada más y nada menos que la número

dos del Partido Popular María Dolores de Cospedal. Por aquellas fechas, Cospedal se refería al intento del Ejecutivo Zapatero de conceder una amnistía fiscal a las rentas más altas y las grandes empresas, que son las que son las que defraudan el 70% del total de las decenas de miles de millones que anualmente pierde el Estado español por no combatir el fraude fiscal.

"Lo que es impresentable es que la salida que tenga el gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado a hacienda. Nosotros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales" - aseguraba entonces la Secretaria General del PP-.

Menos de un año después de realizar esas declaraciones, y solo un día después de la Huelga General, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del Ejecutivo ultraderechista, Cristóbal Montoro, comparecía en rueda de prensa para anunciar, justamente, la aprobación una amnistía fiscal para los grandes defraudadores.

Según especificó Montoro durante su comparecencia pública, el capital que retorne a España, o los capitales en "negro" que se encuentren dentro del Estado se podrán acoger a dicha amnistía pagando un gravamen especial de entre un 8 y un 10%. De esta forma, quienes han defraudado a la Hacienda Pública podrán evitar cualquier tipo de sanción.

"Los contribuyentes que así lo deseen y afloren el capital oculto quedarán regularizados a cambio de pagar un 10%", aclaró el ministro de Hacienda. La medida aplicada por el GobiernoRajoy ha provocado la reacción inmediata de los inspectores de Hacienda, quienes la han calificado como "muy injusta" e incluso "anticonstitucional". Los técnicos de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechazan frontalmente esta amnistía por "el efecto perverso de la misma". A partir de ahora -afirman - "cualquier defraudador queda exonerado de penalización o sanción, de manera que se está incentivando el fraude fiscal en el futuro, y en España está por encima de la media europea".

UN ROBO DE DECENAS DE MILES DE MILLONES DE EUROS

La reacción de los funcionarios de Hacienda se encuentra plenamente justificada. La amnistía fiscal que -según sostiene hoy Dolores de Cospedal - “va a ser buena para todos los ciudadanos” significa, de facto, legalizar la evasión de decenas de miles de millones de euros efectuada por los grandes capitales del estado. De acuerdo a las declaraciones de Cristóbal Montoro, el Ejecutivo del PP confía en recaudar unos 2500 millones de euros mediante esta medida, mientras que -según los cálculos de Hacienda - deberían recaudarse entre 25.000 y37.000 millones si los defraudadores pagaran lo que establece la legislación vigente.

Según los técnicos de la Administración, la amnistía gubernamental no sólo entierra definitivamente el principio constitucional, según el cual todos deberían “contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica". La medida -advierten - también dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria, al tiempo que puede provocar un "derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos, perjudicando a la economía española".

SIN DINERO PARA LOS DEPENDIENTES

En la misma rueda de prensa en la que hacía pública esta legalización, de facto, del "fraude fiscal", Cristóbal Montoro anunciaba también los nuevos recortes en materia social que aplicará su Gobierno. Entre ellos, una recorte de 1.557 millones de euros en los presupuestos destinados a políticas para la creación de empleo, que ya había disminuido en un 5,5, en 2011.

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en persona confirmó que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 incluirán un nuevo recorte en Sanidad, del 13,7% y en Educación, del 21,2%. Mientras, el presupuesto destinado a ayudas a la Dependencia pasará de 283 millones a 0 millones. Es decir, que el Ejecutivo Rajoy elimina definitivamente estas ayudas destinadas a unos de los sectores de la sociedad con mayores necesidades.