lunes, 21 de noviembre de 2011
El Ayuntamiento de Santa Cruz ha transmitido al Cabildo que no está en disposición de pagar los 12 millones de euros que pide por el servicio de guaguas.
El Día
J.A. MEDINA, Tenerife
En octubre del año 2009 fue cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular firmaron el contrato-programa, que expirará a finales de este año, para el desarrollo por parte de la compañía Transportes Interurbanos de Tenerife SA (Titsa) del servicio urbano en el municipio capitalino. En la actualidad, ya han comenzado los contactos entre las partes existiendo una diferencia sustancial entre los 12 millones que pide la Corporación insular y la pretensión de la Administración municipal de no pagar esa cifra.
Como consecuencia, la compañía Titsa ha trasladado al gobierno local la pretensión de reducir el número de líneas actualmente operativas en la capital, así como eliminar servicios. Además, ello implicaría la necesidad de proceder a la reducción de la plantilla a través de la figura del expediente de regulación de empleo (ERE), según la información de la que dispone la representación sindical.
La preocupación principal entre los trabajadores está en el estancamiento en el que parece haber entrado la negociación, "aunque los contactos continuarán a partir de la semana próxima". De hecho, en UGT indican que "estamos a la espera de un encuentro con el concejal de Obras y Servicios, Dámaso Arteaga, para conocer el punto de vista del ayuntamiento".
Asimismo, los representantes de la plantilla están preocupados porque "desconocemos de dónde se pretende despedir a trabajadores, si del servicio interurbano o del urbano. En cualquier caso, habrá reajustes si la situación que nos han transmitido se mantiene".
El contrato-programa aún vigente pivota sobre tres puntos que pretendían que el sistema fuera más eficiente y económico para el ayuntamiento, lo que supondría un ahorro inicial para la corporación local cifrado en torno a 2,5 millones de euros. Asimismo, se trataba de que en el periodo de aplicación la ciudad dispusiera de las infraestructuras necesarias para alcanzar esa eficiencia (velocidad comercial), con la cofinanciación de las obras, además de integrar todos los modos de transporte a nivel metropolitano, planteándose sobre este último aspecto la posibilidad de hacerlo a través de uno o varios consorcios.
Otro de los puntos del acuerdo era impulsar las infraestructuras viarias exclusivas del transporte (carriles bus), para lo que se elaboraban estudios de movilidad en determinadas vías (principalmente el eje Avenida Bélgica-Avenida San Sebastián). De hecho, la Corporación insular llegó a valorar la exclusión del municipio del futuro Consorcio de Transportes (tampoco ha sido constituido) si no accedía a permitir la construcción de ese carril bus.
Dentro del documento se establecía la voluntad de conformar la integración del transporte urbano a través de una integración operativa o competencial mediante la creación de un consorcio o varios que reglen los servicios que se presten, con la posibilidad de que a su vez queden todos ellos encuadrados bajo una única autoridad del transporte en la Isla.
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