viernes, 13 de enero de 2012
El Estado le entregará más de 159 millones sólo en 2012
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
CANARIAS SEMANAL
La Iglesia Católica española es la única institución que no se verá afectada por los leoninos planes de ajuste neoliberal del Gobierno del Partido Popular. Según el BOE del sábado 31 de diciembre de 2011 - en su página 146615-, el Estado entregará mensualmente a esta privilegiada entidad la friolera de 13.266.216,12 euros. Es decir, 26.487.751.624 de las antiguas pesetas.
Esto supone que durante el 2012 - mientrasservicios esenciales como la Sanidad o la Educación públicas sufren los más duros recortes - la Iglesia se embolsará más de 159 millones de euros de dinero público (159.194.593,44). Según recoge también el Boletín Oficial del Estado, esta misma asignación la percibirá en el próximo 2013. Con lo cual la cifra, de auténtico vertido, ascendería en los dos años de crisis y "austeridad presupuestaria" a ¡318 millones de euros!.
Y es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con una nutrida representación de ministros del Opus Dei y los Legionarios de Cristo, no parece dispuesto a quedar a la zaga de su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente socialdemócrata que tras los furibundos ataques que recibió de la Conferencia Episcopal Española por la aprobación de leyes como la del matrimonio homosexual, no dudó en congraciarse con la jerarquía eclesiástica multiplicando sus ingresos.
La Iglesia Católica también se librará de la subida del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) anunciada por el Gobierno del PP, ya que su patrimonio no está sujeto a este gravamen. La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia está exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979, que le otorgaron los actuales privilegios jurídicos, económicos y políticos. El resultado de estos Acuerdos – continuación de los establecidos en los tiempos del “nacionalcatolicismo” franquista- fue la constitución de un Estado aconfesional sólo en la letra de la Constitución pero plenamente confesional en la práctica.
La "labor social" de la Iglesia como excusa
Para defender la multimillonaria aportación de fondos públicos a una confesión religiosa que jamás se ha visto obligada a cumplir su promesa de autofinanciación, sus defensores suelen argüir que ésta se encontraría "justificada" por la llamada "labor social de la Iglesia. "¿Quién atendería a los pobres, a los excluidos, a los ancianos, si no lo hiciera la Iglesia católica?" - esgrimen de forma recurrente responsables políticos, obispos y católicos acríticos. La relativa aceptación entre determinados sectores de este tipo de "argumento" refleja la pervivencia de una mentalidad inculcada para perpetuar la dominación, que relega la justicia social decretando que es preciso conformarse con la caridad. Y que descarga al Estado de su obligación, no ya de socorrer a "pobres" y "excluidos", sino de garantizar al conjunto de la población las condiciones mínimas para desarrollar una vida digna.
¿Caridad o lucrativo negocio?
Pero, junto a este cuestionamiento de fondo de la "coartada" social, resulta preciso señalar que los datos sobre los servicios ofrecidos por la Iglesia Católica refutan también que éstos se otorguen graciosamente a los más necesitados. Los hospitales y colegios privados concertados gestionados por la iglesia católica no sólo reciben una magnífica provisión de fondos públicos sino que, en la mayoría de los casos, también cobran por estos servicios a sus usuarios. Algo similar sucede con residencias para ancianos y otros colectivos que, pese ser subvencionadas, cobran a los internos o sus familiares.
El resultado final, como sucede con el conjunto de los "conciertos" privados, no constituye ningún ahorro para el Estado, aunque sí un lucrativo negocio para las órdenes encargadas de la gestión de los centros. Una realidad que no modifica el hecho de que en ellos colaboren también voluntarios católicos que trabajan de manera gratuita. Algo que, lejos de ser representativo de su funcionamiento general, no constituye sino una forma más de maximizar beneficios reduciendo gastos de personal.
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IGLESIA CATÓLICA
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