LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CANARIOS AL DESCUBIERTO

CANARIAS SEMANAL

"Todos los empresarios damos dinero a los partidos", reconocía sin el menor rubor a finales de la pasada semana el presidente de Construcciones Industriales de Tenerife (Cointe), Ambrosio Jiménez, después de que se conociera que su empresa figuraba en la contabilidad oficial del PP, incluida en el sumario del caso Bárcenas.

La contabilidad del partido ultraconservador puso al descubierto unas "aportaciones legales" que alcanzaban un total de 400.000 euros procedentes de tres empresas isleñas. La ya mecionada Cointe; Gestiones y Asesoramientos 3.000 S.L. - cuyo apoderado hasta el año 2011 fue el dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la U.D. Las Palmas Miguel Ángel Ramírez - y Trabajos y Servicios Canarios SL - perteneciente al Grupo Lopesan, propiedad del grancanario Eustasio López.

Estos dos últimos empresarios eludieron discretamente realizar cualquier tipo de declaración al respecto. Sin embargo, Ambrosio Jiménez - "un bocazas", según un colega suyo - provocó con su reconocimiento público de las "donaciones" un auténtico alud de declaraciones, réplicas y justificaciones de una buena parte del empresariado canario, repentinamente señalado por su financiación de las organizaciones políticas del Archipiélago.

SEBASTIÁN GRISALEÑA: "AMBROSIO JIMÉNEZ ES UN IRRESPONSABLE"

Visiblemente molesto con la indiscreción de Ambrosio Jiménez, el presidente de laConfederación Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña, tachó al constructor de"irresponsable" y se quejó de que "metieran a todos los empresarios en el mismo saco".Claro que al final de sus manifestanciones acabó encharcándola, al defender que en España debería aplicarse el modelo norteamericano. "Si en Estados Unidos son legales las donaciones aquí debe ser igual" – aseguró el potentado importador.

Felix Santiago, presidente del grupo constructor Félix Santiago Melián y "virrey" del Norte de la isla de Gran Canaria, tuvo el "arrojo" de reconocer sin ambages que había financiado a las organizacionesque, una vez instaladas en las instituciones públicas, conceden las licencias a las que opta su empresa. "He realizado aportaciones a varios partidos, pero guardo todos y cada uno de los recibos”- afirmó.

"Si alguien quiere dar dinero está bien, siempre que sea con transparencia” - apuntó por su parte Alberto Villalobos, vicepresidente de la Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías (FEMMETE) de la provincia tinerfeña.

Quien se mostró como un genuino caradura fue el presidente de Astilleros Canarios (Astican), Germán Suárez. “Cada empresario es dueño de su dinero y lo puede donar a un partido, a una organización social o a la Santa Madre Iglesia”. Cuando se le preguntó si el grupo empresarial que preside realiza estas donaciones perdió repentinamente su locuacidad,dando por zanjado el tema con un escueto “eso no se comenta y no voy a hablar de esto" .

Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan, aseguró que “no da nada a los partidos", pero "ve bien que otros lo den de forma legal”. Juan Padrón, presidente del grupo Jupama, sotuvo también que él"no ha dado dinero", aunque poniendo inmediatamente en cuestión sus propias palabras y las de su colega. "Quien lo haya entregado no te lo va a reconocer nunca, por mucho que llames a los que tienen empresas no conseguirás que te lo confiesen, porque esto siempre ha estado mal visto".

La razón obvia por la que esta financiación está “mal vista” la apuntaba José Antonio Santana, presidente de la Federación Canaria de Ocio y el más sincero del grupo de empresarios: “Dudo que si alguien da dinero sea a cambio de nada” -manifestó. El empresario "bocazas", el hoy vituperado Ambrosio Jimenez, proporcionó una explicación menos sofisticada. Aseguró que el objeto de sus inyecciones financieras a los partidos politícos institucionales no era otro que el de "tener un detalle" con ellos.

ANTONIO ALARCÓ: "ES BUENO QUE LA ‘SOCIEDAD CIVIL’ SE INVOLUCRE Y HAGA ESTE TIPO DE CONTRIBUCIONES"

Aún más claros que los empresarios se mostraron los representantes de la casta política del Archipiélago, que no dudaron en reconocer como "necesaria" la financiación privada de sus organizaciones.

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, - un dirigente político majorero que al decir de sus conciudadanos en su vida ha pegado un palo al agua - manifestó que "hace 10 ó 15 años la situación estaba “desmadrada” porque había menos control. "Ahora - añadió el desvergonzado - se ha avanzado bastante con las reformas realizadas en la Ley de Financiación de los partidos políticos". Barragán se manifestó también como "pronorteamericano" y defendió el modelo USA en el que, como es bien sabido, el control de los grandes lobbys financieros y empresariales ha alcanzado su máxima expresión.

Por enigmáticas razones, el senador del PP por Tenerife Antonio Alarcó realizó una encendida defensa del constructor Ambrosio Jiménez. “Es un empresario regional que lo único que ha dicho es que contribuye de manera desinteresada, igualitaria, transparente y cristalina a que los partidos políticos desarrollen su labor y si eso es así, no hay nada cuestionable en ello”. “Es más -añadió con un particular toque de cinismo - pienso que es bueno que la 'sociedad civil' se involucre y haga este tipo de contribuciones”.

Tampoco a los representantes de Nueva Canarias o el PSOE se les ocurrió poner en cuestión el sistema que garantiza sus numerosos privilegios y prebendas y da lugar a sus presuntas corruptelas. El consejero socialista en el Cabildo tinerfeño y ex secretario de Organización en la Isla, José Antonio Valbuena, se limitó a manifestar que su partido canaliza las donaciones empresariales a través de las ejecutivas federal y regional. El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, por su parte, se quejó de que "la legislación favorezca más a los grandes partidos".

Las manifestaciones que en estos días se han visto obligados a realizar empresarios y políticos institucionales han puesto de manifiesto, en definitiva, lo que la intuición popular presumía desde hace tiempo: el caracter esencialmente antidemocrático de un sistema en el que los que realmente gobiernan - empresarios y banqueros- financian a “sus” representantes políticos para garantizar su perpetuación como clase social dominante.