LOS EMPRESARIOS CANARIOS EXIGEN NUEVOS PRIVILEGIOS FISCALES

CANARIAS SEMANAL

Por Ernesto Gutiérrez -Redacción Canarias Semanal

Sin duda, éste parece ser el momento estelar de los patrones canarios. Con un despliegue mediático del que resulta difícil encontrar precedentes, los empresarios de las Islas han lanzado una fulminante ofensiva que recuerda más al "Blitzkrieg" - "guerra relámpago"- de los ejércitos hitlerianos durante la Segunda Guerra Mundial, que a un pliego de educadas peticiones. Nada han dejado en la retarguardia los patrones autóctonos. Se quitaron, por fin, las caretas y sin el menor sonrojo han puesto en marcha para la consecución de sus propósitostodo el dispositivo estratégico de radios, prensa y televisiones que, aunque siempre estuvo en sus manos, no habían utilizado hasta el momento con tanta profusión .

A su reciente exigencia de desprotección total del territorio, la patronal canaria acaba de añadir ahora la reclamación de una drástica reforma del régimen fiscal que se traduzca, de manera fulminante, en nuevas exenciones y reducciones impositivas. Los empresarios isleños iniciaban esta ofensiva la pasada semana acusando a la Hacienda pública de estar "impidiendo la inversión en el Archipiélago y le creación de empleo". Unas declaraciones motivadas por el litigio que mantienen actualmente con la Agencia Tributaria, que trata de cobrar desde hace dos años la friolera de alrededor de 2.000 millones de euros que considera ilegítimamente incluidos en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

¿QUÉ ES LA RIC?

La RIC es un mecanismo fiscal - ideado por José Carlos Mauricio y el ex consejero del Gobierno de Coalición Canaria Antonio González Viéitez- que permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades y puede aplicarse también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Desde su imposición, ha permitido a los empresarios instalados en el Archipiélago "ahorrarse" el pago de miles de millones de euros que dejaron de ingresarse en las arcas públicas. Entre 1998 y 2007 los impuestos que el empresariado dejó de tributar gracias a la Reserva de Inversiones de Canarias nunca bajaron de los 1.300 millones de euros anuales (216.301 millones de pesetas). Dispuestos a exprimir al máximo las posibilidades que ofrece un mecanismo económico de estas características, los "emprendedores" canarios pronto comenzaron a dotar la Reserva de Inversiones con todo tipo de ingresos, y no solo con los beneficios obtenidos a través de la “actividad propia de sus empresas”. El rendimiento de sus cuentas bancarias, la venta de instalaciones, de naves comerciales, de hoteles, etc. Para tratar de poner algún freno a la picaresca empresarial el Ministerio de Hacienda estableció de forma explícita los límites de la exención fiscal, en la última reforma de la Reserva recogida en el artículo 27 de la Ley del REF que entró en vigor en enero de 2008. Desde entonces intenta infructuosamente que los empresarios isleños tributen lo obtenido mediante esos “beneficios atípicos”.

EL ARGUMENTARIO PATRONAL

Hasta el momento los tribunales han dado la razón a la Administración, algo que ha llevado a la patronal isleña a movilizarse con una campaña que pretende recabar el apoyo de la ciudadanía. Intentando confundir, una vez más, sus intereses particulares con el "interés general", los empresarios aseguran que la "degradación" a la que ha sometido el Ministerio de Hacienda la RIC “está teniendo un alto coste en términos de reinversión y empleo”. Así lo afirmaba, por ejemplo, Agustín Manrique de Lara, aristocrático presidente del Círculo de Empresarios, que manifestaba a la prensa que “esos fondos se los queda el Estado a través del Impuesto de Sociedades, por lo que pierde toda la sociedad canaria”. En la misma línea, el presidente del grupo Satocan, Juan Miguel Sanjuán, aseguraba que el Ministerio de Hacienda “se equivoca al tomar la RIC como un beneficio para las empresas" ya que - según el constructor - en realidad se trata de "un beneficio estructural” para toda Canarias. Abundando en esta línea argumental Manrique de Lara “lamentó que el Gobierno regional no haya sabido explicar al de Madrid el sentido de la Reserva para Inversiones”, por lo que, -dijo - “se toma aquí por los inspectores como un lujo al servicio de los empresarios”. Por su parte, Sanjuán destacó que “no hay que perder de vista que la RIC obliga a reinvertir los beneficios en Canarias. "Es decir -concluyó- no estamos hablando de coger nuestros beneficios y llevárnoslos fuera del Archipiélago. Los empresarios canarios donde primero quieren invertir es en su tierra”.

EL BALANCE REAL DE LA RIC

Lejos de esgrimir justificaciones originales, pues, los empresarios canarios se limitan a reiterar la justificación con la que en su día se vendió a la población la Reserva de Inversiones de Canarias. Se trataría, según sus creadores y apologistas, de una herramienta destinada "a estimular la inversión de las empresas en las Islas y el crecimiento económico”, cuya finalidad última sería la "creación de empleo". Lo cierto es que, aunque con las peculiaridades propias de Canarias, la RIC es un ejemplo concreto de lo que en economía neoclásica - lease neoliberal - se denominan “políticas de oferta”, medidas e instrumentos que potencian la desregulación laboral, las privatizaciones, las subvenciones y las desgravaciones fiscales a las grandes empresas, bajo el supuesto de que este estímulo a la inversión privada es la única vía posible para mejorar el bienestar general.

Obviamente, la promesa con la que se justificó la Reserva de Inversiones jamás se hizo realidad. Canarias continuó estando a la cabeza del Estado en desempleo y precariedad laboral. La RIC sí constituyó, en cambio, el chollo fiscal perfecto para potenciar la acumulación de capital de los principales grupos empresariales de las Islas. Grupos como el de Santana Cazorla o Lopesan - de Eustasio López - hoy en disposición de invertir cientos de millones de euros en Latinoamérica, Europa o África. (*)

Pero la patronal canaria quiere más, mucho más, y reclama ahora una modificación de laRIC que les permita considerar como beneficios de la empresa los obtenidos con cualquier actividad, aunque no sea la propia de la misma. No se conforman, sin embargo, con esta nueva concesión, que el Partido Popular defenderá esta misma semana en el Parlamento autonómico. Por boca del ex presidente de la CCE, Alberto Cabré, exigen también que se les beneficie con nuevas bonificaciones a la imposición fiscal directa que grava a las empresas.“Hay que ser valientes e imaginativos ya no vale insistir con la RIC, –defendió sin ambagesCabré en nombre de todos sus colegas- antes de pedir nuevas exenciones para el Impuesto de Sociedades.

Lo malo de esta moderna reedición social del "Blitzkrieg" hitleriano es que frente a él la patronal no se van a encontrar a un "ejército rojo" que le pare los pies, sino a un Gobierno timorato presto a claudicar y a dos sindicatos hegemónicos que ya han enseñado la bandera blanca antes de que la batalla diera comienzo. Y así, claro, las ganarán todas las batallas.

(*) Ver el quinto de los artículos asociados "Capitalistas sin patria".