CATT-GLOBAL Salcai-Utinsa S.A.: El juez resalta que las razones de los 29 despidos realizados de mayo a octubre y las del ERE eran "las mismas e idénticas", lo que supone "un claro y patente fraude de ley y un abuso de derecho".

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

miércoles, 4 de abril de 2012

El juez resalta que las razones de los 29 despidos realizados de mayo a octubre y las del ERE eran "las mismas e idénticas", lo que supone "un claro y patente fraude de ley y un abuso de derecho".

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Los despidos del Ayuntamiento mientras se pedía un ERE son fraudulentos

CANARIAS7

El Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) incurrió en fraude de ley al despedir a 29 empleados laborales entre mayo y octubre de 2011 invocando causas económicas, sin incluirlos en el expediente de regulación de empleo que presentó en esas mismas fechas apoyándose en los mismos motivos.

Así lo dispone una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gáldar, que estima el recurso interpuesto por dos de esos 29 trabajadores despedidos y ordena al Ayuntamiento que los readmita y les pague los salarios que han dejado de percibir desde que fueron rescindidos sus contratos, el 24 de agosto del año pasado.

La sentencia reconoce que el Estatuto de los Trabajadores faculta a los ayuntamientos para despedir a sus empleados laborales por causas económicas objetivas y justificadas, como hizo Gáldar.

Sin embargo, recuerda que, en las mismas fechas en las que rescindió esos 29 contratos por razones económicas objetivas, presentó al Gobierno de Canarias una propuesta de expediente de regulación de empleo (ERE) apoyado en esos mismos argumentos.

En ese ERE, la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias autorizó a este ayuntamiento del norte de Gran Canaria a rescindir los contratos de 17 trabajadores laborales y enviar seis meses al paro, en dos turnos, a otros 87 empleados laborales.

El juez resalta que las razones de los 29 despidos realizados de mayo a octubre y las del ERE eran "las mismas e idénticas", lo que supone "un claro y patente fraude de ley y un abuso de derecho".

"La entidad pública debía haber incorporado al indicado ERE a la totalidad de los trabajadores cuyos contratos pretendía extinguir por causas económicas, técnicas organizativas o de producción y no, mediante un subterfugio legal, acudir al cauce previsto en el artículo 52.c del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores", argumenta el magistrado Ángel Miguel Martín.

Contra esta sentencia aún cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En un comunicado, UGT extiende los efectos de la sentencia conseguida por estos dos trabajadores a los otros 27 despedidos en agosto del año pasado por el Ayuntamiento de Gáldar y hace responsable de lo ocurrido a su alcalde, Teodoro Sosa (NC), y primera teniente de alcalde, Encarnación Ruiz (PSOE).

El sindicato sostiene que este fallo -si se extiende a las otras 27 rescisiones de contrato- supondrá al Ayuntamiento "el pago de la mayor indemnización económica por despidos de su historia, en concepto de salarios de tramitación, cifrada en más de 400.000 euros".

UGT defiende que estos hechos son graves y que "los responsables políticos de este desaguisado" deberían dimitir de sus cargos y "pagar de su bolsillo los daños económicos que han ocasionado al Ayuntamiento con su conducta fraudulenta".