lunes, 13 de mayo de 2013
La nueva legislación pone bajo la picota del derribo a 59 barrios costeros de Canarias.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
CANARIAS SEMANAL
El pasado jueves, el Partido Popular hacía valer su mayoría absoluta para aprobar en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de todos los grupos de la oposición salvo CiU, la reforma de la de la Ley de Costas de 1988. La nueva legislación pone bajo la picota del derribo a 59 barrios costeros de Canarias situados en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre a menos de 100 metros del litoral.
Durante el trámite parlamentario de la ley el PP rechazó las enmiendas presentadas por CC, a su vez presionada por la ciudadanía de las Islas, para que se considerasen las singularidades isleñas, de manera que se pudiera amnistiar a los barrios de pescadores que forman parte del paisaje costero del Archipiélago y que ya disponían antes de 1988 de determinadas infraestructuras y servicios urbanísticos. El Ejecutivo regional ha respondido recurriendo ante el Tribunal Constitucional, por considerar que la ley "vulnera competencias de la Administración autonómica y el principio de igualdad y tiene carácter retroactivo en su aplicación".
Por su parte, la federación ecologista Ben Magec ha denunciado que el partido del Gobierno"aprovecha su mayoría absoluta para dinamitar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medioambiente adecuado, proclamado en el artículo 45 de la Constitución española".
Para el colectivo medioambientalista canario la "nueva ley de costas suponte la muerte del litoral como espacio público". "El Gobierno del Partido Popular- afirman - reconoce sin ningún tipo de pudor en su propio discurso que la reforma de la Ley de Costas responde al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental”.
“El orden de prelación –apuntan- no deja lugar a dudas de cuáles son las verdaderas intenciones de la reforma, primero el "interés general" del desarrollo económico, y luego la seguridad jurídica de las personas que son titulares de propiedades privadas dentro del litoral de todos".
Para Ben Magec, por tanto, con la legislación aprobada la pasada semana "el derecho de todos a disfrutar de un medioambiente litoral adecuado para el desarrollo de todas las personas, junto al deber de las Administraciones y ciudadanos para con la conservación y protección del mismo sucumben ante la primacía de la lógica económica".
"El PP –concluyen los ecologistas - impone una lógica donde el litoral se convierte en un recurso para el uso y explotación económica de unos pocos".
Por su parte, el Partido Popular canario se ha defendido de las unánimes manifestaciones de rechazo a la Ley de Costas, asegurando que "buena parte de los barrios costeros podrán salvarse gracias a la flexibilización introducida a través de una de sus enmiendas en el Senado, y que corresponde ahora a los ayuntamientos y al Ejecutivo regional remitir al Ministerio de Medio Ambiente los informes delimitando los puntos que pueden beneficiarse de las excepciones a la normativa general".
Etiquetas:
LEY DE COSTAS
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