Durante los últimos días ya era un secreto a voces. Pero el pasado miércoles tuvo la definitiva confirmación oficial. La infanta Cristina ya puede dormir tranquila. Y su padre, también. Con la rotundidad que caracteriza a los hombres que manejan e interpretan las leyes el Fiscal Anticorrupción se opuso terminantemente a que la bórbonica princesa fuera imputada en el caso de Noos. Según el Fiscal, "no consta ningún indicio incriminatorio que la vincule con la actividad presuntamente ilícita desplegada por el presidente y vicepresidente del Instituto Noos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, respectivamente". Y punto pelota.
Como se recordará la parte que atañe a Cristina arranca de una denuncia que tenía como fundamento un correo encontrado por la policía que investigaba a su esposo, en el que se aludía a unas compras particulares de la Infanta y a la dificultad de que éstas fueran "justificadas por gastos de Aizoon (sociedad de la que la hija del Rey es propietaria en un cincuenta por ciento), "resarciéndose del gasto originado, con posteridad, 'desde la caja'". De acuerdo con esta denuncia, tales hechos podrían constituir delitos de fraude,malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, delito societario de gestión y de falsedad en documento mercantil", razón por la cual se solicitó a la fiscalía que desempeñara "su preponderante papel igualando a todos los españoles" ante la ley. La denuncia calificaba de "imposible" que la Infanta "no estuviera al tanto de las actuaciones de su esposo como para acumular semejante patrimonio".
Pero nones. Aunque era evidente que existían clarísimos indicios racionales de la posible participación de la hija del Rey en los hechos protagonizados por su cónyuge, Iñaki Urdangarín, la Fiscalía Anticorrupción indica ahora que no consta que la princesa conociera las actividades supuestamente delictivas de su marido. Para el fiscal, tampoco constituye un ilícito penal que los los gastos personales de los cónyuges Iñaki y Cristina hayan sido contabilizados como costes de Aizoon. Algo que -según su docta opinión- puede ser considerado como una simple "irregularidad administrativa". El fiscal señala - mire usted por donde - "que ya han pasado los tiempos en que en España una persona debía responder penalmente por los actos de su cónyuge". La princesa ha preferido, pues, quedar como una tonta tontísima que como una presunta delincuente. El que esto escribe reconoce que de encontrarse en similar circunstancia que la borbónica princesa hubiera hecho lo mismo. Otra cosa es que me lo hubieran permitido.
Para no pocos, parece claro que el caso de Urdangarín ha iniciado la cuenta atrás. Es decir, se ha puesto en marcha un sutil lavado mediático de su imagen pública, que en el transcurso del tiempo pueda hacer posible que todo el escándalo se pierda en la más profunda desmemoria social. Hay quienes, incluso, apuestan que será el socio del ex deportista vasco la víctima propiciatoria que cargue con el peso de esta aristocrática trama corrupta. No sería de extrañar... ¡ha sucedido tantas veces!.
Parece claro que para que las cosas puedan tomar el rumbo exculpatorio, la Casa Real no dispone sólo de una prensa dócil, cuyos propietarios no están dispuestos a contribuir a que la gente empiece a rebuscar tiquismiquis en la legitimidad de la monarquía. Cuenta, asimismo, con el silencio cómplice de los partidos que se turnan en el poder y también con la pusilanimidad de aquellos otros a los que, correspondiéndoles desempeñar la denuncia pública, se conforman con dar palmadas al aire en el hemiciclo parlamentario en lugar de dedicarse a revover la calle. Y así nos va.
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