Economía
05/12/2008 Actualizada a las 18:01
La derrama de Sestiba subirá a 1,5 millones de euros el año próximo.
J.S. Mujica Las Palmas de Gran Canaria
Las empresas estibadoras siguen asumiendo compromisos financieros para garantizar el futuro de Sestiba. Al abono extraordinario de 900.000 euros acordado el pasado martes en el consejo de administración de la entidad, le seguirá otro de 1,5 millones el año que viene, según las primeras estimaciones sobre la caída del tráfico de mercancías, que afectará significativamente a los buques de cabotaje y de graneles.
La pérdida de actividad influye en el descenso de la mano de obra, de ahí que Sestiba decidiera aplicar un expediente de regulación de empleo, que afectaría a medio centenar de personas.
Las últimas 48 horas han sido un hervidero de encuentros, negociaciones y conversaciones a todas las bandas. Las empresas se han reunido en sesiones maratonianas; la Coordinador Sindical ha intensificado sus asambleas y la Autoridad Portuaria tiene abiertos los teléfonos las 24 horas en el caso de que se requiera su mediación.
Ante el temor a que se materialice un conato de huelga en plena campaña navideña, la mayor terminal de contenedoras, Opcsa, ha desplegado sus fuerzas en dos vectores. La dirección ha dado órdenes precisas a su director general, Juan Pérez, para que «trabaje en sintonía con la Autoridad Portuaria», según fuentes empresariales. Por otro lado, ha colocado en el centro del tablero a una de sus mejores piezas, el ex presidente de la Autoridad Portuaria hasta 1997, José Manuel Hernández, encargado de limar asperazas con el sindicato gremial.
Por su parte, la central de trabajadores tampoco se está quieta y juega con dos ventajas adicionales: la experiencia y la unidad. La plantilla la forman 550 trabajadores sindicados hasta los dientes y sus dirigentes llevan tantos años negociando que conocen el valor de un buen asesoramiento.
En este sentido, el sindicato consulta sus movimientos con otros pesos pesados en la historia de Sestiba: el ex presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnaiz, y, sobre todo, el ex gerente de la sociedad, José Olivares, y el abogado laboralista y ex consejero de Empleo del Gobierno canario, Víctor Díaz. La Autoridad Portuaria ofrece la «solvencia política y técnica» del presidente, Javier Sánchez Simón, y el papel regulador que le confiere la Ley, el Estado y el Gobierno.
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