El "CATT" siempre luchando por los derechos de todos los compañeros/as

El "CATT" siempre luchando por los derechos de todos los compañeros/as
El Colectivo Autónomo de Trabajadores del Transporte "CATT" lucha para que los familiares de todos los compañeros/as puedan entran a formar parte de esta gran familia que es Global Salcai Utinsa

¿Dónde está la unidad del Comité de Empresa en Salcai Utinsa?

¿Dónde está la unidad del Comité de Empresa en Salcai Utinsa?
Reglamento del viajero

INFORMA CATT

INFORMA 1/01-2020

INFORMA 1/01-2020

SENTENCIA CONDENATORIA A GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

SENTENCIA CONDENATORIA A GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

LISTADO DE TELÉFONOS GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

LISTADO DE TELÉFONOS GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A.

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

LOS SINDICATOS Y LAS EMPRESAS

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

RESPUESTA DEL CATT AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SALCAI-UTINSA S.A.

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CANDIDATURA CATT ELECCIONES

CANDIDATURA CATT ELECCIONES

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

JUBILACIÓN PARCIAL

JUBILACIÓN PARCIAL

domingo, 30 de junio de 2013

¿¿¿Un nuevo estudio de viabilidad prevé un movimiento de 14,6 millones de viajeros en el primer año???

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La construcción del tren dará trabajo a 18.000 personas en cuatro años




El ferrocarril de GranCanaria creará 18.000 puestos de trabajo en los cuatro años de su construcción, consumirá 12.000 toneladas de hierro, recorrerá en veinte minutos el trayecto directo entre Santa Catalina y Meloneras, moverá 14,6 millones de pasajeros en el primer año de funcionamiento y el precio de billete será igual al del servicio de guaguas de Global. Estas son las principales novedades del último estudio de viabilidad realizado por la empresa Ineco, la entidad pública del Ministerio de Fomento que se encarga de la planificación y supervisión del futuro tren de la Isla.
El coste total de la obra se mantiene en 1.545 millones de euros, donde se incluye el montaje de los 57,6 kilómetros de vía, la edificación de las once estaciones, el tendido eléctrico, las cocheras, la expropiación de terrenos y un parque eólico que producirá 30 megavatios a la hora, según informó ayer la consejera de Transportes del Cabildo de Gran Canaria, María del Carmen Rosario Godoy, quien precisó que la mayoría de los proyectos constructivos solo están pendientes de que el Gobierno de Canarias apruebe definitivamente la Declaración de Impacto Ambiental.
Hasta ahora se han ejecutado unos 18 de los 24 millones de euros para la redacción de los proyectos constructivos, que paga en su totalidad el Ministerio de Fomento. Aunque el actual gobierno insular del PP considera que el tren del Sur "no es una prioridad en estos momentos", ha ido cumpliendo los pasos que fijaron Ineco y el anterior grupo gobernante del PSOE y NC.
Financiación
Frente a los que opinan que este es un gasto innecesario porque no está claro que se puedan conseguir los 1.545 millones, la consejera de Transportes recordó que son fondos finalistas no se puede utilizar en otra cosa. "Teníamos dos alternativas: paralizar el tren y perder ese dinero; o bien seguir adelante con los proyectos para no tirar a la basura todo el trabajo realizado hasta ahora, lo que además sería una inmoralidad porque ya se han gastado 18 millones de euros", apuntó María del Carmen Rosario.
Respecto a la financiación, dijo que la primera opción es que el Estado corra con el total de los gastos de construcción, tal como estaba previsto antes de la crisis económica. En caso contrario, también se está barajando la financiación privada y se han establecido contactos con inversores extranjeros. Con los plazos establecidos, los proyectos estarán entregados a mediados de 2014 y las obras podrían comenzar de inmediato, para inaugurar el servicio en 2018.

viernes, 28 de junio de 2013

"A tomar ejemplo en Canarias" El Senado australiano ha aprobado una propuesta que obligará a las empresas a buscar a sus trabajadores en el mercado local...


"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Australia dará prioridad a los trabajadores locales


EL ECONOMISTA

El Senado australiano ha aprobado una propuesta que obligará a las empresas a buscar a sus trabajadores en el mercado local y demostrar que lo hicieron así antes de contratar a personal extranjero, según informó la cadena ABC.
Esta propuesta del Gobierno, que fue aprobada ayer también en la Cámara Baja, está pendiente del visto bueno de la gobernadora general de Australia, Quentin Bryce, para entrar en vigor.
Los empleadores también deberán invertir un porcentaje de sus nóminas para capacitar a sus empleados locales, así como a los extranjeros que trabajen en el país con el visado 457, un tipo de permiso otorgado con ayuda de un patrocinador para cubrir las plazas laborales que tienen poca oferta dentro del país oceánico.

Contra los abusos de los empleadores

Además, el organismo regulador de asuntos laborales Fair Work investigará potenciales abusos del sistema.
En marzo pasado, la entonces primera ministra de Australia, Julia Gillard, anunció su intención de combatir estos supuestos abusos generalizados por parte de los empleadores en la contratación temporal de trabajadores con calificaciones en detrimento de la creación de puestos de trabajos para los australianos.
Según el ministro de Inmigración, Brendan O'Connor, se calcula que hay unos 10.000 casos de abusos por parte de los empleadores.
Pero la oposición conservadora considera que no existen pruebas sobre estos supuestos abusos y acusa al Gobierno de querer obstruir este tipo de visados para contentar a los sindicatos, a la vez que coincide con el Partido Verde, de que tiene tintes "xenofóbos".
Los sindicatos han luchado para que las regulaciones respecto al visado 457 se hagan más estrictas para que los trabajadores tengan mayor protección laboral y consideran que se contrata a los extranjeros con menores salarios y beneficios.
Australia otorgó entre julio de 2012 a abril de 2013 un total de 56.950 visados 457, lo que supone un 1,7% más que el mismo período anterior.
Este tipo de visado permite a un extranjero trabajar hasta 4 años en Australia y vivir junto a su familia en este país.


jueves, 27 de junio de 2013

Ya son cuatro las resoluciones judiciales que dan la razón al cliente y devuelven el dinero cobrado indebidamente por la banca en caso de nulidad de sus cláusulas suelo.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Cuarta sentencia a favor de devolver el dinero por cláusulas suelo abusivas

ECOLEY

A pesar de que el Tribunal Supremo se opuso, en su sentencia de 9 de mayo, a la devolución de las sumas cobradas antes de declararse la nulidad, los jueces comienzan a esquivar este criterio apelando al Código Civil y a la primacía de la ley sobre la jurisprudencia del Supremo. En este caso, el juez va más allá y asegura que el fallo del Alto Tribunal sólo puede aplicarse al caso que resuelve, y no puede extrapolarse a ningún otro.
El último pronunciamiento a favor del consumidor se encuentra en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, con fecha de 19 de junio de la que es ponente el magistrado Bermúdez Avila, que se basa en el artículo 1.303 del Código Civil para devolver el dinero al cliente. Dicho precepto obliga a restituir las cantidades en caso de nulidad.
El fallo recuerda que, eliminada del contrato de préstamo la cláusula suelo, dicho pacto seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos sin la cláusula abusiva. Así, como regla general, la ineficacia de los contratos o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste "exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido". De esa forma se evita que lo nulo produzca efecto alguno, tal y como dispone el artículo 1.303 del Código Civil.
Ese criterio es el opuesto al mantenido por el Supremo en su sentencia. Ésta se basa en el "riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico" que supondría la devolución del dinero, y niega la retroactividad.

Cláusulas suelo: tercer fallo a favor de devolver el dinero

Ya son, al menos, tres los jueces que han esquivado la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo, en la que se fijaba que, a pesar de la nulidad de una cláusula suelo por falta de información, la devolución del...

Rompiendo mitos: ¿en qué países los trabajadores tienen más vacaciones?

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

¿En qué países los trabajadores tienen más días de vacaciones?


EL ECONOMISTA

Las diferencias económicas y sociales entre los países desarrollados se puede medir de muchas maneras. Una de las más interesantes es analizar los días de vacaciones que los trabajadores disfrutan cada año. Un informe del think-tank político y económico Center for Economic and Policy Research ayuda a romper algunos de los mitos que siempre han existido sobre este tema. Por ejemplo, el de que los países del sur de Europa se disfruta de más días libres que en países como Alemania o Austria.
EEUU es el único país desarrollado en el mundo que no cuenta con una legislación laboral en la que se establezcan los días de vacaciones que las empresas tienen que pagar a sus trabajadores al año. Por ley, todos los países de la Unión Europea exigen por lo menos cuatro semanas laborables de vacaciones pagadas.
Los trabajadores estadounidenses del sector privado reciben de media 16 días de vacaciones pagadas, pero uno de cada cuatro ciudadanos de este país norteamericano no tiene un solo día libre.
Center for Economic and Policy Research ha realizado un estudio en el que identifica los países en los que los trabajadores cuentan con al menos 30 días de vacaciones pagadas al año. Estos son los ocho en los que los empleados gozan de más días libres:

1. Austria:

Días de descanso por año: 35
Horas anuales trabajadas: 1.598 horas
La productividad laboral: 39,61 euros por hora
PIB per cápita: 33.108 euros

2. Portugal:

Días de descanso por año: 35
Horas anuales trabajadas: 1.711 horas
La productividad laboral: 24,87 euros por hora
PIB per cápita: 17.953 euros

3. Alemania:

Días libres al año: 34
Horas anuales trabajadas: 1.406 horas
La productividad laboral: 42,84 euros por hora
PIB per cápita: 30.735 euros

4. España:

Días libres al año: 34
Horas anuales trabajadas: 1.685 horas
La productividad laboral: 36,46 euros por hora
PIB per cápita: 23.460 euros

5. Francia:

Días de descanso por año: 31
Horas anuales trabajadas: 1476 horas
La productividad laboral: 44,29 euros por hora
PIB per cápita: 27.292 dólares

6. Bélgica:

Días libres al año: 30
Horas anuales trabajadas: 1.577 horas
La productividad laboral: 45,68 euros por hora
PIB per cápita: 29.084 euros

7. Italia:

Días libres al año: 30
Horas anuales trabajadas: 1.774 horas
La productividad laboral: 35,77 euros por hora
PIB per cápita: 23.133 euros

8. Nueva Zelanda:

Días libres al año: 30
Horas anuales trabajadas: 1.762 horas
La productividad laboral: 26,17 euros por hora
PIB per cápita: 23.672 euros

domingo, 23 de junio de 2013

La Comisión Ejecutiva señala "con rotundidad" que en el informe de los '12 sabios' "no está recogida la posición del sindicato".

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

CC OO cree que fue un error participar en el comité de pensiones


El "experto" en pensiones de CC.OO. Miguel Ángel García
El apoyo que Miguel Ángel García, jefe del gabinete económico de CC OO, dio al informe del grupo de expertos sobre la próxima reforma de pensiones ha supuesto un grave problema interno en el sindicato. A la vista de esto, la organización dirigida por Ignacio Fernández Toxo hizo este martes una clara autocrítica : “La dirección confederal asume que cometió un error al haber aceptado la participación de una persona asociada al sindicato en una comisión profundamente desequilibrada [en referencia a la presencia de varios técnicos vinculados al sector asegurador]”. No obstante, en el mismo comunicado, la dirección del sindicato defiende el trabajo de García en esa comisión por contribuir a frenar las propuestas de reforma más radicales y vuelve a desvincularse del informe porque “no está recogida la posición del sindicato”.

En ambos encuentros, el líder de CC OO dijo que había cometido “un error” por permitir que alguien vinculado al sindicato participara en la comisión que ha acabado proponiendo el factor de sostenibilidad, el principal objetivo de la siguiente reforma de pensiones, como un doble mecanismo de ajuste en el gasto de pensiones, y se volvió a desmarcar del resultado final. “En este informe no está recogida la posición del sindicato y, en consecuencia, no nos sentimos reflejados ni vinculados a él”, afirma el comunicado.La cúpula de CC OO tenía prevista una reunión este martes. En la víspera trascendió que varios miembros de gabinete técnico del sindicato criticaban la posición de García y a la dirección porque consideraban que hasta el momento habían tenido una “respuesta tibia”. A ellos se sumó el sector crítico, que dice representar al 20% del sindicato y está representado en la cúpula por Pedro Linares. Viendo esto, Fernández Toxo convocó de forma extraordinaria a los secretarios generales territoriales y sectoriales para tratar el tema y al final de ambas reuniones se emitió un inusual comunicado conjunto de la Comisión Ejecutiva Confederal y el conjunto de secretarios generales.
La dirección del sindicato también se distancia de García cuando defiende que “la reforma de pensiones no es necesaria”. Y defiende los plazos previstos para la definición del factor de sostenibilidad y entrada en vigor, 2027 y 2032, respectivamente. En su voto particular, García se decanta porque sea 2019 (no 2014, como la mayoría del grupo de expertos).

No obstante, el secretario general defendió el papel que ha jugado el jefe del gabinete económico en el grupo porque “su participación ha permitido que se abandonase la idea inicial de cambiar sustancialmente la naturaleza de nuestro sistema”. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en la comisión al comenzar sus trabajos el 25 de abril. Ese día varios de sus componentes presentaron un documento con una propuesta que suponía un cambio radical de la Seguridad Social. Querían que el sistema de pensiones mutara en uno similar al sueco, en el que los jubilados vienen a cobrar durante el retiro lo que han cotizado más unos rendimientos ficticios. García y, al menos, otros dos expertos (Santos Ruesga y José Luis Tortuero, los propuestos por el PSOE) se opusieron.Tras el comunicado emitido por la cúpula, el representante del sector crítico en la ejecutiva, Pedro Linares, que había pedido la descalificación pública de García ante el “daño que se ha hecho al sindicato” se mostró moderadamente satisfecho con la solución dada a esta crisis, si bien siguió cuestionando que alguien que tiene posiciones “tan diferentes sea una pieza fundamental en la asesoría del sindicato”. También había satisfacción entre los miembros de gabinete técnico que protestaron ante la dirección.
La contundencia con la que ayer CC OO se desmarcó del informe final del comité ratificó el pronóstico sobre la sintonía que mantendría este sindicato con UGT en la reforma de pensiones. Horas antes, el número dos de esta central, Toni Ferrer, se había mostrado seguro de que ambos sindicatos irían de la mano.

viernes, 21 de junio de 2013

En este 2013, CCOO ha recibido del Gobierno 3.528.443,34 euros en concepto de subvenciones para la realización de actividades de carácter sindical.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

CCOO y UGT intentan desmontar el mito de que viven de la subvención del Estado


EL CONFIDENCIAL

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT) quisieron poner ayer fin al mito que arrastran durante años y que apunta, tal y como está instalado en el imaginario de mucha gente, a que ambas organizaciones viven, exclusivamente, de las subvenciones del BOE. Aprovechando su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, donde ayer explicaron su predisposición a someterse, con matices, a la futura Ley de Transparencia, ambas formaciones hicieron un importante destape económico con el que quisieron mostrar, en primer lugar, que la fuerza de sus siglas está en sus afiliados, para acabar así, en segundo lugar, con el bulo de que las ayudas para los programas de formación para el trabajo son mecanismos que les sirven para financiarse.
De entre las dos, Comisiones Obreras fue la que hizo un mayor destape económico ante sus señorías y la que demostró que se encuentra más avanzada en lo que a criterios de transparencia se refiere. Así lo explicó su secretario de Estudios, Rodolfo Benito, quien avanzó que CCOO ya ha dado el paso de publicar sus cuentas en la web del sindicato y que reveló, además, que en este 2013, CCOO ha recibido 3.528.443,34 euros en concepto de subvenciones para la realización de actividades de carácter sindical. Según Benito, esos ingresos sólo suponen el 2,81% de los ingresos totales de la organización.
La cifra ha descendido notablemente de unos años a esta parte, fruto de los ajustes drásticos aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy que, en apenas un año y medio, ha recortado las subvenciones a sindicatos, CEOE y partidos políticos en un 40%. Así, en 2009, la cantidad recibida por CCOO ascendía a 6.397.610,94 euros y, en 2011, último año del que se tenían datos, a 6.385.578,58 euros.
Ayer fue la primera vez que un sindicato como el de CCOO explicaba qué cantidad de dinero recibirán este año del Estado, pues las cifras globales todavía no han sido publicadas en el BOE. En ese paso a favor de una total transparencia en su gestión, Benito también explicó que, hoy por hoy, el sindicato cuenta con 1.073.000 cotizantes que pagan sus cuotas como afiliados.
Frederic Monell, secretario de participación sindical de UGT, detalló, por su parte, que los ingresos por las cuotas de sus abonados (en torno a un millón, dijo) suponen el 70% de la financiación del sindicato y que las subvenciones del Estado sólo cubren algo más del 20%. Monell, sin embargo, no detalló más sobre las cuentas internas de la formación y reconoció que, en la actualidad, el sindicato no cumple con lo que pretende hacer la futura Ley de Transparencia. “Debemos recorrer un camino de esfuerzo para que nos hagamos acreedores de esos objetivos”, aseguró ante los miembros de la Comisión.
Ambos sindicatos reconocieron ayer que están dispuestos a entrar dentro del ámbito de actuación de la Ley de Transparencia, aunque pusieron matices dada su especial naturaleza. Así, Benito advirtió que ellos no pueden cumplir con el principio de publicidad activa de igual forma que lo hace una Administración pública porque no pueden revelar sus actas o las estrategias del sindicato de cara al Gobierno, a la patronal o a la negociación colectiva. Monell, por su parte, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que la ley pueda suponer algún tipo de injerencia por parte de las autoridades públicas en la organización del sindicato o pueda coartar su libertad de funcionamiento.
Los sindicatos pidieron a los diputados que no se confundan las subvenciones que aquellos reciben de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas con los fondos para programas públicos de gestión sindical, que tienen objetivos finalistas y en los que participan otras instancias, porque “la realización de programas no es financiación”, explicaron. Bajo este concepto, tal y como publicó este diario, patronal y sindicatos se repartieron 175 millones en subvenciones en el 2011. 
CEOE rechaza su inclusión en la ley
Con los datos en la mano, y según lo que los representantes de la patronal y los sindicatos expusieron ayer en el Congreso, se da la paradoja de que la CEOE recibe más porcentaje de su presupuesto de la subvenciones del Estado que los propios sindicatos. Según explicó el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, estas subvenciones representan el 32,1% de sus ingresos.
Pese a ello, la patronal no considera que deba hacer especiales esfuerzos por mostrarse más transparente ante la sociedad. Accede, eso sí, a que se controle y sean transparentes los ingresos públicos que reciben, pero no está dispuesta a “auditar obligatoriamente sus cuentas”, y o a hacer públicas las retribuciones de sus altos cargos. Por ello, según explicó Juan Pablo Lázaro, consideran que tanto la CEOE como las 4.500 organizaciones empresariales que representa "no deberían ser incluidas" en esta ley. 

martes, 18 de junio de 2013

SENTENCIA SUPREMO. El Supremo corrige a la Audiencia y niega que la "dejadez" del cliente excuse a la abogada, la cual deberá indemnizar con 46.000 euros a su cliente.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Condenada una abogada por dejar pasar los plazos legales sin actuar


EL ECONOMISTA

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de febrero de 2013 (dada a conocer ayer), ha condenado a una abogada a indemnizar con 46.000 euros a su cliente por su falta de diligencia en el ejercicio profesional. En concreto, y a pesar de que la Audiencia Provincial consideró que también el cliente actuó con "dejadez y pasividad" en el caso analizado, la abogada "no desplegó la diligencia que le era exigible".
El fallo, del que es ponente el magistrado Xiol Ríos, tiene su origen en la demanda del cliente de la abogada por responsabilidad profesional, en el marco de los servicios prestados por ésta para la recuperación del local vendido a una compañía de seguros. En concreto, la abogada dejó transcurrir diversos plazos establecidos en la ley sin actuar adecuadamente. Entre otras cosas, pasó más de un año desde que se dictó la primera sentencia hasta que se interpuso la segunda demanda, y no se llevó a cabo la medida cautelar de anotación preventiva que hubiera permitido al afectado volver a inscribir a su nombre la finca perdida.
Así, el cliente aseguró que, por culpa de la demandada, no sólo se había quedado sin cobrar el precio aplazado de la compraventa, sino que también había perdido la condición de acreedor del dominio, al haberse enajenado la finca vendida a un tercero por el liquidador de la Comisión liquidadora de entidades aseguradoras. En este caso, el incumplimiento del comprador provocó que el local se convirtiera en un crédito incobrable frente a una entidad de seguros en liquidación.

Cambio de criterio

El Juzgado no apreció ninguna conducta negligente en la actuación profesional de los abogados. La Audiencia Provincial, por su parte, sí vio falta de diligencia en la conducta de la abogada, aunque entendió que el daño no podía imputarse exclusivamente a la actuación de la abogada condenada, sino que a su causación habían contribuido causalmente los comportamientos negligentes del propio demandante y del tercero, por la "dejadez y pasividad" en el demandante y por la actuación contraria a lo esperado por parte de la liquidadora de la compañía de seguros.
Sin embargo, el Supremo niega la culpa del cliente, aunque confirma la cuantía de la indemnización concedida por considerarla adecuada al valor del daño. En concreto, asegura que "aunque no toda deficiencia en el cumplimiento del encargo recibido puede ser determinante de responsabilidad, sí lo es cuando la abogada no desplegó la diligencia que le era exigible". Así, "tan sólo puede ser objeto de valoración la conducta de la abogada que llevó a que el demandante perdiera su condición de acreedor de dominio". Por ello, se revoca el juicio de responsabilidades de la Audiencia.

lunes, 17 de junio de 2013

CEOE critica las bajas de cuatro días por muerte de un familiar: "Los viajes no son en diligencia"

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

CEOE critica las bajas de cuatro días por muerte de un familiar

EL ECONOMISTA
José de la Cavada, secretario de Relaciones Laborales de CEOE. Foto: Archivo
El responsable de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José de la Cavada, ha criticado los cuatro días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga por defunción de un familiar de primer grado cuando es necesario pernoctar, "porque los viajes no se hacen en diligencia". Multa de 25.000 euros a José de la Cavada por acoso laboral.
Durante la clausura de la presentación del 'II Informe Adecco sobre Absentismo', celebrada este lunes en Madrid, De la Cavada ha asegurado que el Estatuto de los Trabajadores "se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción que, evidentemente con los vehículos que hay ahora, se trata de horas de desplazamiento, o a veces de una hora".
Para el responsable de la CEOE, hay una ampliación de permisos y licencias "con una mentalidad que no es conforme con el desarrollo que existe hoy en día con los desplazamientos por autovía o tren".
En su opinión, hay parte de la legislación laboral "que es copia en este caso de la legislación del franquismo, superprotectora y que no corresponde con la necesidad que tiene una persona para ir a un acontecimiento familiar de ese tipo".
Por ello, De la Cavada cree que para combatir el absentismo deben conjugarse los derechos de los trabajadores "con un sometimiento reglado a procedimientos de la empresa, ya que hay que lograr que el absentismo no tenga justificación a la que acogerse".

Baja el absentismo en España

Según el informe de Adecco, la tasa de absentismo en España se redujo medio punto en 2012 en el sector privado, hasta el 4,3%, aunque de el responsable de relaciones laborales de la CEOE ha apuntado que en el sector público la tasa asciende al 5,06%.
La firma de recursos humanos se basa en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE) para hacer este estudio. Las comunidades autónomas que presentan menor tasa de absentismo son Baleares (3,1%), Canarias (3,3%) y Andalucía (3,6%). Por contra, Asturias (5,2%), Galicia (4,8%) y País Vasco (4,7%) son las que tienen un nivel mayor.
Por sectores, la tasa de absentismo es del 5,1% en industria y del 3,7% en servicios y en la construcción, sector en el que se ha registrado el mayor incremento relativo de los últimos años, con un aumento del 76% entre 2003 y 2012.
José de la Cavada ha admitido que la crisis ha influido en la tasa de absentismo y que ésta ha bajado, aunque ha subrayado que este aspecto supone un coste de 7.250 millones de euros para las empresas, "un 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB), según datos de la CEOE".
Asimismo, ha criticado que el servicio de Seguridad Social no haga ningún seguimiento a lo que el absentismo cuesta a las empresas. "El que paga es el que corre con el riesgo y los controles de bajas de la Seguridad Social dejan mucho que desear", ha aseverado.
Por ello, ha propuesto que se penalice a las personas que tienen cuatro bajas en un mismo año durante los primeros 15 días de ausencia, "al igual que se hace en otros países del entorno español".

"El no pago tiene que ser la respuesta obrera a los planes de ajuste".

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

¿HAY UNA DEUDA LEGÍTIMA Y OTRA ILEGÍTIMA?


CANARIAS SEMANAL

La crisis de la economía capitalista se profundiza y -como ocurriera con sectores enteros de América Latina o Africa desde hace años- está dejando miseria, destrucción, emigración... a su paso. El capitalismo financiero impone su lógica al resto de la sociedad: todo para la banca, miseria y hambre para los trabajadores/as En los países europeos más afectados como Grecia, Irlanda, Portugal y España, frente a los duros planes de ajuste no hay alternativa pero se va extendiendo exigiendo. La disyuntiva es pagar a la banca (o rescatarla) y los durísimos planes de ajuste o no pagar y dedicar del dinero a las necesidades de la población.

El pasado 22 y 23 de marzo se reunió en Túnez un encuentro de organizaciones de la izquierda contra la deuda. El encuentro estaba organizado por el Frente Popular de Túnez, en el que participan 13 organizaciones de la izquierda tunecina, para compartir el debate junto a otras de Marruecos, Argelia, Egipto, Siria, Grecia, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y, por el Estado español, estaban presentes Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, Sortu, CUPy Lucha Internacionalista.

Se presentaron tres informes sobre las consecuencias de la deuda en Túnez, Egipto, Grecia, Portugal y España. Los efectos del pago de la deuda en todos estos países han sido terribles en las clases trabajadoras: despidos a miles, caída de salario, desahucios, aumento de impuestos directos, destrucción del sistema público de sanidad y educación... De esta forma miles de millones cada año salen del salario directo e indirecto de los trabajadores/as para ir a las arcas del sistema financiero y a las grandes fortunas. La consecuencia del ajuste es un hundimiento progresivo del tejido económico. La jornada abordó la cuestión de ¿cómo hacer frente a esta lacra y robo social masivo?

El debate sobre la deuda ilegítima y la auditoría

La resolución final y la política defendida con un tiempo especialmente amplio por Eric Toussaint, -economista belga del Secretariado Unificado de la IV Internacional (la organización internacional de Izquierda Anticapitalista y Revolta Global)- centraron la lucha contra la deuda en la necesidad de establecer una auditoría para definir su carácter, y concluir qué parte de la deuda es legítima o ilegítima. A partir de esta definición, se plantea  la política de rechazo al pago de la deuda ilegítima. Pero cuando hablamos de deuda, no sólo analizamos el destino del dinero que pedimos prestado, sino su misma la formación, producto, como se demuestra en los cuadros aquí recogidos, de políticas neoliberales realizadas por los gobiernos en los años 90 y 2000 y que hundieron las finanzas públicas, obligando a los estados a recurrir a la emisión de deuda. Esto se hizo por distintos medios:

1) aplicar reformas fiscales para hacer caer las cotizaciones patronales y las relacionadas con los beneficios empresariales y el patrimonio de las grandes fortunas;

 2) se favorecieron políticas de evasión fiscal y fraude ( encubierto como las SICAVs 3) en los mecanismos de usura establecidos para la financiación de la deuda, pues los bancos pasan por la barra libre del Banco Central Europeo tomando el dinero público al 1% aproximadamente y se permiten especular con las necesidades de financiación de los estados para colocar los préstamos al 6, 7 o más. Así pues los trabajadores/as no debemos de sentirnos obligados a responder por políticas que se hicieron contra nosotros.

Y, efectivamente también hay que abordar el capítulo de cómo se ha gastado el dinero obtenido de préstamos en deuda pública: 1) al servicio de políticas de saneamiento con dinero público para privatizar una parte del sector público; 2) se disparó el déficit público al emplear cantidades inmensas de dinero público para los planes de rescate de la banca 3) los gastos en capítulos que no revierten en el conjunto de la sociedad.

Siendo esto así ¿cómo y quien discrimina qué parte del dinero prestado y a quien sí es legítimo devolver y en qué cantidad? El tema de la auditoría hoy en día nos coloca en una maraña de discusión. Nosotros simplemente pondríamos a salvo -como en la nacionalización de la bancalos depósitos pequeños de particulares, pero la política debe ser hoy el no pago de la deuda.

No rechazamos el tema de la auditoría de plano, pero no se puede convertir en el centro de la política respecto de la deuda. Hace unos años se empezó a hablar de auditar cuando el tema de la deuda no estaba en las movilizaciones populares contra los recortes y planes de austeridad, ¿podía ser entonces un instrumento de popularización del problema? Pues probablemente, pero las políticas de austeridad son hoy directamente responsables de recortes masivos en prestaciones y servicios públicos, de despidos de trabajadores públicos. Hoy, la elección entre pagar o no pagar la deuda ya está sobre la mesa y no se puede dejar para un supuesto proceso de auditoría. Pensamos que la consigna de la auditoría simplemente va un paso por detrás de lo que ya se está exigiendo en la calle y que la consigna del no pago puede ser ya asumida sin problemas en las movilizaciones.

A lo largo de la discusión fueron apareciendo nuevos adjetivos para delimitar nuevas partes de la deuda, como el caso de "deuda odiosa" o "deuda colonial" según fuera la contraída por dictaduras para mantenerse en el poder o como consecuencia de la dominación colonial que sufren algunos países. Está bien que utilicemos estos términos para fortalecer el rechazo de los trabajadores a asumir la deuda, pero no para hacer en ella discriminación. Por ejemplo en el caso de Túnez el monto mayoritario de la deuda no es la que contrajo Ben Ali, sino la desarrollada en los dos años de la revolución, por la política de los islamistas en el gobierno¿entonces? El principal argumento en defensa de la auditoría es que no hay que caer en la acusación de que no pagas lo que debes. Pero ese argumento tiene muchos problemas.

En primer lugar porque cuando hay que proceder a los pagos hay que elegir claramente entre la prioridad de la gente o el pago a los bancos, al margen del carácter de la deuda. La respuesta al peso de la deuda y la política de austeridad no se basa en precisiones morales, o en todo caso hablamos de otra moral. Es inmoral dedicar dinero a pagar a grandes bancos cuando las necesidades vitales de la gente están sin resolver. El no pago de la deuda nace de las urgentes necesidades sociales a las que hay que dar respuesta, nace de la necesidad de movilizar en base a ello, no nace para el debate entre intelectuales o en el parlamento.

¿Basta con medidas radicales dentro del capitalismo o hay que romper con él?

  La discusión de fondo con Toussaint es si se puede salir de la crisis con una medida de reformismo radical o son necesarias políticas anticapitalistas. Él argumenta los ejemplos de Ecuador o Islandia, o de Argentina de hace unos años: se pueden hacer cosas que mejoran la situación de los trabajadores/ as. Pero lo que no dice Toussaint es que el no pago de la deuda -sin un conjunto de medidas directamente anticapitalistas como son la expropiación de la banca- ha supuesto también la ruina para la población trabajadora, sin resolver el problema. Lo vimos en Islandia con una terrible devaluación de la moneda que empobreció repentinamente todos los trabajadores/as, lo vimos en Argentina, como en Ecuador.

 Así pues lo más grave es que los argumentos para la auditoría y el no pago de la deuda ilegítima se tratan de inscribir en la reforma radical del capitalismo, para intentar convencer de que no hay aspiraciones revolucionarias en la lucha, y es justo lo contrario a lo que hay que decir: que no hay futuro dentro del capitalismo, por eso hay que cuestionar el capital financiero, los g r a n d e s inversores, la política de los estados a su servicio

  El no pago tiene que ser la respuesta obrera a los planes de ajuste y en base a ello organizar la lucha. Que este debate sea con organismos como ONG's o con la propia IU, que aplica recortes allí donde gobierna (antes en Catalunya o Asturias, como ahora en Andalucía) y que no va aplicar una política anticapitalista, puede tener una razón de ser, pero que sea con la dirección de un organización que se reclama de la IV Internacional, a la que adhieren Izquierda Anticapitalista o Revolta Global, nos parece que es disolver la política revolucionaria en el reformismo.

 Finalmente la resolución que surgió de las Jornadas fue esencialmente la que recogía la auditoría y el no pago de la deuda ilegítima como claves para luchar contra la deuda. Desde Lucha Internacionalista no firmamos el documento final, aunque sí consideramos que hay puntos en los que es posible trabajar conjuntamente.

viernes, 14 de junio de 2013

Sentencia Audiencia Nacional de 17/01/2013. No basta con cumplir la mayoría de compromisos adoptados en el Plan de Igualdad, la empresa tiene que cumplirlos absolutamente todos.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Todas las empresas que cuenten con un Plan de Igualdad están obligadas a cumplirlo hasta sus últimas consecuencias. Y esto es así porque un Plan de Igualdad tiene fuerza de ley, hasta el punto de que, una vez pactado con los representantes de los trabajadores, no es suficiente con que la empresa cumpla la mayoría de los compromisos adoptados en él. Tiene que cumplirlos absolutamente todos, incluso aunque se trate, por ejemplo, de medidas genéricas del tipo “analizar los complementos retributivos”. Así lo acaba de sentenciar la Audiencia Nacional.

Una vez negociado y entrado en vigor un Plan de Igualdad, éste tiene fuerza de ley, lo que significa que la empresa debe cumplirlo en su totalidad, no siendo suficiente con cumplir parte o la mayoría de los compromisos o medidas incluidos en él (sent. de la Audiencia Nacional de 17.01.13).

Unos grandes almacenes pactaron el año 2008 con todos los sindicatos de la empresa su Plan de Igualdad, uno de los primeros del país. Unos años más tarde, los sindicatos mayoritarios presentaron una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional para que se declarase que la empresa estaba incumpliendo el Plan en diversas materias. Por ejemplo, no estaba promoviendo “medidas anuales correctivas” para equiparar progresivamente las retribuciones de hombres y mujeres, ni había avanzado lo suficiente en su obligación de homogeneizar los uniformes para acabar con la práctica de obligar solo a las mujeres a vestir de uniforme. 

La Audiencia Nacional falla en parte a favor de los sindicatos, sentenciando que la empresa ha incumplido claramente su Plan de Igualdad en materia salarial y parcialmente en lo relativo a la uniformidad. 

Un Plan de Igualdad, sentencia la AN “se constituye en obligación legal y convencional para la empresa” y su cumplimiento “constituye un activo en valores para la empresa y para los sindicatos o representantes que lo firmen”, por lo que, entiende la Audiencia, debe ser cumplido escrupulosamente. 

En lo que respecta al incumplimiento por parte de la empresa de la medida que consistía en analizar los complementos retributivos y promover medidas anuales correctivas en función de las categorías de trabajo y los diferentes departamentos para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres, la AN considera que la empresa ha incumplido este compromiso. 

A pesar de que es una medida genérica y de que la empresa aportó un análisis de la estructura salarial y los criterios utilizados para su determinación, superó el plazo pactado para hacerlo, lo cual, entiende la Audiencia, “es un incumplimiento que constituye una clara infracción de lo pactado, al retrasar de modo grave la obligación de proponer anualmente medidas para corregir las diferencias existentes”

Además, la AN también considera incumplida la obligación de establecer un criterio homogéneo aplicable a hombres y mujeres para la uniformidad de toda la plantilla (donde sea obligatorio el uso de uniforme).Aunque la Audiencia reconoce que la empresa ha realizado “avances sustanciales en esta materia”, entiende que se ha incumplido parcialmente la medida al quedar acreditado que “los mandos varones, a diferencia de losmandos mujeres, no están uniformados, lo que quiebra frontalmente los compromisos adquiridos en el Plan de Igualdad”

Por todo ello, la AN condena a la empresa a cumplir de forma inmediata con todas las obligaciones contraídas en el Plan de Igualdad.