Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

lunes, 9 de abril de 2012

El Archipiélago ya se encontraba a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

43.000 "DEPENDIENTES" CANARIOS SACRIFICADOS POR LOS RECORTES

CANARIAS SEMANAL

43.000 "dependientes" canarios, que actualmente cobran prestaciones económicas oreciben alguna otra prestación recogida en la Ley de Dependencia, pueden convertirse en los nuevos damnificados de los brutales recortes impuestos por el Ejecutivo Rajoy en los Presupuestos de 2012.

Así lo advertía la consejera regional de Políticas Sociales, Inés Rojas, quien a finales de la pasada semana acusaba a sus ex socios de gobierno del Partido Popular de haber aprobado unos Presupuestos Generales“que vulneran” dicha Ley.

En comparecencia pública, Rojas denunció que la Administración central "ha dejado a cero"una partida anual de 283 millones que se repartía entre las comunidades autónomas para atender la dependencia. Una reducción que en las Islas se traducirá en unos ocho millones de euros. Rojas aseguró, igualmente, que con dicha disminución presupuestaria “será casi imposible poder incorporar a más gente en el sistema", teniendo en cuenta que hay una lista de espera de unos 20.000 canarios dependientes”, al tiempo que prometió que el Gobierno autónomo "estudia cómo mantener los servicios para los usuarios que los están recibiendo actualmente". La consejera apuntó, asimismo, que alrededor de 9.000 personas están recibiendo hoy una prestación económica por cuidado en el entorno familiar, servicio dotado con 40 millones de euros al año.

UN GOBIERNO AUTONÓMICO POCO EJEMPLAR: LLUEVE SOBRE MOJADO

La situación de los dependientes canarios, sin embargo, se antoja aún más grave de lo que podría desprenderse de las declaraciones efectuadas por la Consejera Inés Rojas. La aplicación en las Islas de la Ley de Dependencia por parte del Ejecutivo regional, desde a su aprobación hasta la fecha, no permite ser precisamente optimistas en relación a la gestión que éste pueda hacer, en este momento, de los escasos recursos que a esa partida ha destinado el Gobierno de Mariano Rajoy.

El pasado año 2011, los informes efectuados por el Observatorio de la Dependencia,promovido por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, situaban al Archipiélago canario a la cola de la aplicación de esta ley, con una nota de 0,5 puntos. En esa fecha, en Canarias había un 60% de personas dependientes con derecho reconocido que aún esperaban ser atendidas, mientras que en el conjunto del Estado la media de dependientes en esta situación era del 30%.

El VII Dictamen del Observatorio de la Dependencia ha venido puntuando cada seis meses la actuación de las comunidades autónomas, desde diciembre de 2008, en lo referente a la Ley de Dependencia. A finales del 2011, Canarias (0,5 puntos), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (tres), Madrid (3,5) y Baleares (4,5), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (cuatro) se encontraban entre las regiones donde sus respectivos Ejecutivos autonómicos no materializaban las prestaciones estipuladas en la normativa legal a pesar de recibir la financiación correspondiente para hacerlo. Una situación que ha sido señalada por algunos juristas canarios como un presunto fraude de ley cometido por la administración regional.

A lo largo de estos años, no obstante, las recurrentes denuncias públicas sobre este incumplimiento fueron sistemáticamente desoídas por el Ejecutivo canario. Con tales antecedentes, pues, la perspectiva para los dependientes isleños en la actual coyuntura de ajustes presupuestarios -aplicados principalmente a los servicios sociales esenciales - no puede se dibuja con tonos verdaderamente dramáticos.