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CANARIAS AHORA
ANTONIO MORALES
Los recortes al Estado de bienestar y al Estado de derecho realizados hasta el momento no les parecen suficientes. Han decidido que el sometimiento de la política, de las instituciones y la democracia al capitalismo más duro no puede pararse hasta alcanzar la libertad de mercado total que proclama el neoliberalismo. La reforma laboral recién aprobada, que garantiza el despido fácil y barato y que restringe los derechos colectivos de los trabajadores, no es sino un pequeño paso que tendrá que complementarse con nuevas medidas… Están entusiasmados y crecidos con las últimas decisiones adoptadas. Pero piden más. Todo les parece poco y no pararán hasta dejar sin contenido el gobierno de lo público, hasta hacer de los trabajadores un mero instrumento de producción con los derechos disminuidos al máximo. El análisis que estoy haciendo, tan a vuela pluma, puede parecer una caricatura de los hechos, pero es la triste y dura realidad.
Por eso el presidente de Mercadona, Joan Roig, miembro del selecto grupo de empresarios españoles del Consejo de Competitividad, no ha tenido ningún pudor (los medios más a la derecha lo llaman sensatez) en pedir hace unos días que se amplíe la reforma laboral para “desincentivar el paro”, que tenemos que trabajar como chinos, es decir, como los chinos de China, aquí y en Pekín: de sol a sol, con sueldos bajísimos, viviendo hacinados para poder pagar un piso, sin vacaciones y sin derechos laborales. Y también, según el conspicuo empresario, debemos dejar de derrochar en esas tonterías de la sanidad pública y la educación, entre otras cosas. Es más o menos lo que vino a decir el director de Ford España por las mismas fechas: los españoles tienen muchas vacaciones y tienen que mirarse en el espejo de los japoneses. No dice que los japoneses trabajan hasta 70 horas a la semana en muchos casos y que mueren por miles cada año por karoshi o sobrecarga de trabajo. Por lo visto, no hay más alternativa que producir y consumir hasta la extenuación.
Por eso Joan Rosell acaba de afirmar que las prestaciones de desempleo son muy generosas y que no pueden ser para siempre, que el derecho a la huelga debe ser revisado y que se debe retirar la ayuda a los que rechacen por primera vez un puesto de trabajo, “aunque sea en Laponia”, como afirmó José Luis Feito que también demandó parar a empleados públicos para pagar a los proveedores y crear puestos de trabajo, en una clara maniobra de enfrentamiento de los trabajadores y trabajadoras de esta país.
Es lo mismo que dijo el pasado lunes Dolores de Cospedal: “En España hay que trabajar más horas manteniendo los sueldos” y, además, la responsabilidad de un Gobierno en un país con más de cinco millones de parados no puede ser otra que “hacer reformas” y los trabajadores deben aceptar en silencio menos salarios, menos derechos laborales, menos vacaciones, más horas de trabajo, más precarización, más empobrecimiento, más exclusión social… Y van haciendo calar la idea de estamos en un país de gandules, que la gente no quiere trabajar, que estamos rodeados de irresponsables que quieren vivir por encima de sus posibilidades; que son los hombres y mujeres de este país los culpables del paro, de la frustración de los jóvenes, de los millones de pobres, del aumento de las desigualdades sociales…
Y claro, para poner en marcha todas estas políticas de reformas y ajustes sobran los sindicatos. No hay ningún tipo de dudas que están siguiendo a pie juntillas las prácticas de Margaret Thatcher: “Consideramos que estando en la lucha de clases, teníamos que declararles la guerra (…) Siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior (trabajadores y sindicatos) mucho más peligroso y difícil de batir y nocivo para la libertad”. Su estrategia es que hay que revisar, por tanto, el derecho a la huelga, como ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y desprestigiar a los sindicatos hasta el infinito, lo que tienen también en buena parte conseguido por las campañas continuas de menoscabo a las que son sometidos.
El vilipendio a los sindicatos viene de lejos: en la huelga general que convocaron contra el Gobierno socialista en septiembre de 2010, la prensa más conservadora -El Mundo, La Razón, ABC, La Gaceta…- no dudó en compararlos con grupos terroristas, en pedir su ilegalización, y el encarcelamiento de sus lideres. Y en esta ocasión, cuando se anuncia otra huelga general, vuelven a poner toda la carne en el asador, esta vez con una complicidad más directa del PP, e insisten en demonizarlos y machacarlos con los latiguillos de los abusos de liberados, los sindicalistas banqueros, los cursos de formación, los millones que reciben para su financiación de los gobiernos de turno, la complicidad y la culpabilidad en la existencia de millones de parados, su participación en la negociación de los ERE, su deriva en negocietes, burocratismo, parasitismo, trapisondería y opacidad. Si se mueven ahora –dicen- es porque la reforma laboral les quita poder y dinero.
Desde luego, no voy a dejar de reconocer la existencia de determinadas prácticas sindicales absolutamente censurables. De su complicidad con la socialdemocracia, pasiva ante los embates de los mercados; de su voracidad e insaciabilidad en la administración pública frente a políticos débiles, creando enormes diferencias con el resto de los trabajadores; de su aceptación de la rutina; de haber hecho dejación de su obligación de crear un proyecto social alternativo… Pero no han cometido más errores que los partidos políticos, que los empresarios, que los medios de comunicación…, todos ellos, como los sindicatos, imprescindibles en un Estado de derecho, en esta democracia de mínimos que nos va quedando.
Los sindicatos están obligados -como los partidos, como los empresarios, como los medios de comunicación-, a hacer una autocrítica, pero nadie puede dudar de que son absolutamente necesarios para la defensa de los trabajadores ni de su total legitimación para ponerse a la vanguardia de la defensa de los derechos laborales, de sueldos dignos, de las pensiones, de las jubilaciones, de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales, de la soberanía de la política frente a los mercados y de la democracia.
En esas están y no podemos dejarlos solos. Han convocado una huelga general y su fracaso supondría la aceptación de los sacrificios y la pérdida de libertades que se nos impone. Es verdad que las encuestas nos hablan de que la ciudadanía recela de los sindicatos y de las manifestaciones y huelgas, pero habría que vencer a las opiniones creadas interesadamente (las que nos venden la reforma como un atisbo de luz frente al inmovilismo del PSOE), la apatía y el miedo. No se trata sólo de salir a la calle para protestar. Se trata de reclamar pacíficamente, como avala nuestra Constitución, un proyecto de futuro distinto. De hacer oír, al unísono, millones de voces que reclaman la ruptura de la dependencia de la política ante los mercados. Y que no se nos olvide que como decía Thomas Jefferson “cuando los ciudadanos temen al Gobierno tenemos una dictadura; cuando el Gobierno teme a los ciudadanos, tenemos libertad”.
Por eso Joan Rosell acaba de afirmar que las prestaciones de desempleo son muy generosas y que no pueden ser para siempre, que el derecho a la huelga debe ser revisado y que se debe retirar la ayuda a los que rechacen por primera vez un puesto de trabajo, “aunque sea en Laponia”, como afirmó José Luis Feito que también demandó parar a empleados públicos para pagar a los proveedores y crear puestos de trabajo, en una clara maniobra de enfrentamiento de los trabajadores y trabajadoras de esta país.
Es lo mismo que dijo el pasado lunes Dolores de Cospedal: “En España hay que trabajar más horas manteniendo los sueldos” y, además, la responsabilidad de un Gobierno en un país con más de cinco millones de parados no puede ser otra que “hacer reformas” y los trabajadores deben aceptar en silencio menos salarios, menos derechos laborales, menos vacaciones, más horas de trabajo, más precarización, más empobrecimiento, más exclusión social… Y van haciendo calar la idea de estamos en un país de gandules, que la gente no quiere trabajar, que estamos rodeados de irresponsables que quieren vivir por encima de sus posibilidades; que son los hombres y mujeres de este país los culpables del paro, de la frustración de los jóvenes, de los millones de pobres, del aumento de las desigualdades sociales…
Y claro, para poner en marcha todas estas políticas de reformas y ajustes sobran los sindicatos. No hay ningún tipo de dudas que están siguiendo a pie juntillas las prácticas de Margaret Thatcher: “Consideramos que estando en la lucha de clases, teníamos que declararles la guerra (…) Siempre tenemos que ponernos a salvo del enemigo interior (trabajadores y sindicatos) mucho más peligroso y difícil de batir y nocivo para la libertad”. Su estrategia es que hay que revisar, por tanto, el derecho a la huelga, como ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y desprestigiar a los sindicatos hasta el infinito, lo que tienen también en buena parte conseguido por las campañas continuas de menoscabo a las que son sometidos.
El vilipendio a los sindicatos viene de lejos: en la huelga general que convocaron contra el Gobierno socialista en septiembre de 2010, la prensa más conservadora -El Mundo, La Razón, ABC, La Gaceta…- no dudó en compararlos con grupos terroristas, en pedir su ilegalización, y el encarcelamiento de sus lideres. Y en esta ocasión, cuando se anuncia otra huelga general, vuelven a poner toda la carne en el asador, esta vez con una complicidad más directa del PP, e insisten en demonizarlos y machacarlos con los latiguillos de los abusos de liberados, los sindicalistas banqueros, los cursos de formación, los millones que reciben para su financiación de los gobiernos de turno, la complicidad y la culpabilidad en la existencia de millones de parados, su participación en la negociación de los ERE, su deriva en negocietes, burocratismo, parasitismo, trapisondería y opacidad. Si se mueven ahora –dicen- es porque la reforma laboral les quita poder y dinero.
Desde luego, no voy a dejar de reconocer la existencia de determinadas prácticas sindicales absolutamente censurables. De su complicidad con la socialdemocracia, pasiva ante los embates de los mercados; de su voracidad e insaciabilidad en la administración pública frente a políticos débiles, creando enormes diferencias con el resto de los trabajadores; de su aceptación de la rutina; de haber hecho dejación de su obligación de crear un proyecto social alternativo… Pero no han cometido más errores que los partidos políticos, que los empresarios, que los medios de comunicación…, todos ellos, como los sindicatos, imprescindibles en un Estado de derecho, en esta democracia de mínimos que nos va quedando.
Los sindicatos están obligados -como los partidos, como los empresarios, como los medios de comunicación-, a hacer una autocrítica, pero nadie puede dudar de que son absolutamente necesarios para la defensa de los trabajadores ni de su total legitimación para ponerse a la vanguardia de la defensa de los derechos laborales, de sueldos dignos, de las pensiones, de las jubilaciones, de los derechos fundamentales, de las garantías constitucionales, de la soberanía de la política frente a los mercados y de la democracia.
En esas están y no podemos dejarlos solos. Han convocado una huelga general y su fracaso supondría la aceptación de los sacrificios y la pérdida de libertades que se nos impone. Es verdad que las encuestas nos hablan de que la ciudadanía recela de los sindicatos y de las manifestaciones y huelgas, pero habría que vencer a las opiniones creadas interesadamente (las que nos venden la reforma como un atisbo de luz frente al inmovilismo del PSOE), la apatía y el miedo. No se trata sólo de salir a la calle para protestar. Se trata de reclamar pacíficamente, como avala nuestra Constitución, un proyecto de futuro distinto. De hacer oír, al unísono, millones de voces que reclaman la ruptura de la dependencia de la política ante los mercados. Y que no se nos olvide que como decía Thomas Jefferson “cuando los ciudadanos temen al Gobierno tenemos una dictadura; cuando el Gobierno teme a los ciudadanos, tenemos libertad”.
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