Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

miércoles, 4 de abril de 2012

Los técnicos de Hacienda cifran en 7.715 millones el fraude fiscal en las Islas.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

¿QUIÉNES SON LOS DELINCUENTES FISCALES QUE DEFRAUDAN MÁS DE UN BILLÓN DE PTAS. EN CANARIAS?

CANARIAS SEMANAL

Apenas unos días después de que el Ejecutivo Rajoy anunciara la imposición de una amnistía fiscal para los grandes defraudadores, el sindicato Gestha - mayoritario entre los técnicos de Hacienda- ha hecho públicos los datos sobre fraude fiscal referentes a Canarias.

Según la estimación realizada por dicha organización sindical, este fraude asciende a unos3.128,9 millones de euros en la provincia de Las Palmas y otros 4.586,6 millones en la de Sta. Cruz de Tenerife. Es decir, un total de 7.715 millones de euros de dinero negro que no es tributado. Para poder calibrar la magnitud que alcanza en las islas esta práctica defraudatoria basta señalar que dichas cifras solamente es superada por Madrid (24.204 millones), Barcelona (21. 338 millones), y Valencia (8.868 millones).

El origen fundamental de este fraude también se encuentra perfectamente establecido por los técnicos de Hacienda. El 70% lo realizan las grandes fortunas del Archipiélago y lascorporaciones empresariales, con capacidad y recursos suficientes para evadir impunemente el pago de sus impuestos. Un porcentaje que no varía a nivel estatal, donde - según Gestha - el total de riqueza no declarada a Hacienda es de aproximadamente 250.000 millones de euros.

El sindicato Gestha ha realizado también una aproximación al tamaño de la economía sumergida en las distintas comunidades autónomas, según la cual las actividades no declaradas en Canarias, sin incluir las propiamente delictivas como el narcotráfico, mueven unos 11.650 millones de euros. Cantidad que equivale al 28,7%del PIB regional y que se divide entre los 7.715 millones procedentes del fraude fiscal -dinero o bienes ocultados a Hacienda- y 3.937 millones correspondientes al fraude laboral. Trabajos contratados sin mediar alta en la Seguridad Social.

"ENJUAGANDO DELITOS FISCALES A PRECIO DE SALDO"

Ante esta realidad, los funcionarios de la Administración no han dudado en denunciar la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular, calificándola como "muy injusta" e incluso "anticonstitucional". Y es que la medida aprobada por el Ejecutivo Rajoy permitirá que los capitales evadidos a paraísos fiscales -o una parte de ellos- puedan retornar el país, sin ninguna penalización y mediante el pago de un 8% a la Agencia Tributaria. Del mismo modo, la amnistía permitirá que los capitales ocultados a Hacienda, al liquidar el impuesto de sociedades o el IRPF, se puedan "blanquear", sin sanción alguna, pagando un gravamen equivalente al 10%.

De esta manera - advierte desde Gestha -“se enjuagan delitos fiscales a precio de saldo”.Para justificar este regalo gubernamental a los grandes defraudadores, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura en comparecencia pública que con dicha medida prevén recaudar unos 2.500 millones de euros. Es decir, un escuálido 1% de la riqueza no declarada en el Estado según Gestha.

No es extraño, pues, que los técnicos de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) hayan rechazo contundentemente la amnistía fiscal por "el efecto perverso de la misma". A partir de ahora -dicen - "cualquier defraudador queda exonerado de penalización o sanción, de manera que se está incentivando el fraude fiscal en el futuro, y vulnera el principio constitucional según el cual todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica”.