AÑOS DE DENUNCIAS CONTRA LOS 'FLOTEROS'

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El sector del taxi de LPGC, el más corrupto

canariasahora.es

La figura del flotero es una vieja conocida del sector del taxi en Las Palmas de Gran Canaria, cuyos trabajadores han reivindicado en diversas ocasiones ante las administraciones públicas la irregularidad de su actividad, especialmente ante el Ayuntamiento capitalino, que en el Pleno celebrado el pasado abril aprobó una moción para “analizar” la viabilidad legal de que, en la nueva ordenanza, cada licencia se adjudique a una única persona física, con dedicación plena y dada de alta como autónomo.

La falta de medidas contundentes se convirtió en la tónica habitual hasta que, este martes, el Cuerpo Nacional de Policía irrumpió en las cooperativas de taxi de la ciudad, como apoyo logístico a una operación llevada a cabo por Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda y el Juzgado de Instrucción 8 de la capital, que concluyó con la detención de siete personas. La operación judicial, fiscal y policial se produjo como consecuencia de una denuncia de 2012 ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, interpuso la primera denuncia al respecto, que posteriormente cayó en saco roto por un error de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria. Sin embargo, propició el inicio de la investigación contra los floteros. Como consecuencia, García recuerda que, poco después, la persona que gestionaba la licencia en la que trabajaba la despidió. Además, asegura haber recibido amenazas.

Asimismo, rememora cómo en 2005 llegó por primera vez a la cooperativa de taxi y “me remitieron directamente a un señor que se ocupaba de decirte en qué determinada licencia debías trabajar”. En este punto, resume que el flotero “te decía que le dieras una cantidad, trabajaras doce horas y volvieras con el gasoil completo que tenías que repostar en donde él te dijera, ese era el modus operandi”.

Para el presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlac), Expedito Suárez, las cooperativas son “cómplices de todo esto”, y relata cómo “les guardan las llaves y les ponen buzones para que ellos cojan el dinero”. Motivos por los que dice entender que las intervenciones policiales se realizaran en el interior de las dos instalaciones ubicadas en Miller Bajo.

Suárez duda de que las cooperativas no se hayan dado cuenta “después de tantos años, de la corrupción tan grande que hay” e insiste en que Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con el sector del taxi más corrupto de todo el Archipiélago. Al respecto, precisa que en la capital una sola persona ha llegado a acumular más de 50 licencias, cuando en otros municipios el número no llega a siete.

“Nos hemos tenido que convertir en asociación para combatir a toda esta mafia” indica. Sin embargo, manifiesta que “desde que hemos dicho que vamos contra la corrupción, el Ayuntamiento nos cierra las puertas, porque dice que somos cuatro gatos que no representamos a nadie, a pesar de estar defendiendo la ley”.

Arrendamientos ilegales

El presidente de Atlac, ahonda en la figura del flotero y explica que su principal cometido es conseguir el “arrendamiento”, por unos 600 euros al mes, de las licencias de taxis de personas que han cesado su actividad, como los jubilados. Un arrendamiento que define como “ilegal”, porque al tratarse de una concesión administrativa del Ayuntamiento, dicha licencia tiene que ser explotada personalmente por el propio titular, que “no se la puede ceder a otras personas”.

En este punto se produce una irregularidad en la Seguridad Social (SS), afirma, porque los asalariados lo son siempre del titular de la licencia y no del flotero. Por lo tanto, un propietario puede estar cobrando su jubilación y a la vez seguir manteniendo la licencia sin encontrarse en activo.

García recuerda el momento en que se dio cuenta de que la persona para la que trabajaba se trataba de una viuda con una edad muy avanzada y no era la misma que gestionaba el taxi. A pesar de estar dada de alta en la SS, relata cómo fue consciente de que “había una falsificación en los datos del seguro”, porque “la concesión administrativa exige que la persona al frente de la actividad esté en activo”, cosa que no ocurría. “Me parecía injusto estar trabajando en una situación irregular en el sentido de mi seguridad”, añade.