El Gobierno elimina 24 empresas públicas y vende 35 participaciones minoritarias

EL ECONOMISTA

Así lo ha adelantado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha dicho que además el Estado desinvertirá participaciones minoritarias en otras 35 sociedades mercantiles.

De esta forma, el Gobierno pretende poner "orden en casa" con medidas que afectan a un total de 80 empresas públicas, a lo que se suma la extinción o fusión de 9 fundaciones.

Esta medida, según Sáenz de Santamaría, supone "el primer paso" de un proceso que el Gobierno espera que se produzca de forma "idéntica" en las comunidades y ayuntamientos para poder aplicar criterios de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria".

La vicepresidenta no ha dado un a cifra del ahorro que supondrá esta medida, aunque sí ha avanzado que la eliminación de las empresas reducirá en 154 el número de consejeros, lo que supondrá un ahorro de 1,8 millones en sueldos y dietas.

Facturas por valor de 9.854 millones

Los ayuntamientos españoles han presentado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas casi dos millones de facturas pendientes con proveedores por valor de 9.584 millones de euros, como paso previo al mecanismo de crédito al que podrán acogerse aprobado por el Gobierno.

Sáenz de Santamaría también ha indicado que, según consta en el listado enviado por estas corporaciones al departamento que dirige Cristóbal Montoro, las facturas afectan a casi 63.500 pequeñas y medianas empresas (pymes) y 50.259 autónomos.

A partir de ahora, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 31 de marzo para entregar también su plan de viabilidad para hacer frente a la devolución de los créditos que pedirán dentro del plan de pago a proveedores.

Para Sáenz de Santamaría, este mecanismo de pago, en el que participarán la mayoría de los bancos españoles así como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), "va a ayudar" a que las pymes y autónomos "tengan liquidez y puedan mantener su actividad económica y nivel de empleo".

El ICO ampliará cinco líneas ICO

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliará este año cinco de sus líneas de crédito para destinar 22.000 millones (+16%) a la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos que pongan en marcha "proyectos rentables".

Sáenz de Santamaría ha precisado que esta medida afectará a las líneas ICO-Inversión, ICO-Internacionalización, ICO-Liquidez, ICO-Emprendedores e ICO-Rehabilitación.

Concretamente, la línea ICO-Inversión estará dotada con 9.000 millones de euros para la adquisición de vehículos y maquinaria y cubrirá, como novedad, la financiación de circulante. La línea ICO-Internacionalización se duplicará desde los 1.000 millones a los 2.000 millones de euros, para facilitar la salida al exterior de las pymes.

Además, la línea ICO-Liquidez incrementará su dotación de 6.000 millones a 8.000 millones de euros, para aliviar las tensiones de tesorería de las empresas, y la línea ICO-Emprendedores pasará de 750 millones a 2.000 millones de euros y podrán acceder a ellas autónomos, profesionales o empresas que hayan iniciado su actividad cinco años antes de la concesión del crédito.

En cuanto a la línea ICO-Rehabilitación, la portavoz del Gobierno no aportó ninguna cifra pero aseguró que debería servir para reactivar el mercado inmobiliario.

Sáenz de Santamaría enfatizó que el Gobierno persigue con esta medida que los proyectos de las pymes "no se queden en meras ideas, sino que lleguen a su fin".

El ICO aporta el 9% de todo el crédito del sistema y el 15% si se contabilizan sólo los préstamos en plazos superiores a cinco años, con lo que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, "es una herramienta que hay que gestionar con responsabilidad".