Los expertos apuestan por rebajar las cotizaciones sociales y no los sueldos

EL ECONOMISTA

La recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a España de que aplique una rebaja salarial del 10% para hacer frente a una tasa de paro del 26,6%, según la última EPA, y el respaldo que esta propuesta ha recibido por parte del comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, han suscitado un intenso debate. Respuesta de sindicatos y CEOE a la CE: mantendrán el actual pacto salarial.

Ahora que las estadísticas empiezan a mostrar los primeros síntomas positivos de las medidas aplicadas en el mercado laboral y cuando los trabajadores acumulan a sus espaldas años de esfuerzos (por la vía de la moderación salarial y la pérdida de poder adquisitivo que conlleva la subida de impuestos), la mayoría de expertos consultados por elEconomista disiente del análisis de FMI y Bruselas y apuesta por seguir rebajando los costes laborales, pero no por la vía de los salarios, sino por la vía de las cotizaciones sociales.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística evidencian que desde 2010 los costes laborales han caído un 7,1 por ciento en términos reales en España y que en términos nominales (descontada la inflación) se han reducido un 2,4 por ciento, frente al 1,2 por ciento que, de media, han subido en la eurozona. Con todo, Juergen B. Donges, catedrático de Macroeconomía de la Universidad de Colonia, considera que aún queda margen para que ese coste total que cada trabajador supone para la empresa se reduzca más de lo que lo ha hecho recientemente.

De esta forma, "cuanto menos se quieran reducirse los salarios nominales, tanto más habría que bajar las cotizaciones sociales". En su opinión, cuando el nivel de paro registrado es tan elevado como en España y gran parte de este desempleo es estructural, no puede haber dudas sobre que la mano de obra es demasiado cara.

La opción de aplicar esa devaluación interna a través de los precios no es factible en la eurozona. Otra vía para atajar la elevada tasa de paro sería lograr un aumento significativo de la productividad laboral, una medida que, advierten los expertos, sería más lenta, porque requiere que se intensifiquen la innovación de procesos y la formación profesional de los trabajadores.

Es un hecho que España debe mantener el proceso de consolidación y seguir adaptándose a la situación económica, sin embargo, hay quienes inciden en que aumentar el ritmo de los ajustes y de los esfuerzos que se exigen a los ciudadanos sería pernicioso en este momento, sobre todo para la demanda interna, como explica Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos. De hecho, el Banco de España ya advirtió de que entre abril y junio, el octavo trimestre consecutivo con nuestro PIB en recesión, la demanda interna apenas suavizó su contracción (cayó un 0,6 por ciento, una décima menos que en el trimestre anterior) en un entorno de falta de crédito, desendeudamiento y consolidación presupuestaria.

Europa puede hacer más

En la misma línea, Sandalio Gómez, economista y titular de la cátedra Seat de Relaciones Laborales del IESE, recuerda que la política laboral no puede obviar la realidad social. Gómez ve discutible aseverar que el ajuste de salarios deba ser del 10 por ciento en nuestro país y se pregunta: ¿por qué no superior o inferior? Lamenta, además, que ni Rehn ni el FMI hayan argumentado en qué basan este cálculo y que tampoco tengan en cuenta la reducción que ya han registrado los salarios en España, fuera y dentro de los convenios colectivos, principalmente a lo largo de los tres últimos años.

No sólo no reconoce esos esfuerzos, sino que, además, los economistas resaltan que Europa podría hacer mucho más para favorecer que tanto España, como sus empresas, puedan financiarse a los mismos costes que lo hacen las compañías de otros socios, como Alemania, lo que acabaría revirtiendo también en nuestro mercado de trabajo.

Sin embargo, la recomendación del Fondo y la Comisión Europea podría tener encaje en los nuevos contratos que vayan a firmarse, como puntualiza Rafael Pampillón, economista del Instituto de Empresa, que ve en ello un modo de mejorar la contratación. Su tesis enlaza con la necesaria devaluación de todos los costes en España (laborales, fiscales, financieros) como vía para impulsar las exportaciones, que, según recalca, son las que nos han ido sacando de todas las crisis pasadas.

Los defensores de una mayor reducción de los costes salariales inciden en que estos representan entre la mitad y el 60 por ciento de los costes empresariales y en que su incremento fue demasiado elevado en los años del boom. Así y pese a haberse reducido con la crisis, siguen impidiendo que el mercado laboral pueda digerir a cerca de seis millones de parados.