"EL GOBIERNO ESTÁ IMPONIENDO EN LAS ISLAS UN ESTADO DE EXCEPCIÓN"
LA DEPORTACIÓN EXPRESS DEL ACTIVISTA URUGUAYO JOSÉ MORALES
La organización sindical se ha referido, de manera concreta, al caso del activista uruguayoJosé Morales, afincado en Lanzarote desde hace más de una década, que fue deportado del Estado español por su participación en un acto de protesta ante una sede el PP en la que se encontraba el ministro de Industria José Manuel Soria. Para IC "lo sucedido con la arbitraria expulsión de Morales quien no hacía más que hacer suyas demandas sentidas del pueblo canario como el NO a las prospecciones petroleras en Lanzarote y Fuerteventura, determina un proceder desde la Delegación de Gobierno marcado por la utilización maniquea de la legislación, en este caso la ley de extranjería, como arma arrojadiza".
"Este lamentable proceder de la representación en Canarias del gobierno del PP -añaden desde IC - ha tenido como efecto alejar a un ser humano de su hija canaria menor de edad, vulnerando claramente la declaración de derechos humanos. Ante lo cual solo cabe el repudio a lo sucedido y la absoluta solidaridad con José Morales".
"A lo sucedido con el activista uruguayo -continuan exponiendo desde este sindicato -debemos agregar que este lunes 18 de junio un grupo de jóvenes que manifestaba su solidaridad con la lucha de los mineros asturianos en las inmediaciones del Parque San Telmo, fue agredido brutalmente por la policía nacional, con el agravante de que la represión se dio cuando la protesta había finalizado y los supuestos participantes de la misma se estaban disolviendo por voluntad propia".
En lo que tiene que ver con su denuncia de esta intervención policial, Intersindical se remite a la grabación de los hechos acaecidos en el citado parque, que pudo captar uno de los presentes a través del dispositivo de su teléfono móvil. "Las imágenes - afirman - evidencian la actitud pacífica de los manifestantes, que contrasta con la violencia desmedida ejercida por los cuerpos represivos del Estado. Y de manera contradictoria con lo sucedido, tres de los jóvenes reprimidos fueron detenidos y dos procesados por una agresión que realmente lejos de provocar sufrieron en carne propia".
Intersindical Canaria sostiene, finalmente, que "la escalada represiva" responde a una lógica que parece propia de "un gobierno dictatorial". El Ejecutivo del PP - concluyen- "debería darse cuenta de que mientras en Canarias se mantenga una situación de paro, pobreza y marginación social crecientes e inaceptables como los que se viven en la actualidad, por más represión policial y judicial que ejecuten la protesta social seguirá en aumento".
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