"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
El Gobierno detecta a 4.500 trabajadores que cobran paro
Trabajadores que medicinas como pensionistas
Plan de lucha contra el fraude: medidas
EL ECONOMISTA
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha detectado a lo largo del primer semestre del año hasta 4.500 casos de fraude relacionados con personas que cobraban la prestación por desempleo pese a contar con un trabajo. Ante esta situación, el Gobierno ha incrementado las sanciones máximas por fraude laboral y a la seguridad social, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida.
Estos datos se han conocido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el anteproyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social, según ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría Sáenz.
Además, dentro de esta tarea de investigación, el Ministerio dirigido por Fátima Báñez ha llevado a cabo más de 110.000 inspecciones en materia de empleo irregular que se han saldado con casi 40.000 empleos aflorados. Otras 11.051 operaciones para detectar empresas ficticias han derivado en 800 infracciones y la detección de hasta 14.000 contratos falsos.
Aumentan las sanciones
Sáenz de Santamaría ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas o crear empresas ficticias para cobrar subvenciones.
El anteproyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular eleva el rango de las sanciones a las empresas defraudadoras y tipifica como "infracción muy grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a trabajadores afectados por un ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les coacciona a trabajar.
Según Sáenz de Santamaría, se ha detectado un fraude "importante" en las empresas que han realizado un ERE o despidos colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el control y la vigilancia.
Los objetivos de la futura ley son impulsar el afloramiento de la economía sumergida y generar recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. También, combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros y las multas se incrementarán porcentualmente cuando las infracciones afecten a más de un trabajador.
Se pagará un 20% más en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, un 30% en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores y así sucesivamente. Además, se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses.
El anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores de trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año, que a su vez colaborarán con los agentes de la Agencia Tributaria.
Asimismo, se amplia de uno a tres años tras la terminación del encargo la responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a las obligaciones con la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.
El ministerio de Empleo hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde más pueden percibirse bolsas de fraude y hará un seguimiento del empleo aflorado.
También trabajará con protocolos de actuación conjuntos con el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con el Colegio Nacional de Notariados y de Registradores.
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