Este lunes se cumple el límite de un año establecido en la nueva reforma laboral para la ultraactividad.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Se acaba el plazo para renovar los convenios sin acuerdo

laprovincia.es

EF/Madrid Este lunes se cumple el límite de un año establecido en la reforma laboral  para la ultraactividad (vigencia automática de un convenio colectivo vencido mientras no se acuerde unonuevo), lo que abre la puerta a que los convenios en fase de negociación desde hace más de un año queden sin efecto.

El texto definitivo de la reforma laboral, que entró en vigor el 8 de julio de 2012, fija que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado uno nuevo o dictado un laudo arbitral, "aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación".

Patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo ni sobre los efectos que provocará esta situación ni sobre el número exacto de convenios y trabajadores afectados por ella.

La patronal resta importancia al asunto y asegura que la negociación colectiva seguirá abierta el lunes y que espera que no se busquen problemas donde no existen, con lo que da a entender que no se dejarán decaer los convenios.

El decaimiento supondría que en el caso de que no exista un convenio de ámbito superior, los trabajadores afectados pasarían a regirse por la legislación laboral básica, que en términos de remuneración llevaría al Salario Mínimo Interprofesional (645,30 euros al mes en 2013).

Los sindicatos ven con mayor preocupación este tema por el perjuicio que el decaimiento de los convenios supondría para los derechos de muchos trabajadores y han avisado de que llevarán a los tribunales los casos en los que se dejen de aplicar.

El pasado 23 de mayo, sindicatos y empresarios se reunieron en la Comisión de Seguimiento del IIAcuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2012-2014) y firmaron un acuerdo para evitar que se queden sin efecto los convenios prorrogados, lo que en algunos casos ha supuesto más tiempo para negociar y en otros, la búsqueda de mediación externa.

A pesar de ello, los sindicatos aseguran que quedan 1.320 convenios perjudicados por un eventual decaimiento que afectan a 1.844.479 trabajadores.

Sin embargo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cifra en no más de cien el número de convenios pendientes de negociar para evitar que decaigan el próximo 8 de julio, cifra que ha calificado de "ridícula".

Según Rosell, los empresarios no están en la tesitura de no negociar y dejar que decaigan los convenios y ha explicado que no hay problemas evidentes en las negociaciones y que la inmensa mayoría se está resolviendo con normalidad.

Para el presidente de la patronal no hay problemas evidentes en las negociaciones y dice que aunque hay algún convenio pendiente, la mayoría se está resolviendo con normalidad.

Los sindicatos aseguran que de los 1.324 convenios pendientes, 953 son del ámbito privado (regulan las condiciones de 1.734.263 asalariados) y 371 del público (para 148.076).

En el ámbito privado los convenios pendientes son estatales y engloban colectivos tan dispares como los de tratamiento de aguas, peluquería y estética o empresas de trabajo temporal, mientras que en el público están los del personal laboral de la Junta de Andalucía y de ayuntamientos de toda España, así como de Paradores y de astilleros.

La patronal dice que a los convenios del ámbito privado hay que restar los que se han cerrado en los últimos días (estaciones de servicios y mataderos de aves y conejos), los que han desaparecido por la crisis u otras causas y los más de 300 que se acordaron remitir a los sistemas de solución autónoma de conflictos.

Esta disparidad de criterios ha llevado a CCOO y UGT a hacer un llamamiento al Gobierno para pedirle que se plantee el límite de fecha que fija la reforma porque de lo contrario "será responsable" de la conflictividad y de la pérdida de competitividad que se producirá.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado esta semana que es responsabilidad de los agentes sociales evitar que los convenios queden sin efecto y ha descartado una intervención por parte del Ejecutivo.