UN (PRESUNTO) CORRUPTO ASCENDIDO A INSPECTOR POR BRAVO DE LAGUNA

CANARIAS SEMANAL

- "En el banco tienes que firmar lo de los 30.000 euros y firmar la cuenta, lo tiene que firmar Mónica (...). Han pagado los 30.000, el dinero llega a la cuenta esta semana (...). Vas a poder tocarlo esta semana". Te estás haciendo millonario conmigo".

- "Perdona, a ti te están saliendo bien las cosas desde que me conoces. Te he colocado cinco kilos por la patilla".

Quienes, allá por el año 2005, mantenían esta conversación telefónica grabada por la policía eran el empresario Enrique Guzmán López y el entonces director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo. Uno de los principales imputados en la llamada “trama eólica” en la que, en su día, se vieron involucrados conocidísimos empresarios de la sociedad grancanaria y políticos de tanto peso como Luis Soria y su hermano, y hoy ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria.

Como se recordará, esta trama fue destapada por el empresario Alberto Andrés Santana Ramírez, quien en marzo de 2005 presentaba ante la Policía Nacional una denuncia por “presunta corrupción y asociación mafiosa”. En su escrito, señalaba a José Miguel Suárez Gil,entonces presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Celso Perdomo, director general de Industria, y Wilebaldo Luis Yanes, empresario, como artífices de una “operación maquinada para el reparto de las comisiones, a políticos y colaboradores, desde la oficina del director general de Industria y Energías, dependiente del consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Luis Soria”.

Santana Ramírez apuntaba también al propio José Manuel Soria, acusándolo de haber impedido que la empresa pública Megaturbinas -participada por el Cabildo grancanario que dirigía- concursara por los parques eólicos para favorecer a la firma privada Promotora de Recursos Eólicos, de los hermanos Esquivel. Según el denunciante, a cambio el hoy ministro del Ejecutivo Rajoy habría recibido el precio del alquiler de su chalé entre mayo de 2004 y diciembre de 2005, unos 30.000 euros, de uno de los licitadores, Javier Esquivel Astelarra.

El concurso, anulada su base por sentencia judicial, fue finalmente congelado en diciembre de 2005 por el Gobierno canario ante las irregularidades detectadas en su tramitación. Como suele suceder en estos casos, los políticos de más peso inicialmente implicados -con los hermanos Soria a la cabeza - lograron eludir cualquier tipo de responsabilidad por sus presuntas actuaciones.

CELSO PERDOMO, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN E INSPECTOR CON AUMENTO DE SUELDO

No fue este, sin embargo, el caso de Celso Perdomo, que quedó definitivamente retratado para la posteridad por los correos electrónicos intercambiados con empresarios y por las escuchas telefónicas efectuadas por la policía. En esas conversaciones, la Policía detectó que, efectivamente, desde la Dirección General de Industria se había proporcionado información privilegiada sobre los detalles del concurso eólico.

Celso Perdomo y su pareja Mónica Quintana pasaron fugazmente por la prisión antes de continuar sin más sobresaltos con su vida. El ex director general de Industria se reincorporó a su plaza de jefe de sección en tareas administrativas como si nada hubiera sucedido. Perdomo, no obstante, continúa imputado por cuatro delitos de corrupción política,malversación de caudales públicos, cohecho, violación de secretos y tráfico de influencias, por los que la fiscalía pide para él un total de 7 años de cárcel.

Circunstancia que no ha constituido ningún obstáculo para que haya sido designado por el gobierno insular del PP -encabezado por José Miguel Bravo de Laguna - como inspector de servicios del Cabildo de Gran Canaria. El ascenso supondrá para el imputado un aumento de sueldo de 1.800 al año.

Sorprendentemente, al ser interpelado sobre este caso por los miembros del grupo del PSOE en la corporación insular, Bravo de Laguna -quien hace años protagonizó su particular escándalo al robar un pijama en los conocidos almacenes Harrods de Londres - "aseguró que desconocía esos planes".

Bravo, sin embargo, reclamó que se respete la "presunción de inocencia de Perdomo". “Una imputación no es una condena. No sabía que Celso Perdomo estaría en esta unidad, pero no creo que haya ninguna actuación en su trabajo en el Cabildo que impida su nombramiento. En todo caso, no es una decisión personal”, sentenció el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

No es esta, con todo, la primera vez que Bravo de Laguna da cobijo en el Cabildo a sus correligionarios imputados por presunta corrupción. En enero de este mismo año, Francisco Valido, el ex alcalde del municipio grancanario de Telde que se vio obligado a dimitir de su cargo tras ser imputado en el llamado Caso Faycan, también era colocado por el presidente del Cabildo como "coordinador" del Plan de Embellecimiento de la corporación insular.