CATT-GLOBAL Salcai-Utinsa S.A.: ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

viernes, 25 de marzo de 2011

ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Garzón presenta una demanda contra el TS

CANARIAS AHORA

Considera sus derechos vulnerados en el proceso abierto contra él por la Memoria Histórica.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por considerar que la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes franquistas ha violado sus derechos fundamentales.

El juez suspendido de la Audiencia Nacional alega que el caso penal abierto contra él en el Supremo, por el que va a ser juzgado por un delito de prevaricación, viola varias obligaciones españolas respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la de proteger a los individuos de procedimientos penales injustos y el principio de independencia judicial.

"Este caso trata del enjuiciamiento injustificable de un juez por veredictos razonados de forma cuidadosa, y como respuesta a su intento de impartir justicia a las víctimas de las atrocidades del franquismo", señala una nota informativa distribuida este viernes por Interights, que es el bufete británico especializado en procedimientos ante el TEDH que ha presentado la demanda.

La petición se centra, según explica el bufete, en la inadmisibilidad de iniciar un procedimiento penal contra Garzón en las actuales circunstancias, así como en las "graves consecuencias de dicho procedimiento", no sólo para el juez español en cuestión, "sino para la independencia judicial, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho en general".

Leyes de aministía

En su nota informativa, el bufete británico señala que el hecho de que no haya continuado la investigación ni el enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura franquista una vez que Garzón se inhibió del caso se ha atribuido en parte a la existencia de las leyes de amnistía que se aprobaron en octubre de 1977 en el ámbito de la transición democrática.

Añade que la aplicación de esta Ley de Amnistía "resulta especialmente controvertida" en relación con los crímenes contra la humanidad, y que existe una opinión diversa al respecto entre los legisladores y los propios jueces españoles. Antes del procedimiento penal contra el juez Garzón, el Tribunal Supremo había considerado la aplicabilidad de amnistías únicamente con relación a otros estados, según detalla este bufete ante el TEDH.

La opinión de que las amnistías y la prescripción no se aplican a delitos graves cuenta con un apoyo generalizado en todo el derecho y la práctica internacionales, según la demanda, por lo que "la interpretación del juez Garzón no se puede calificar de arbitraria e irrazonable, sino que está avalada por muchos otros tribunales y organismos tanto en el ámbito nacional como en el internacional", señala el escrito.

Señala además la demanda que la normativa internacional y comparada indica que la utilización de la legislación penal (como el delito de prevaricación en este caso) para enjuiciar a jueces por su interpretación de la legislación "constituye un obstáculo para las obligaciones internacionales de protección de la independencia judicial".