LA REFORMA EDUCATIVA DEL PP: ¿CALIDAD PARA TODOS O EXCELENCIA PARA UNOS POCOS?

CANARIAS SEMANAL

Un mes después de la formación del nuevo gobierno del Estado, el ministro de Educación, el señor Wert, anuncia en el Congreso "reformas rápidas", y las comunidades educativas de la enseñanza pública nos echamos a temblar, porque al demoledor discurso mantenido en la comparecencia ante la Comisión de Educación el martes 31 de enero se suma lo que se está haciendo en las Comunidades gobernadas por el Partido Popular, que sabemos es la hoja de ruta que seguirá el Gobierno del Estado.

UNA REFORMA QUE CULPABILIZA AL ALUMNADO

El eje fundamental sobre el que el Partido Popular asienta la necesidad de esta reforma es, según el Ministro, la mejora de la calidad educativa. Pero la propuesta que hace el Ministerio no parte de buscar las causas de los problemas existentes y establecer soluciones. Muy al contrario, parte de una interpretación sesgada de los datos sobre el fracaso escolar y las causas del mismo, y, a continuación, deduce la arriesgada conclusión de que "tenemos que reformar el sistema". Frente al análisis de las causas estructurales que están provocando que determinados sectores sociales estén abocados al fracaso, se culpabiliza a los alumnos y alumnas de este fracaso. Y se les hace responsables de los bajos índices de excelencia educativa existentes en el Estado español, ocasionados, según el Sr. Ministro, por las "dificultades de aprendizaje" de este alumnado, el "poco esfuerzo" realizado, o la asunción de "la cultura del acomodo y la mediocridad". De esta forma las "víctimas" que fracasan las convierte en culpables de ese fracaso.

La reforma del señor Wert no es una acción aislada. Él mismo la presenta como uno de los principales pilares del proyecto de reformas del Partido Popular. Responde a una línea de pensamiento, de actuación, de política, de visión del mundo y de la sociedad, acorde al paradigma neoliberal, una visión que pretende justificar una reforma con criterios empresariales, una reforma que acelere una progresiva privatización del servicio público de la educación.

LA REDUCCIÓN DE UN AÑO EN LA ESO QUIEBRA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y GRATUÍTA

Reducir un curso la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y aumentar un año el bachillerato es una de las líneas prioritarias de esta Reforma del Gobierno del Señor Rajoy.

Partiendo de que veintiséis de cada cien alumnos y alumnas de la ESO no finalizan esta etapa y buena parte de los que la abandonan han repetido, por lo que no llegan a cursar ni 3º ni 4º, es evidente que el alargamiento del Bachillerato, a costa de la ESO, no va a colaborar, en absoluto, a disminuir el fracaso escolar. Los datos cantan: a muchos de los que hoy el sistema público de educación no les está ofreciendo las condiciones para alcanzar el éxito escolar, no están cursando bachillerato. Sin embargo, sí podrá contribuir a reducir gastos, dado que el aumento de la ratio del último curso de la "nueva" enseñanza obligatoria traerá consigo un ahorro en la plantilla docente. Se obtiene, además, de rebote, un aumento del éxito escolar en el Bachillerato, que puede ser presentado como un logro de importantes proporciones.

A la par, se trata de adecuar la enseñanza a las nuevas exigencias de la demanda del mercado: mientras un sector minoritario de la población recibirá una formación de élite, que cubra las necesidades de personal altamente cualificado de la estructura productiva; se incrementará sustancialmente la población con bajo nivel de cualificación, que el mercado estará esperando con los brazos abiertos.

Junto a esta medida "estrella" del gobierno del PP, se incluye una Reforma de la Formación Profesional "dual" tipo alemán. Una FP "dual" que, desde el discurso de la necesidad de combinar formación y actividad laboral para bajar los índices de paro juvenil, en un país con escaso tejido industrial, lo que hará será separar al alumnado en función de una selección hecha desde las empresas, empresas que, en su mayoría, convertirán a las y los estudiantes en aprendices sin sueldo.

A los 15 años, chicas y chicos, deberán decidir si van al bachillerato o a la Formación Profesional y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso, incluso si piensan dejar los estudios a los 16 años. Establecer, a esta edad, una doble vía no equivalentes cuestiona el tronco común de formación para todos y todas y quiebra un derecho fundamental como es la educación obligatoria y gratuita, en condiciones de igualdad de oportunidades, hasta los 16 años.

GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN ES UN DEBER DE LOS PODERES PÚBLICOS

El PP olvida, recortando la inversión en la enseñanza pública, poniendo obstáculos que impiden a parte del alumnado continuar con sus estudios y aumentando los conciertos con la red de centros privados, que garantizar el ejercicio del derecho a la educación de la ciudadanía mediante las acciones oportunas, no es un acto voluntario del Gobierno de turno, sino un deber incuestionable de los poderes públicos. Precisamente uno de los objetivos de esta reforma, manteniendo la obligatoriedad hasta los 16 años, con el primer curso de bachillerato, es abrir el camino de la concertación de todo el bachillerato.

No hay apuesta por el éxito escolar de todo el alumnado en las medidas presentadas por el Ministro de Educación, no se bajarán las tasas de fracaso escolar y de abandono escolar temprano, porque no hay apuesta por la escolarización temprana (educación infantil de 0 a 3 años), ni por la reducción del número de alumnos y alumnas por aula, ni por las medidas de apoyo y refuerzo educativo, de atención a la diversidad, ni por la educación personalizada, ni por la participación de la comunidad educativa… elementos imprescindibles para elevar la calidad del sistema y hacerlo más atractivo en todos los niveles educativos.

HAY QUE APOSTAR POR EL ÉXITO ESCOLAR DE TODAS Y TODOS

Por ello, en estos momentos, se hace imprescindible llenar de contenido el modelo de enseñanza pública que queremos y la calidad educativa que perseguimos. Apostamos por una educación como un servicio público que persigue el desarrollo integral y la formación de una ciudadanía crítica y participativa, capaz de mejorar el mundo. Y la calidad educativa que defendemos supone que los Estados han de asumir el compromiso de asegurar una formación común en la etapa obligatoria, una educación que compense desigualdades y ofrezca, por tanto, las mismas oportunidades a todo el alumnado para que pueda "competir" en condiciones de igualdad, una enseñanza democrática, igualitaria, integradora y de calidad para todas y todos.

Y esta educación, a la vista de la hoja de ruta presentada por el Señor Wert, está en gravísimo peligro. Nos pretenden imponer, sin anestesia ninguna, un modelo de educación como mecanismo de selección, de clasificación, de exclusión..., un modelo que en lugar de entender la educación como un proceso que ayuda al individuo a alcanzar su autonomía personal, un pensamiento crítico y una capacidad para participar activamente en la sociedad, considera al alumnado sólo como mano de obra potencial, acrítica, conformista y consumista, cuya formación se debe abaratar.

Pero, esto sólo será posible si el silencio y la resignación de las comunidades educativas, de la ciudadanía, se lo permite. Apoyados en el aumento del control social y de la información que se transmite en los medios de comunicación y acompañados del constante miedo "a perder el trabajo", los ajustes constantes del mercado laboral están provocando un deterioro de nuestros derechos laborales y sociales, afectando negativamente a las condiciones de vida dignas. Desde posiciones de poder pretenden expropiarnos hasta de la capacidad de opinar y protestar., contando con la pasividad y colaboración de algunas centrales sindicales, llamadas mayoritarias.

Es urgente que todas y todos asumamos la responsabilidad que nos compete, que nos informemos de las medidas que se pretenden imponer, que nos formemos una opinión y reaccionemos. Es imprescindible defender la enseñanza pública, la nuestra, la de todas y todos, la única que asegura la cohesión social, la participación democrática. la justicia y la equidad.

(*) Mary C. Bolaños Espinosa es miembro de Iniciativa en defensa de la Enseñanza Pública Canaria (IDEPC).