EL ESTADO VIGILA EL PLAN SOBRE EL LITORAL ELABORADO POR CC Y PP.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Política
28/07/2008 Actualizada a las 11:56
El Estado vigila el plan sobre el litoral elaborado por CC y PP.
Construcción dedicada a la hostelería en la playa del Agujero, en Gáldar.
Antonio F. de la Gándara Las Palmas de Gran Canaria
El Estado vigila con preocupación la proposición de Ley presentada por CC y PP en el Parlamento para modificar la Ley de Ordenación del Territorio y autorizar las construcciones «pintorescas o con valor etnográfico» ubicadas en el dominio marítimo-terrestre.
La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente no descarta acudir a los tribunales si el Gobierno de Canarias aprueba la proposición de ley presentada en el parlamento canario por los grupos del pacto de gobierno (CC-PP) para modificar el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales.
La proposición de ley, tomada en consideración por el pleno del Parlamento el pasado 24 de abril con el voto en contra del grupo socialista, pretende otorgar competencias a la Comunidad Autónoma para fijar el limite interior del deslinde marítimo terrestre y legitimar a la Consejería de Política Territorial para autorizar las construcciones ilegales que hoy existen en el litoral que tengan «un valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco».
El proyecto ya ha dividido al Consejo Consultivo de Canarias, que en junio informó favorablemente el proyecto, pero con dos votos particulares: el de los consejeros propuestos por el PSOE Luis Fajardo Espínola y Óscar Bosch Benítez y otro del consejero propuesto por Nueva Canarias, José Suay Rincón. Fajardo y Bosch apuntan en su voto que la proposición es «manifiestamente contraria» no sólo a la Ley de Costas, sino a la Constitución.
La proposición de ley controvertida, presentada a la mesa de la cámara el 22 de enero por los portavoces de CC (José Miguel Barragán) y PP (María Australia Navarro) indica en su exposición de motivos que «sin perjuicio de la habilitación que la Ley de Costas confiere a la Administración del Estado para la modificación de los deslindes ya aprobados, en la práctica dichas decisiones administrativas suponen una merma de la confianza legítima de los ciudadanos de nuestras islas en la perpetuación de situaciones patrimoniales que se han mantenido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, con deslindes vigente y favorables a tales situaciones».
Apunta además que los actuales deslindes aprobados por la Administración del Estado han motivado «la protesta unánime de los colectivos ciudadanos afectados, los cuales demandan una mayor seguridad jurídica en el mantenimiento de su patrimonio».
«Coincidente con esta situación», prosigue la proposición de ley, «se aprecia la existencia en el litoral de núcleos inmemoriales representativos de valores culturales y etnográficos propios de las islas que deben ser considerados en la protección y conservación del demanio marítimo-terrestre».
El artículo 3º de la proposición de ley señala que la Consejería competente del Gobierno canario podrá autorizar construcciones ubicadas en el demanio marítimo-terrestre teniendo en cuenta su valor «etnográfico, arquitectónico o pintoresco» y considerando «su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social», eso sí, siempre que su dueño se comprometa a instalar los servicios urbanísticos básicos, «especialmente el sistema de evacuación de aguas».