El fallo del Tribunal Supremo favorable a los intereses de la multinacional petrolera, el Gobierno canario y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura no fueron los únicos en pronunciarse.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

LA JUSTICIA NO SE CONQUISTA EN LOS TRIBUNALES

CANARIAS SEMANAL

Los planes de Repsol para explotar las  reservas de crudo que, según todos los indicios, existen en aguas de Canarias, están provocando las situaciones más surrealistas. Este jueves 6 de junio, el Gobierno regional manifestaba su decisión de recurrir a la Unión Europea para solicitar que paralice el proyecto de la petrolera, después de que el Tribunal Supremo decidiera rechazar la petición que el Ejecutivo había presentado ante el máximo órgano judicial español con esa finalidad. 

    El Gobierno autonómico alegará ante las autoridades de la UE que las prospecciones petrolíferas "vulneran la normativa comunitaria en materia de protección ambiental". En concreto, sostiene que las prospecciones "incumplen los preceptos de conservación de espacios naturales recogidos en la llamada directiva de Hábitats y que afecta a las Zonas de Especial Conservación (ZEC)". Estos son los argumentos que Paulino Rivero expondrá este viernes en Bruselas al comisario de Medio Ambiente Janez Potocnik, a quien reclamará  la “máxima implicación en la defensa de las directivas europeas".  En declaraciones recogidas por las agencias de prensa,  Rivero aseguró "que la UE es especialmente sensible a las cuestiones medioambientales, por lo que espera resultados positivos y prácticos de su encuentro con el comisario ". El presidente autonómico, sin embargo, es perfectamente consciente de cómo las autoridades europeas se desentienden por completo de los atentados ecológicos cuando detrás de los mismos se encuentra el beneficio de grandes grupos económicos. Y no es el único que lo sabe. También tienen sobradas pruebas de ello en su isla natal, donde algunos colectivos y organizaciones recurrieron en su día a "Europa", con la ingenua esperanza de que allí se paralizaría la construcción del Puerto de Granadilla. Hoy, ni siquiera los multimillonarios recortes presupuestarios han impedido que las obras de esa mega infraestructura hayan comenzado con el consentimiento de la Unión Europea.

     La forma de actuar de los "construcgobernantes" isleños que durante décadas han sido los peores enemigos de la naturaleza de Canarias, en cualquier caso, no puede sorprendernos. Por supuesto, es preciso alertar a la población sobre la nula confianza que merece el repentino espíritu "ecologista" de todos los partidos institucionales que han sido corresponsables de la destrucción del Archipiélago. Pero si lo que se pretende es colaborar en la resistencia contra los planes de Repsol el análisis crítico debe dirigirse también hacia otra dirección muy distinta. 

LAS BATALLAS POPULARES NO SE GANAN EN LOS TRIBUNALES 

    Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo favorable a los intereses de la multinacional petrolera, el Gobierno canario y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura no fueron los únicos en pronunciarse. Lo hizo también la federación ecologista Ben Magec, que afirmaba el miércoles 5 de junio que  la decisión del TS sobre las prospecciones en las costas canarias "no cierra las vías jurídicas abiertas" contra el Real Decreto del Gobierno de Mariano Rajoy, aprobado en marzo de 2012.

    La Federación puntualizó, en este sentido, que el recurso desestimado "no tiene que ver con los nuevos recursos contencioso administrativos que han decidido interponer Ben Magec-Ecologistas en Acción, los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el propio Gobierno de Canarias, Greenpeace y Adena WWF, contra el RD de 2012". Y confió en que con ellos   "sea estimada la pretensión de nulidad, no sólo por cuestiones de forma, sino, sobre todo, por motivos de fondo, como la insuficiencia o falta de rigor de los estudios de impacto ambiental, modificación sustancial del alcance de las concesiones, criterios científicos, técnicos y jurídicos".

    En los últimos tiempos, en efecto, se ha impuesto, de forma absolutamente acrítica, la creencia de que el principal medio para enfrentarse a los abusos del poder consiste en acudir a los tribunales de “justicia”. Y, sin importar cuántas veces la experiencia empírica ha desmentido esta expectativa, las más diversas organizaciones sociales y políticas recurren  inútilmente a este recurso una y otra vez. Ni los tribunales españoles ni los europeos, obviamente, paralizaron de forma definitiva las obras del Puerto de Granadilla. Del mismo modo que el Tribunal Constitucional – controlado por los partidos mayoritarios – no revertirá la última contrarreforma laboral tal y como, presuntamente, esperaban los sindicatos de la concertaciónCC.OO. y UGT . Pero éstos son solamente dos de entre los innumerables ejemplos que se podrían aportar para refutar la nociva utopía legalista.

 

     Extender la esperanza infundada de que las batallas contra las injusticias sociales pueden ganarse en el seno del aparato judicial del propio Sistema que las genera es, en realidad, una forma más de reforzar la ideología dominante inculcada a las masas para perpetuar el actual estado de cosas. Esa vía no solo suscita en miles de ciudadanos vanas ilusiones, sino que a la postre termina hundiéndolos en un pozo de frustración.  Perseverar en ese tipo de planteamientos supone, en el mejor de los casos, ignorar que históricamente todos los derechos de “los de abajo” fueron conquistados mediante la organización popular y la lucha sostenida, y no en litigios librados entre jueces y abogados. En procesos que producen una  toma de conciencia progresiva sobre la naturaleza de la lucha de clases de la que forman parte las batallas parciales. La velocidad con que estos derechos están siendo hoy derogados refleja, asimismo, que incluso después de que las conquistas sociales son sancionadas legalmente sólo se mantienen en el tiempo si existe una correlación de fuerzas que permite defenderlas de los embates del enemigo.

      Esta verdad sociológica general es perfectamente aplicable al caso que nos ocupa. El proyecto de Repsol no se paralizará con manifestaciones puntuales, por multitudinarias que éstas puedan ser, ni con el tipo de  inofensivas acciones que las organizaciones ecologistas están acostumbradas a protagonizar. Pero si algo se puede pronosticar con absoluta certeza es que la “salvación” tampoco  llegará de Bruselas, ni de otras  instancias judiciales.  Solo existe una vía realista para lograr este objetivo: la que viene avalada por la experiencia de los grupos humanos que, a lo largo de los siglos, han peleado para alcanzar su emancipación. Es necesario empezar por reconocer, no obstante, que en lo que respecta a la imprescindible concienciación y organización del pueblo canario aún está casi todo por hacer. Y el factor tiempo no deja de correr, vertiginosamente, en nuestra contra.