Un portero profesional, en horas de la noche del pasado jueves, en una sala de ocio de la capital grancanaria.
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Blanca Esther Oliver Las Palmas de Gran Canaria
Cada vez que se produce un incidente grave o, en el peor caso, una muerte en la que está implicado un portero de discoteca, la imagen de todo el colectivo profesional queda muy dañada. Los afectados rechazan esa brutalidad, pero dicen sentirse indefensos, sin una ley que regule su trabajo.
El trágico final del joven Álvaro Ussía, de sólo 18 años, que perdió la vida el pasado día 15 de noviembre durante una pelea con un portero de una discoteca en Madrid, ha vuelto a poner sobre la mesa la controversia que suscita en la sociedad el trabajo de estos profesionales a los que, ya de entrada, se les supone chulos y matones.
Así, si la profesión en sí ya tiene mala fama, estos casos de brutalidad han contribuido a estigmatizar aún más al colectivo. Sin embargo, los empresarios de la noche de Las Palmas aseguran que Antonio Sánchez Serrano, Pitoño, quien presuntamente mató a golpes y estalló el corazón de Ussía, es una de las pocas ovejas negras que tiene este sector, como ocurre en cualquier otro ámbito profesional.
Antonio Márquez, presidente de la Asociación empresarial de salas de fiestas, salas de baile, discotecas y ocio de Las Palmas, afirma que los empresarios contratan a los porteros para que sean la primera imagen de su negocio. «Su trabajo no es amedrentar al cliente y mucho menos tratarlo a patadas, sino todo lo contrario. Controlan que las actividades del local se desarrollen sin incidentes e impiden la entrada a aquellas personas conflictivas o que se presentan en la puerta con algunas copas o sustancias de más».
Márquez incide en que, en la actualidad, «los porteros son más relaciones públicas que matones. Esa es una percepción errónea. Ellos están para ayudar al cliente y para pacificar. Además, cuentan con el apoyo de vigilantes jurados. Su función es llevar el control de acceso al local, hacer que se respete un orden, no permitir que se supere el aforo y, en caso de conflicto, llamar a la Policía».
El presidente de la patronal indica que los empresarios están muy sensibilizados con este asunto. «Ninguno busca porteros chulos y agresivos, porque son la cara de tu negocio», dice. «Los casos de brutalidad que se producen se deben normalmente a problemas que surgen entre dos personas, no entre un profesional y un cliente».
De cualquier manera, no todo es tan idílico como puede parecer, dado que el colectivo carece de una normativa que regule convenientemente su actividad. Una ley o un reglamento que los mismos empresarios llevan mucho tiempo reclamando al Gobierno autónomo y a los ayuntamientos sin que hayan obtenido una respuesta todavía.
«Llevamos años pidiendo una fórmula para regular la actividad, así como que se organicen cursos de formación para el sector pero aún no hemos conseguido nada», señala. «Reclamamos, sobre todo, un marco jurídico en el que ellos puedan ampararse para poder hacer su trabajo. Y que se regule el derecho de admisión, que hoy está muy en el aire, al albur de una ley antigua que presenta muchos flecos y que está sujeta a muchas interpretaciones. Y es precisamente de esas carencias de donde se derivan la mayor parte de nuestros problemas».
Por fortuna, Márquez comenta que la actual precariedad normativa podría tener solución en breve, dado que se está trabajando en un reglamento de actividades clasificadas que, en teoría, podría ponerse en marcha el año que viene y en el que, al parecer, se incluyen algunos aspectos que contribuirán a que los porteros profesionales puedan trabajar, por fin, amparados por una ley.
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