Los gigantes del autobús peligran por la nueva ley de transporte

EL ECONOMISTA

La nueva Ley del Transporte (LOTT), que se encuentra ahora en periodo de tramitación en el Senado, pone en peligro el futuro de los gigantes del negocio del autobús en España tal y como hoy lo conocemos.

Varias sentencias judiciales y la eliminación en el nuevo texto del derecho de preferencia del operador que gestiona una concesión en caso de empate con la nueva compañía que se presenta al concurso suponen la casi segura repetición de una treintena de concursos ya adjudicados desde 2007 y el cambio del pliego de condiciones de los próximos procesos que se tienen que poner en marcha.

Para las patronales del sector (Asintra y Fenebús) el cambio de modelo les obliga a replantearse todo el negocio establecido. "Si vamos a un modelo de subasta que sólo dura diez años -porque no se premia el trabajo bien hecho por la concesionaria que ha explotado el negocio- se va a exprimir la vaca hasta que dure el concurso pero no se van a desarrollar planes de negocio a largo plazo que redunden en la calidad del servicio en particular y en el desarrollo del sector en general", señalan desde una de las grandes del sector.

Con empate ganaba el antiguo

Hasta la llegada de la nueva LOTT, en caso de empate el antiguo concesionario tenía 5 puntos sobre 100 frente a su potencial rival. Esa situación comenzó a ser denunciada por el grupo Globalia a finales de la pasada década. Como destapó elEconomista el 29 de julio de 2009, la compañía presidida por Juan José Hidalgo emprendió un proceso en el que recurrió algunas licitaciones del sector (en concreto cinco) porque no cumplían las recomendaciones de la Comisión Nacional de Competencia (CNC). Globalia había detectado que en 14 procesos siempre ganaba la concesionaria en la puja, lo que tenía como consecuencia que las ofertas disminuyeran.

Ello supuso el pistoletazo de salida a la revisión de estos concursos, ya que el grupo ha seguido recurriendo licitaciones hasta lograr que en uno de ellos el Tribunal Supremo le diera la razón. Ocurrió el pasado 25 de enero, día en el que ratificó un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ante las posibles consecuencias que se podrían plantear (se llega a hablar incluso de reclamaciones de los perdedores en las que exigen al Gobierno el lucro cesante del dinero que podrían haber ingresado en el caso de adjudicarse el concurso) Fomento ha decidido retirar esa ventaja del concesionario que ya explota la licitación frente al que puja por ella. La decisión supone un gran varapalo para los gigantes del sector como Alsa o Avanza, que piden como solución salomónica no aplicar las nuevas condiciones de golpe y aplicar un periodo transitorio hasta 2019 (momento en el que entra en vigor la nueva legislación europea) para evitar que el negocio sufra un parón. En cambio, otros grupos como Globalia ven en el cambio de regulación una gran oportunidad para entrar en un negocio que se les ha resistido en concesiones de ámbito nacional.

Según datos proporcionados por la Dirección General de Transporte Terrestre, en 2006 la Administración General del Estado era titular de 108 concesiones que vencían entre 2007 y 2018. Desde 2007 hasta 2011 han vencido 26 concursos y el pasado ejercicio y el actual son años clave porque hay que renovar 17 y 49 contratos respectivamente, pero el proceso se paralizó a mediados de 2012 sumando esta treintena de licitaciones que podrían ser revisadas.

Si Fomento no aplica ese periodo transitorio se calcula que en dos o tres meses se publicará la ROTT (el Reglamento que desarrolla la LOTT) en el BOE. A partir de ese momento, se debería reanudar el proceso concursal con el nuevo pliego y paralelamente se irían repitiendo los concursos. Para los gigantes del sector ello repercutirá en la calidad de las ofertas y, sobre todo, en las inversiones a futuro. ¿Continuidad o renovación? La patata caliente está ahora en las manos del Ministerio.

Consulte aquí la revista elEconomista Transporte (.PDF)