"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
LA PATRONAL QUIERE SUPRIMIR EL DERECHO DE HUELGA
CANARIAS SEMANAL
Los presidentes de la CEOE, Joan Rosell, y de la Cepyme, Jesús Terciado, comparecieron este miércoles 15 de febrero en rueda de prensa para exponer sus criterios sobre la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tal y como se podía prever, Rosell y Terciado alabaron al Gobierno ultraconservador por haberse atrevido a"coger el toro por los cuernos". Sin embargo, la draconiana legislación del Trabajo impuesta por el Partido Popular no satisface aún, plenamente, a la patronal española.
Rosell consideró muy positivo el abaratamiento del despido a 20 días por año trabajado, la posibilidad de que los empresarios puedan disminuir los salarios discrecionalmente, la aprobación del despido colectivo sin previa fiscalización del ministerio de Trabajo o la nueva modalidad de contratos para pequeñas y medianas empresas, que permite despedir a los trabajadores durante el primer año a coste cero. El presidente de la CEOE, no obstante, quiso dejar claro que la reforma "no es una traje a medida de los empresarios" y aprovechó su comparecencia pública para exponer las nuevas exigencias del lobby empresarial.
Una de ellas es ni más ni menos que modificar, "lo más rápidamente posible", el derecho a huelga tal y como está recogido actualmente en la Constitución. Joan Rosell defendió que, en este y otros puntos, la legislación española se ha quedado "anticuada" y hay que“modernizarla”. Para el representante de la patronal, el cambio en la ley de huelga, aprobada por real decreto en 1979, "es necesario para evitar que por defender los derechos de algunos se estropeen y se machaquen los derechos de otros".
Con estas declaraciones, Rosell vuelve a poner encima de la mesa otra de las más antiguas demandas de la patronal, que ya se había recogido en un documento de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). En dicho informe, publicado en octubre del año pasado, se pedía "restringir" el ejercicio a la huelga "en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de personas y empresas", reclamando que esta medida fuese asumida con urgencia por la CEOE para trasladársela al próximo Gobierno. La exigencia se encuentra formulada de manera lo suficientemente general como para que, de aprobarse, pudiera ser arbitrariamente aplicada por el Ejecutivo de turno, de motu propio o a petición de los grupos empresariales.
El peligroso trámite parlamentario de la reforma laboral
El deseo de suprimir la principal arma de lucha de que disponen los trabajadores para defender el resto de derechos adquiridos no ha sido expresado solamente por los portavoces oficiales del empresariado. Muchas han sido las voces pertenecientes o cercanas al PP, PSOE y otros partidos del sistema- que han abogado por "limitarla", cada vez que una huelga ha cuestionado seriamente las imposiciones patronales. Tras el paro efectuado en el metro de Madrid de 2010, por ejemplo, la presidenta de esta comunidad, Esperanza Aguirre, aseguró que no tenía ninguna duda de que el país necesitaba una normativa que regule la convocatoria de paros "para que los sindicatos no puedan tomar como rehenes a los ciudadanos". Sus palabras contaron con el beneplácito de articulistas, opinadores y tertulianos de prácticamente todos los medios de comunicación tradicionales.
Ahora, no obstante, una situación de excepción -caracterizada por la mayor ofensiva antiobrera de las instituciones de la UE y por la ausencia de una respuesta popular organizada a la altura de las circunstancias - podría facilitar que los deseos de la patronal se hagan realidad. A este respecto, es preciso recordar que el Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no se pudiesen adoptar medidas de huelga o conflicto colectivo que tuviesen por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se estuviese negociando su revisión.
Esta enmienda no se incluyó finalmente en el decreto presentado el pasado viernes 10 de febrero, pero el Gobierno de Mariano Rajoy ya anunciado que "introducirá modificaciones" en el proyecto de ley durante su tramitación parlamentaria. Así las cosas, la posibilidad de que el Ejecutivo ultraconservador aseste este nuevo hachazo a las clases trabajadores del estado -mientas sindicatos mayoritarios e izquierda institucional se dedican a litigiar en el Tribunal Constitucional- no puede descartarse.
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