EL RESCATE DE LOS BANCOS HIPOTECARÁ AL ESTADO ESPAÑOL DURANTE DOS DÉCADAS

CANARIAS SEMANAL

Tras varias semanas de incertidumbre, comienzan a conocerse - muy lentamente - algunas de las condiciones del rescate del sistema financiero español por parte de la UE. Este martes se hacía público que el eurocrédito de hasta 100.000 millones de euros del que se beneficiaran las entidades bancarias hipotecará al Estado al menos durante 20 años. Este es el pazo fijado, en principio, para devolver la astronómica cifra con la que se pretende tapar el agujero creado por la actividad especulativa de Cajas y bancos.

El préstamo tendrá un plazo de carencia de cinco años, periodo durante el cual se pagará a los prestatarios miles de millones de euros solamente en concepto de intereses. El principal empezaría a devolverse en 1917, con otros quince años para liquidarlo.

¿SERÁ POSIBLE HACER FRENTE A LOS PAGOS? ¿CUÁL SERÁ EL COSTO SOCIAL?

Pero con el actual colapso de la actividad económica, y sin sectores productivos capaces de reemplazar el desproporcionado peso que la Construcción tuvo hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, no son pocos los que ya han comenzado a preguntarse si España podrá hacer frente a semejante deuda.

Para Josep Lladós, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "la fórmula para que la deuda sea sostenible radica en que el crecimiento económico, teniendo en cuenta la inflación, sea superior al tipo de interés que se ha pactado para el crédito". Un interés que, según afirmaba el pasado viernes el ministro de Economía Luis de Guindos, podría moverse entre el 3 y el 4%.

Realizando una voluntarista profesión de fe sobre la supuesta recuperación económica de España, algunos analistas del establishment aseguran confiar en que dentro de 5 años se habrá superado la recesión. "En este momento hasta un 3 por ciento podría resultar así una tasa demasiado alta, pero dentro de 5 años la cosa debería ser completamente distinta. "Se supone que con una inflación del entorno de un 2 por ciento, nos bastaría con crecer al menos un punto de forma anual para no tener problemas, con lo que muy mal tendría que estar la situación para que a partir de 2017 no pudiéramos pagarlo sin problemas", sostieneLorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket International.

Aunque teóricamente deberían ser las propias entidades financieras "rescatadas" quienes se hicieran cargo de la devolución del préstamo, el Estado español es el garante del mismo y, en último término, debería pagar si aquellas volvieran a demostrar una solvencia como la que las ha llevado a su situación actual. En ese más que probable escenario, la reforma constitucional impuesta en agosto de 2011 por el Ejecutivo Zapatero - con el apoyo del Partido Popular - impondría que los pagos del crédito tuvieran prioridad con respecto a la financiación de servicios públicos esenciales como la Sanidad o la Educación.

UN RESCATE ENVENENADO

Pero el multimillonario crédito bancario no sólo multiplicará el déficit y la Deuda pública del Estado español. Existe otra posible condición del “rescate” que, de llegar a aplicarse, podría convertirlo en un golpe de gracia para la economía española. Queda aún por establecer si el fondo de rescate otorgará o no a la UE la condición de acreedor preferente de España. El fondo temporal existente en la actualidad no tiene ese carácter privilegiado, pero tanto Alemania como Francia pretenden que el crédito se articule a través del nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que entra en vigor este 1 de julio y sustituye al anterior.

Si esto sucediera, el trato preferencial hacia la UE provocaría el rechazo de los inversores privados a comprar deuda española, por lo que las dificultades de financiación se dispararían al mismo tiempo que la prima de riesgo. Consciente de esta posibilidad, Luis de Guindos trató inútilmente hasta el último momento de retrasar la petición formal del rescate, confiando en garantizar que el mismo se efectuara a través del fondo temporal. Pero la presión del eje franco-alemán no dio respiro al Ejecutivo Rajoy y le obligó a dar el paso este lunes 24 de junio.

Se desconoce aún, no obstante, si finalmente los ciudadanos del Estado español tendrán que asumir también las consecuencias de esta penosa “contrapartida”, para garantizar la continuidad del negocio bancario.