El Gobierno de Rajoy ha regalado a la patronal su maximalista reivindicación de acabar con la ultraactividad de los convenios colectivos si el empresario aguanta un año sin negociar (...).

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

CRÓNICA DE UN ATRACO ANUNCIADO A LOS CONVENIOS COLECTIVOS CANARIAS SEMANAL Dice el profesorUmberto Romagnoli que el siglo XX fue el siglo delDerecho del Trabajo,aunque siempre en una relación conflictiva con la economía. Y si algo le caracteriza es que es ley y pacto, así como su carácter tuitivo, es decir, protector del sujeto más débil de la relación laboral: el trabajador. Pero el neoliberalismo mantiene el planteamiento de la “tabula rasa”, en el sentido de que para ayudar supuestamente a los parados hay que desproteger a los empleados. Es una coartada teórica, porque en la práctica busca un aumento brutal de la tasa de explotación de todos los trabajadores. Lo que podríamos llamar modelo neoesclavista de relaciones laborales impuesto por el PP y la CEOE, que debilita, a la vez, la ley y la negociación colectiva y nos adentra en la selva.     En esta dirección se sitúa la reforma laboral del PP -Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero y ley 3/2012, de 6 de julio -, contra la que se realizó la huelga general del 29 de marzo de 2012. Además de facilitar y abaratar el despido, lo que ha producido una destrucción masiva de empleo, contenía una carga en profundidad contra la negociación colectiva. Se pretendía una gran devaluación de los salarios, liquidando la fuerza vinculante de los convenios y desplazando el centro de gravedad a los convenios de empresa, lo que reduce la protección a los trabajadores de las Pymes. Pero lo más grave era acabar con la ultraactividad de los convenios o la vigencia de su aplicación hasta no ser sustituido por otro. El nuevo artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores dice: “Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.     El Gobierno de Rajoy ha regalado a la patronal su maximalista reivindicación de acabar con la ultraactividad, si el empresario aguanta un año sin negociar. Es decir, se fija la fecha de caducidad del articulado histórico y los derechos conseguidos por los trabajadores en décadas de negociación colectiva. No hay que olvidar que un convenio colectivo es el acuerdo entre representantes de los trabajadores y de las empresas para regular las condiciones colectivas de trabajo, que refleja una relación de fuerzas conseguidas a lo largo de muchos años y que es un precipitado de derechos conseguido con mucha inversión de esfuerzos, luchas, negociaciones y equilibrios. Pero en la situación actual cuando un convenio decae, para cubrir el vacío normativo se está a lo dispuesto en el convenio de ámbito superior y, en última instancia, en el Estatuto de los Trabajadores, que solo aplicaría los mínimos de derecho necesario, el Salario Mínimo Interprofesional, y el máximo legal de jornada, etc. Aunque habrá empresarios sensatos que seguirán cumpliendo el convenio ¿no es un sueño para los empresarios desaprensivos, que no son pocos, poner el marcador a cero como dice alguno de sus dirigentes?    Un año después de la reforma laboral cada vez se firman menos convenios, se producen descuelgues patronales para no pagar las tarifas salariales y los nuevos convenios son, en muchas ocasiones de pura supervivencia para los trabajadores. Y hay una situación más delicada aún: la patronal se ha dedicado a bloquear la negociación de cientos de convenios a la espera de que venza el plazo que fija la reforma laboral para que decaigan y así los trabajadores pierdan sus derechos. Se han visto con una estrategia ganadora, con una ley que maniata a los trabajadores, y aprovechan la reforma laboral y la crisis para un ataque sin precedentes a los derechos laborales.     Los datos del problema son contundentes: antes de la crisis se registraron 6.000 al año, que cubrían a unos diez millones de trabajadores. En 2012 los convenios se han reducido a casi la mitad y los trabajadores afectados, a unos siete millones. Hasta mayo de 2013 apenas se han firmado 547 convenios para 1.800.000 trabajadores. También se han producido un millar largo de descuelgues de empresas que no aplican el convenio por supuestas dificultades económicas. Ahora mismo, según los sindicatos, quedan 1.400 convenios que afectan a casi dos millones de trabajadores que están a punto de caducar y perder la ultraactividad. Y aquí está el problema. El convenio dejará de ser efectivo si no se negocia uno nuevo.    Estamos ante la crónica de un atraco anunciado a los convenios. A partir de mañana, 8 de julio de 2013, afectará a dos millones de trabajadores. Veamos la cronología:         a) Reforma laboral de 2012 y plazo de un año que se fija en el trámite parlamentario.         b) La patronal ha bloqueado los convenios: es fácil aguantar sin negociar ni renovar el convenio sabiendo que al final hay premio, en un contexto de desmovilización y miedo de los trabajadores con un ejército de reserva de más de 6 millones de parados.         c) El parche del acuerdo sindicatos-patronal del 23 de mayo para ampliar el plazo: las partes podrían acordar ampliar el periodo de negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo o un nuevo periodo máximo de ultraactividad más allá del 8 de julio. En el caso de que no se alcanzase un acuerdo antes de esa fecha se someterían a una mediación obligatoria o a un arbitraje para un laudo de obligado cumplimiento. Esta vía conduce a que en cada arbitraje se vaya perdiendo la mitad de la mitad de los derechos que van quedando. ¿Qué hacer ahora?     Los sindicatos han pedido al Gobierno que se replantee el límite de un año dado a la prórroga automática de los convenios colectivos. No parece que Rajoy, que deja pudrir todo, vaya a hacer mucho caso. El juego de las prórrogas sólo sirve para retrasar los efectos de la expiración de los convenios, y es equivalente a un cigarro antes del fusilamiento. Hay importantes juristas que defienden que las condiciones que tenían los trabajadores en su convenio colectivo vencido deberían considerarse incorporadas a sus respectivos contratos de trabajo como condiciones contractuales individuales (no así los de nueva contratación), pero no se puede fiar todo a la acción jurídica que puedan emprender los sindicatos disparándose los litigios judiciales.    Quizá haya que empezar por hacer un poco de autocrítica sindical, por no haber dado continuidad a la movilización. Replantearse el diálogo social tal y como ha venido funcionando y que tan bien refleja la viñeta de El Roto , donde los trabajadores llevan siempre las de perder al ser muy desequilibrado y aplicarse erróneas estrategias sindicales para aminorar el coste de las agresiones. Repensar las relaciones con aquellos que rompen todas las reglas de juego para expoliar los derechos de generaciones de trabajadores. Iniciar una estrategia de movilización, como ya han empezado a hacer algunos sectores , y de luchas coordinadas para defender los convenios y los derechos laborales. Y aplicar una política de alianzas con otros movimientos sociales y de la izquierda para acumular fuerzas y terminar con un Gobierno que está acabando con todo y no puede tener impunidad. Si los derechos laborales se saquean con leyes, habrá que cambiar los gobiernos y las leyes para recuperarlos.