viernes, 17 de febrero de 2012
EL NUEVO MODELO DE TRABAJO - La reforma laboral recorta la fuerza y el negocio de los sindicatos en los ERE.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
EL ECONOMISTA
Los ingresos sindicales pueden superar los 100 millones.
Se lo dijo Mariano Rajoy a Rubalcaba: "Aquí van a perder muchas posibilidades, o mucho poder, si quiere usted, tanto las organizaciones empresariales como las sindicales, pero es que nosotros tenemos que gobernar para la gente, para los trabajadores".
Y, efectivamente, el principio general de reducir el diálogo entre los agentes sociales que lleva implícita la reforma laboral del PP, va a suponer un recorte del protagonismo y la influencia de los agentes sociales que, en el caso de los sindicatos, se acompaña también de una importante reducción de ingresos por la vía de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y, en menor medida, por la formación.
Y es que es en los ERE donde más menoscabo va sufrir la influencia sindical. La normativa que aprobó el viernes pasado el Consejo de Ministros elimina la autorización administra previa. Y, aunque se mantiene la exigencia de comunicación del ERE al Servicio Público de Empleo, la decisión final corresponde al empresario.
De esta forma, la mediación en caso de desacuerdo entre las partes se hace innecesaria y se neutraliza el poder y la capacidad de actuación de la centrales sindicales.
Pero no sólo es cuestión de fuerza, sino también de dinero y en cantidades importantes. Porque, aunque resulta casi imposible calcular una cifra, siquiera aproximada, de lo que supone el negocio de los ERE para los sindicatos, todos los expertos consultados estiman que supera los 100 millones de euros anuales, como mínimo, sólo en concepto de asesoría jurídica.
La dificultad de conocer la cuantía de los ingresos se deriva de que los servicios sindicales en los ERE se realiza de forma descentralizada, a través de las diferentes federaciones sectoriales o territoriales y no existe una contabilidad global. Sin embargo, sí se sabe que el precio que los sindicatos fijan en concepto de asesoría jurídica a los trabajadores afectados por los ERE oscila entre los 100 y los 400 euros. De esta forma, si calculamos una media de 250 euros por trabajador y multiplicamos por unos 300.000 trabajadores afectados al año, nos resulta unos ingresos mínimos de 75 millones de euros anuales.
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cifran en 253.203 el número de trabajadores afectados por ERE entre enero y noviembre de 2011 y en 302.746 los correspondientes a la totalidad del año 2010.
Pero, además, hay que recordar que, en muchos casos, las centrales sindicales cobran también a cada trabajador entre un 10 y un 15% de la indemnización que reciben por encima de los 20 días por año trabajado, por lo que los ingresos totales superan ampliamente los percibidos por asesoría.
También los cambios en materia de formación pueden tener serias repercusiones económicas para los sindicatos y para la patronal, dado que la reforma aprobada permite a las empresas homologadas por el Ministerio presentar directamente sus planes de formación e impartir los cursos, cuando hasta la semana pasada estas empresas tenían que ser contratadas por los agentes sociales.
En materia de poder se produce, asimismo, una pérdida importante en la negociación colectiva. En este punto, y aunque la reforma no rompe el principio tradicional de que los convenios sectoriales o territoriales son de aplicación general, la flexibilidad casi total que se otorga a las empresas para el descuelgue obliga a los sindicatos "a ponerse las pilas y trabajar más", en palabras de un dirigente sindical.
Menos trascendencia tiene la reforma en el tema de los liberados sindicales, cuestión que afecta sólo a las empresas grandes y medianas y al sector público. Los datos de la patronal CEOE cifran en 322.452 los delegados sindicales en España y en 4.127 los liberados en empresas, por lo que estimando en 50.000 euros anuales el coste laboral medio, el coste anual salarial para las empresas supera los 250 millones de euros, sin contar el coste de sustitución y la productividad asociada.
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