"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Los empresarios y su aversión a firmar contratos de trabajo
EL ECONOMISTA
El anuncio del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) en Telefónica ya encontró su respuesta en el Gobierno: la promoción de una reforma legislativa para que las grandes empresas que tengan beneficios paguen también los costes de la prestación por desempleo en sus reestructuraciones. ¡Pero si acabamos de legislar hace unos meses en el último parche laboral justo en sentido contrario!
La propuesta del Ejecutivo ha encontrado rechazos dentro de los mismos sindicatos, que están divididos al respecto. Y eso que Telefónica ha llegado a decir que aun haciéndose cargo adicionalmente de la prestación del INEM le resultaría rentable este expediente que, ahora, además amplía en términos de volumen de plantilla afectada y su duración.
Una solución que beneficia a todas la partes
La sensación de que el Gobierno actúa en las reformas legislativas tarde y al impulso del viento es cada vez más patente. No hay un programa porque no hay ni siquiera una conciencia de cuáles son los problemas. No es posible ofrecer respuestas cuando no se plantean las preguntas. Por encontrar algo positivo en esta iniciativa legislativa, al menos se pretende diferenciar entre grandes empresas y pymes, una distinción de la que nuestro marco de relaciones laborales anda tan escaso y tan necesitado.
En el caso de Telefónica, es evidente que la solución de un ERE acordado beneficia a todas las partes directamente implicadas: a la empresa, en primer lugar, en su rentabilidad, porque si no fuera así no lo promovería y al mismo tiempo porque se vincula su negociación a la de un convenio colectivo que debe garantizar la estabilidad y la paz laboral en un margen temporal amplio, equivalente; beneficia también a los sindicatos, porque prestan su acuerdo a una solución que se realiza con su participación, y respetando los principios de voluntariedad y universalidad que las organizaciones sindicales defienden en las reestructuraciones, resuelta en este caso de forma no traumática; y beneficiará, en fin, a cada uno de los trabajadores que se acojan, pues les permite acceder a la prejubilación en condiciones comparativamente muy beneficiosas y sin perjuicio en su futura pensión pública.
Las compañías deben sobrevivir
No debería el Gobierno escandalizarse de que las empresas actúen dentro del marco normativo vigente para la mejor defensa de sus intereses, pues la principal obligación de una compañía es la supervivencia, la garantía de la continuidad de la aportación de valor en el tiempo, y en esto Telefónica ha demostrado que lo hace bien. Además, el ERE de Telefónica se negocia en la tradición de unas relaciones laborales consideradas por muchos expertos como modélicas y, por supuesto, dentro de la legalidad.
Y es precisamente esta legalidad, en sí misma, el principal motivo de reflexión que habría que plantearse. ¿Qué estructura legal -de costes de personal y de flexibilidad- tenemos vigente en España para que a las empresas les resulte rentable el prejubilar a buenos trabajadores con 52 años de edad, cuando con frecuencia subcontratan por lo mercantil la misma función que amortizan en plantilla? ¡Incluso contratan mañana como freelance a los mismos trabajadores que prejubilan hoy!
Y es que el empleo no está resuelto en su estructura legal. No lo estaba antes de la crisis y lo está menos ahora. La legislación laboral precisa de una reflexión en su globalidad, y de una meditación desde la razón técnica y la visión de Estado. Actualmente, el marco normativo laboral se aparece al empresario como un laberinto o una trampa, y el trabajador es apreciado con demasiada frecuencia más como un coste o como una fuente de problemas que como una inversión. Esto resulta muy desalentador para las personas y para la sociedad en su conjunto, y supone un coste social intangible de primera magnitud.
El horror al contrato de los empresarios
Un Ejecutivo capaz debiera preguntarse por qué Telefónica -y otras empresas en similar situación- acude a una opción como la prejubilación masiva para garantizar su rentabilidad futura. Un Gobierno capaz debiera preguntarse qué alternativas ofrece el marco legal ante situaciones de reestructuración necesaria. Y debería preguntarse también por qué existe entre nuestros empresarios ese horror al contrato de trabajo que señalaba recientemente el gobernador del Banco de España.
Mientras el coste de personal para el empresario sea equivalente al doble del salario neto que el trabajador recibe en su nómina y la legislación laboral se encuentre tan desnortada y falta de seguridad jurídica, seguiremos asistiendo en España a este tipo de ajustes de plantilla, y seguiremos alentando el trabajo sumergido, en perjuicio de todos, por mucha amnistía fiscal y administrativa que se quiera conceder.
Carlos de Benito es Profesor de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Dirección de Recursos Humanos. Universidad Francisco de Vitoria. Vicepresidente de AEDIPE Centro.
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