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En este sentido, sostiene que los guagüeros son un colectivo bien organizado y destaca que la organización trata de buscar alternativas a todo este desbarajuste que se está produciendo, de manera que hoy mismo se ha llevado a cabo una reunión del comité de empresa para analizar qué está pasando y cuál es el camino a seguir para plantear documentos alternativos a las imposiciones que se están aplicando y que se quieren poner en marcha.
El sindicalista advierte que uno de los problemas que más están viendo es que cada administración dice una cosa, cada una va por su lado, por lo que entiende que ya es hora de que el Cabildo tinerfeño, que es la institución principal, acoja también a los ayuntamientos afectados por estas medidas, sea el de Santa Cruz, La Laguna o Arona, que están obligados por Ley a dar el servicio público, para tratar de sentarlos en una mesa y se cree un ente jurídico, llámese consorcio o autoridad única, que organice claramente y en el que estas corporaciones deleguen sus funciones.
El portavoz de IC entiende que es urgente la creación de ese ente jurídico que canalice la gestión de las guaguas y que distribuya el dinero que esas administraciones públicas deben aportar al transporte público, con el objetivo de que se siga prestando un servicio decente a la ciudadanía.
Virgilio Gómez lamenta que tanto ciudadanos como profesionales tengan que enterarse a través de los medios de comunicación de la problemática a la que se está enfrentando a diario TITSA sencillamente porque los dirigentes políticos son incapaces de sentarse en una mesa para abordar la problemática y para tratar de buscar una alternativa al paulatino desmantelamiento del servicio.
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