Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

miércoles, 21 de marzo de 2012

DESPIDO IMPROCEDENTE DEL TRABAJADOR - El trabajador tiene derecho a percibir los salarios de tramitación en el caso de que haya sido despedido antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, el 12 de febrero de 2012, pero el despido se haya declarado improcedente con posterioridad a esa fecha, según establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 21 de febrero de 2012.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El TSJ del País Vasco admite cobrar salarios de tramitación

ECOLEY

El ponente, el magistrado Iturri Gárate, explica que con respecto al derecho transitorio, sí existe norma expresa para la indemnización, pero nada se dice en cuanto a los salarios de tramitación en el Real Decreto-Ley 3/2012, pues sólo se regula el caso del contrato de trabajo anterior a la vigencia de la reforma y del despido improcedente producido tras su entrada en vigor. Para este caso, se prevé la fórmula de cálculo de la indemnización en la disposición adicional quinta, del Real Decreto-Ley.

Ante tal silencio en la Ley sobre el caso en litigio, el ponente considera que se ha de aplicar la norma previa, porque si la nueva no dice nada al efecto, se ha de considerar el principio general de irretroactividad de las normas jurídicas del artículo 3.2 del Código Civil. En el caso de este precepto, se asume generalmente que incide en todo el ordenamiento jurídico, regulándose en el mismo tal derecho transitorio, el sistema de fuentes, las reglas que han de regir la interpretación de las normas, la analogía, la equidad, el fraude de ley, y el principio non liquet (no está claro).

Además, este criterio es el que se amolda al principio de irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables y de las restrictivas de derechos individuales que garantiza el artículo 9.3 de l a Constitución. "Estaríamos en este segundo caso, pues si la normativa precedente declaraba un derecho individual (cobro de los salarios de tramitación en estos casos), la nueva Ley suprime este derecho en casos como éste", dice Iturri Gárate.

Ello se compadece mejor con el principio dogmático "tempus regit actum" y por ello, con la disposición transitoria segunda del Código Civil, norma a la que con frecuencia se suele acudir también en casos como el presente y que fija que los actos y contratos se regirán conforme la normativa del tiempo en que se celebraron (la legislación anterior en este caso).