jueves, 14 de julio de 2011
14-7-2011 Zapatero impone una de las principales reivindicaciones de la patronal española, el FMI y la Banca europea.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
"Debemos centrarnos en eliminar las rigideces de las economías domésticas", afirma el presidente del Gobierno en un carta enviada al presidente del Consejo Europeo Herman van Rompuy.
A finales del pasado mes de mayo advertíamos, desde las páginas de esta misma publicación, de que el plan de ajuste neoliberal que venía imponiendo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no concluía con el decreto gubernamental sobre la negociación colectiva.
Su continuidad era reclamada con insistencia, entre otros, por el presidente del Banco Central Europeo Yean Claude Trichet y por os portavoces del Fondo Monetario Internacional. Aunque muy valoradas por estos representantes del capital internacional, las contrarreformas de los convenios colectivos, el mercado laboral o las pensiones impuestas en el último tramo de su mandato por Rodríguez Zapatero también son consideradas por éstos organismos "insuficientes" y necesitadas de “profundización”.
En los días finales de junio, el FMI alababa en un informe elaborado tras la última visita de "vigilancia" a España las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo español, como la reforma de las pensiones para aumentar la edad de jubilación y disminuir la cuantía efectiva de las mismas o la reforma del mercado laboral. En el mismo informe, no obstante, la Institución Financiera Internacional aseguraba ue tales ajustes aún no habían sido suficientemente drásticos. Para terminar de "sanear la economía" elFMI reclamaba a España otra reforma laboral que abaratase nuevamente el despido, una mayor la "descentralización" de la negociación colectiva y que desvinculase, definitivamente, la actualización de los salarios de la inflación.
Tal "recomendación" coincidía con la exigencia planteada reiteradamente por la patronal española a través de la CEOE, CEPIME, sus “tanques pensantes” (think tanks) y los grandes medios de comunicación. En marzo de 2011 eran catorce "expertos" de filiación neoliberal -impulsores del grupo de los Cien Economistas que en 2009 rompieron el hielo en el ámbito académico solicitando la contarreforma laboral- quienes pedían que se desvinculasen los salarios del IPC, condicionándolos a la productividad de las empresas. En un informe denominado"Nueve propuestas para la reforma de la negociación colectiva en España', publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), estos "expertos" esgrimían para defender su propuesta un argumento recurrente en el discurso ideológico de la derecha. "Si desvincular los salarios del IPC y condicionarlos a la productividad de las empresas, merma la capacidad de consumo de los trabajadores, más daño hace a su poder adquisitivo el desempleo" - aseguraba uno de los autores del informe, el profesor de la Universidad Carlos III, Juan José Dolado.
En efecto, la principal consecuencia que provocará la desvinculación de los salarios del incremento de la inflación serás una continuada pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores, en favor de los beneficios empresariales. Algo que, en el Estado español y la mayoría de los países de la UE agravará una tendencia sufrida desde hace más de una década. Entre 1996 y 2008, años de espectacular crecimiento ecónómico, el porcentaje de la renta nacional distribuido en forma de salarios disminuyó de forma continuada, al tiempo que se multiplicaban las rentas del Capital. Los salarios pasaron de representar un 49,6% del total de la renta nacional en 1998, hasta el 46,4% en el año 2006, con una disminución acumulada de 3,2 puntos porcentuales.
José Luis Rodríguez Zapatero anunció su decisión de imponer la desvinculación de los salarios de la inflación en una carta enviada al presidente del del Consejo Europeo, Herman van Rompuy. En la misiva, el presidente del Gobierno afirma:"Debemos centrarnos principalmente en eliminar las rigideces de las economías domésticas. Esto implica prestar atención al mercado laboral, alineando salarios y productividad...".
En un principio, la carta ha recibido la crítica de los sindicatos CC.OO. Y UGT, cuyos portavoces han recordado a Zapatero que los sueldos "los fijan los agentes sociales". El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha replicado al presidente del Gobierno que ajustar los salarios a la productividad sería una "profunda equivocación" y le ha advertido de que, en todo caso, se trata de una materia “que debe regularse en el estricto ámbito bilateral de patronal y sindicatos”Previamente a la ruptura de las conversaciones con la patronal española sobre la reforma de los convenios colectivos, no obstante, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez manifestaron su disposición para llegar a un acuerdo sobre este punto con los representantes de la CEOE, que reclamaban la aplicación de la medida impuesta ahora por el Ejecutivo socialdemócrata. Méndez manifestaba en aquellas fechas su disposición a “discutir el modelo salarial, con todas las consecuencias".
Escribíamos entonces, glosando estos encuentros entre los sindicatos mayoritarios y la patronal, que el demostrado entreguismo de los primeros y su complicidad con los sucesivos recortes de derechos laborales permitía presagiar el más negativo de los desenlaces en la anunciada negociación. Finalmente, el Ejecutivo Zapatero ha decidido adelantarse, aplicando una nueva vuelta de tuerca en su paquete de contrarreformas económicas que, mucho nos tememos, tampoco terminará con este último ataque a la población trabajadora.
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