Los procuradores reclaman asumir la notificación judicial

ECOLEY

La asunción por parte de los procuradores de los actos de notificación de los trámites judiciales, "además de ahorrar mucho dinero supondría hacer en días lo que ahora tarda meses y que es lo que provoca las grandes demoras en Justicia".

Así lo sostuvo ayer el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, que pidió la desaparición de los servicios comunes de notificación y de embargo, de forma que sea este colectivo el que lleve a cabo todos los actos de comunicación a las partes implicadas en el proceso. Ejemplificó que en Madrid estos servicios tardan unos dos meses por cada trámite. Así, aseguró, "si ahora se tarda 10 meses en hacer 5 trámites, nosotros tardaríamos 5 días".

En la línea, trasladó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también presente en el acto de inauguración del XIII Congreso de los Procuradores que se celebra en Córdoba hasta el próximo sábado, que sean los procuradores los que asuman la ejecución de las sentencias. Explicó que, comparándonos con países de nuestro entorno "la Justicia española no funciona tan mal como creen muchos ciudadanos hasta el momento de ejecutar la sentencia". Es aquí, sostuvo, "donde estamos en una situación de muy franca y decisiva inferioridad"

La cuestión, dijo, "es extrapolar lo que se hace en otros países, donde existen profesionales que las ejecutan, a nuestro sistema judicial y que seamos los procuradores los que llevemos a cabo todas las acciones necesarias" en este ámbito.

A este respecto, Gallardón aseguró que "vamos a buscar alternativas que den más competencias a los procuradores de forma que la figura de la encomienda judicial, que ya existe en materia tributaria, se extienda a otras jurisdicciones". Así, apostilló, "el órgano judicial podrá delegar determinadas diligencias de la ejecución de sentencias integrando en España la figura de los agentes de ejecución".

En relación a la comunicación telemática en el sistema judicial, aseguró Estévez que el sistema Lexnet del Ministerio funciona en orden a las notificaciones desde los juzgados a los abogados y procuradores , "pero no cuando son estos últimos los que tienen que mandar comunicaciones a los tribunales". Por ello, avanzó que ya ha ofertado al Ministerio de Justicia el diseño de una plataforma que facilite esta comunicación de retorno. "Será cuestión de días -aseguró Estévez- que esta plataforma se ponga en funcionamiento para las causas ante la Audiencia Nacional y posteriormente en otros órganos judiciales".

Politización del Poder Judicial

Respecto de la propuesta de Justicia de modificar el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, apostó Estévez por que los ocho miembros que lo integran por ser juristas de reconocido prestigio "deberían estar distribuidos entre las profesiones jurídicas, siendo por lo menos uno de cada una de estas profesiones elegidos de entre las propuestas de sus consejos". Sólo así, dijo, "acabaríamos de una vez con la politización del órgano".

Tasas "muy caras"

En relación al pago de las tasas judiciales para acceder a segunda instancia, Estévez aseguró que "no le parece un despropósito y que la Justicia, si bien tiene que ser un servicio público, no tiene por qué ser gratuito, como ocurre en cualquier país de nuestro entorno, a excepción de aquellos que acrediten que carecen de medios para litigar". Con lo que sí se mostró en desacuerdo es "en que son exageradamente caras".

Ante esta declaración, Gallardón apuntó que "el acceso a la Justica tiene que estar garantizado para todos los ciudadanos sin medios para litigar, y ello va a conseguirse a través de estas tasas". Y concluyó que "las tasa no son excesivas ya que hay que valorarlas desde el coste total del proceso". Las tasas, dijo, sólo van a suponer entre un 10 y un 20 por ciento, en primera y segunda instancia, respectivamente, del coste total del litigio".